Una idea a la que nunca le llegó la hora: utilizar fuerzas especiales contra los cárteles sería un error colosal
Brandan P. Buck considera que una mayor militarización de la guerra contra el narcotráfico puede marcar algunos puntos políticos, pero no abordará las causas subyacentes del problema de gobernabilidad de México ni detendrá el flujo de drogas a través de la frontera sur de Estados Unidos.
Por Brandan P. Buck
Una idea perenne pero fantasiosa, la de enviar fuerzas especiales estadounidenses a México, ha vuelto a entrar en el discurso político estadounidense. Este último florecimiento de insensatez emanó del futuro "zar fronterizo" del presidente electo Donald Trump, Tom Homan, quien, en una reciente aparición en Fox News, declaró que el presidente entrante "utilizará [todo] el poder de las Operaciones Especiales de Estados Unidos" para eliminar a los cárteles de la droga de México.
Aunque esta idea no es nueva en los círculos republicanos, se ha vuelto peligrosa ahora dada la mayor capacidad militar y competencia táctica de los cárteles mexicanos de la droga. Dirigir a las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses contra los cárteles les enfrentaría a un competidor de tamaño considerable en una guerra asimétrica, lo que colocaría al gobierno estadounidense en una posición de escasa ventaja en la escalada. Una medida de este tipo no sólo obligaría a los militares estadounidenses a meterse en otro atolladero, sino que los metería en un pantano que les llegaría a la metafórica cintura.
Estos recientes llamamientos al uso de las Fuerzas de Operaciones Especiales contra los cárteles mexicanos de la droga ignoran que estos últimos han desarrollado capacidades peligrosamente cercanas a los primeros. Las pruebas de vídeo y los funcionarios mexicanos han revelado desde hace tiempo que los diversos cárteles, en particular Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), poseen el equipo multiplicador de fuerzas de una formidable fuerza militar asimétrica. Los ejemplos incluyen la posesión de vehículos blindados, el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) armados y artefactos explosivos improvisados (IED), sistemas de armas pesadas portátiles,así como la posesión de misiles tierra-aire y numerosas armas tripuladas.
Más allá del equipamiento, los cárteles, principalmente el CJNG, se han beneficiado de un amplio entrenamiento táctico, conocimientos que les han sido transmitidos por desertores militares mexicanos, irónicamente entrenados por las fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos.
Dejando a un lado por un momento los aspectos legales y las consideraciones del Congreso, enviar a las Operaciones Especiales estadounidenses a una confrontación directa con los cárteles mexicanos les enfrentaría a un competidor casi igual, que, como los talibanes, probablemente disfrutaría del apoyo directo o tácito de la población local y del lujo de esconderse en un terreno castigado.
Además, como se ha visto en conflictos más significativos, como la invasión rusa de Ucrania y Oriente Medio, los sistemas de armas portátiles y los UAV armados favorecen a quienes poseen territorio, nivelando así la balanza entre fuerzas militares que, de otro modo, serían desiguales. Dadas estas limitaciones, en un escenario así los operadores especiales estadounidenses se verían envueltos en una guerra asimétrica en la que la paridad de combate estaría prácticamente garantizada, tentando así al gobierno estadounidense a una escalada mayor.
En los últimos meses, los partidarios de esta idea han citado la casi destrucción de ISIS por parte del gobierno estadounidense como prueba de concepto; sin embargo, hacer un modelo de la campaña contra ISIS es un error. La cuestión que nos ocupa no es la destreza en combate del ejército estadounidense; son las realidades del poder gubernamental y quién ejerce el monopolio de la coerción. En Siria e Irak, el régimen de Assad, el gobierno iraquí y sus aliados milicianos iraníes, todos los cuales comparten una oposición a ISIS, siguen librando sus propias campañas contra el grupo. Estas condiciones no se aplican a la situación en México, ya que los cárteles son actores paraestatales que operan dentro de las zonas de México que se encuentran más allá de la autoridad del gobierno central.
Si el gobierno estadounidense utiliza su poder militar contra los líderes de los cárteles, ¿qué garantía habrá de que sus redes no se regeneren con la misma rapidez con la que pueden ser degradadas? Además, si incluso los ataques selectivos tienen éxito a largo plazo, ¿quién llenará los vacíos de poder que dejen a su paso? Si el Estado central mexicano no puede hacerlo, entonces Estados Unidos se encontrará en una situación diferente a la de la campaña contra ISIS, más parecida a la de Afganistán, donde jugaron al topo contra la cúpula de la organización y fueron incapaces de rectificar el vacío de gobierno que sostenía al grupo en su conjunto.
Una mayor militarización de la guerra contra el narcotráfico puede marcar algunos puntos políticos, pero no abordará las causas subyacentes del problema de gobernabilidad de México ni detendrá el flujo de drogas a través de la frontera sur de Estados Unidos.
No cabe duda de que los cárteles de la droga mexicanos son organizaciones peligrosas y depravadas cuyo dominio del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas ha causado un sufrimiento inconmensurable al pueblo de México que se está desbordando por la frontera y llegando a Estados Unidos. Sin embargo, la solución de estos problemas no puede conllevar el riesgo de crear un nuevo conjunto de problemas que amenazarían con una mayor intervención.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 12 de noviembre de 2024.