Uruguay: Nuestro cuerpo no le pertenece al Estado

Siempre existen buenas excusas para el cercenamiento de un derecho individual. Es por esa razón que se los considera “inherentes” e  “inalienables”. Es para que exista una barrera infranqueable al accionar de los gobernantes. Es irrelevante que quienes pretenden imponer una norma liberticida, y utilizar para sus propios fines a un ser humano sean los legisladores, ministros, reyes o presidentes democráticamente elegidos. Eso no los faculta a obviar principios jurídicos que deberían ser  sagrados, en un Estado de Derecho.

Según el diccionario de la Real Academia Española, “inherente” significa, “que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello”. Un derecho individual (a la vida, libertad y propiedad) son “inherentes”, con el fin de asegurar la dignidad de cada persona, más allá de las circunstancias particulares por las que pueda estar atravesando una nación. Que sean “inalienables”, significa que son anteriores a la constitución de cualquier Estado o gobierno. Esos derechos, no son concesiones “graciosas” de los gobernantes, y que por tanto, pueden arrebatárnoslo en cuanto se les antoje. No señores, significa que no les pertenecen y que nunca les pertenecieron. En consecuencia, nadie pude disponer de lo que no es suyo.

El caso concreto que nos provoca tanta indignación, es la reciente aprobación de una nueva ley  de donación de órganos. En su artículo 1 expresa, que “siempre que estando en vida una persona mayor de edad no haya expresado su oposición a ser donante (…) se presumirá que ha consentido a la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos”.

Dicha norma, que entrará en vigencia en 2013, modifica el principio que hasta ahora ha regido: para ser donante, la persona debía manifestar en forma expresa su voluntad de serlo. En cambio, de ahora en adelante, regirá una regla que viola los más elementales principios de derecho: aquel que no exprese su negativa mediante engorrosos trámites burocráticos, será considerado que “tácitamente”, ha otorgado su consentimiento. Es importante destacar, que representantes de todos los partidos han votado esta ley.

Sería positivo que los legisladores uruguayos, siguiendo a la ética de Kant, aplicasen el imperativo categórico al principio que han puesto en vigor, que pasaría a quedar así: “Se convertirá en ley universal, que aquel que no manifieste mediante trámites burocráticos su negativa a algo, tácitamente ha dado su consentimiento”.  Un horror, ¿no?

Consciente o inconscientemente, la mayoría de nuestros gobernantes considera que en realidad, todas nuestras posesiones les pertenecen al Estado. Así lo dejan traslucir mediante esta ley que han aprobado. Porque, acaso, ¿no es nuestro cuerpo nuestra pertenencia más valiosa? Cuando John Locke fundamentó su teoría de los derechos individuales, fue, entre otras cosas, para ponerle fin a la práctica que era habitual (y aún sigue siendo en algunos países musulmanes) de la amputación de órganos o miembros, como forma de castigo.

El régimen nazi hizo estremecer a la humanidad, cuando se supo bajo qué condiciones realizaba ciertas investigaciones médicas. El régimen soviético o cualquier otro totalitarismo, dio muestras en el mismo sentido, del total desprecio por el cuerpo y la vida humana. A raíz de todas esas experiencias, se impuso mundialmente la regla de Derecho, de que es imperioso el consentimiento claro de una persona (o de sus familiares más cercanos) para participar —del modo en que sea— en investigaciones médicas.

Uno de los principales impulsores de esta ley, fue el senador nacionalista Sergio Abreu. En declaraciones a la prensa expresó, que lo que se busca es que Uruguay logre la autosuficiencia, mediante el aumento de la donación de órganos de personas fallecidas. Explicó que se intenta fomentar la “solidaridad”, al tiempo que respetar la voluntad del donante. "El ciudadano siempre hace prevalecer su voluntad. Por tanto, en este caso la interpretación del silencio, el no pronunciarse en vida, significa el ‘consentimiento presunto’ (...) Así se ayuda a tener más disposición de órganos en función de las necesidades que tiene el país".

En una palabra, las personas, sus cuerpos, están “a disposición” de las necesidades del “país”. El concepto “país” queda aún más turbio, cuando se sabe que entre los legisladores que votaron afirmativamente, hay quienes tienen familiares en lista de espera para órganos. Además, resulta muy ilustrativo de la forma de pensar del poder político, su concepto de “solidaridad”. ¿Solidaridad coercitiva? ¿Solidaridad, avasallando los derechos civiles? ¿Solidaridad, desplazando a los familiares más cercanos en la toma de decisiones tan delicadas?

Además de lo expuesto, aún está muy fresca en la memoria de todos, el tema de los “ángeles de la muerte” criollos. Fueron muchas las cosas que salieron a la luz entonces, con respecto al funcionamiento de nuestro sistema de salud. Cuando todos pasamos a ser donantes potenciales, cuando el Estado o el sistema, va a disponer de una cuantiosa “cantera” de cuerpos (donde además se sabrá qué tipo de sangre es cada uno, si hay compatibilidad o no, con algún ser querido que esté en la lista de espera), ¿qué garantías o seguridad podremos tener, ante la muerte “imprevista” de alguien a quien amamos?

Frente a los problemas sociales, la mejor solución siempre ha sido la de respetar los derechos individuales. En una república democrática, el principio que rige con respecto al individuo, es la libertad. Su único límite, es respetar el derecho del otro. En cambio, la norma que regula el accionar de las autoridades, es el de poderes “enumerados”.

Nadie tiene derecho a disponer del cuerpo de los demás, ni en vida ni en muerte. Cuando alguien muere, todas sus pertenencias —incluido su cuerpo— pasan a pertenecer a sus herederos. Los cuerpos de los muertos también son dignos de respeto, tal como lo demuestran los ritos funerarios que han practicado todas las culturas desde tiempos ancestrales.

Si hay un problema de falta de órganos en el país, en vez de recurrir a la “fácil” de inventar una ley que va en contra del derecho natural, y por ende, es injusta y opresiva, que los legisladores se pongan a trabajar haciendo campaña a favor. Traten de persuadir en un ámbito de respeto. Den garantías al hombre común y faciliten que la gente pueda dar su consentimiento, libre de coacción o amenazas.

Nos duele la gente que tiene seres queridos, que necesitan un trasplante de órgano para salvarle o mejorar su calidad de vida. Sin duda, es una situación límite. Pero la solución legislativa, el recurrir a la fuerza (que por más eufemismos que utilicen para limpiar la conciencia, eso es) no es el camino adecuado, y provocará más males que lo que pretende subsanar.