¿Un "Lava Jato" en Uruguay?

Hana Fischer explica cómo la operación de Lava Jato en Brasil está teniendo repercusiones dentro de Uruguay.

Por Hana Fischer

Desde sus orígenes en la Revolución Francesa, la Izquierda mundial viene publicitándose a sí misma como la encarnación de la moral. Esa aseveración la sustenta con el argumento de que sus miembros no persiguen el “lucro” sino el bienestar del “pueblo”.

Apoyándose en esas premisas Raúl Sendic —vicepresidente del Uruguay— en una disertación realizada en México en enero de 2016, expresó:

“Yo creo que no hay corrupción de izquierda. Si es corrupto no es de izquierda […] si se ponen por encima los intereses particulares no eres de izquierda”.

Esa campaña de marketing internacional ha sido exitosa, a pesar que la experiencia no avala esos supuestos. Por lo menos en Latinoamérica se da más bien lo contrario: bajo la égida de los gobiernos izquierdistas la corrupción no sólo se disparó, sino que también descendió en forma pronunciada la calidad de vida del “pueblo”.

Por ejemplo, según la revista Forbes, Fidel Castro durante su dictadura de más de medio siglo, cosechó una fortuna de US$900 millones. Esa cifra lo sitúa entre los 10 líderes mundiales más ricos, incluso más que la reina Isabel de Inglaterra. Y Hugo Chávez estando en el poder en Venezuela, amasó una fortuna considerable.

Simultáneamente, los cubanos y los venezolanos —el pueblo llano— viven desesperados y sufren recurrentes crisis humanitarias.

Con respecto a Uruguay, cuando el presidente Tabaré Vázquez buscaba obtener el poder, proclamaba: “Podemos meter la pata, pero no la mano en la lata”. Y con firmeza agregaba, “y si uno la pone, se la cortamos”.

El mensaje era claro: un gobierno izquierdista sería completamente diferente al de los partidos tradicionales, porque no habría corrupción.

Desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente. El Frente Amplio gobierna desde 2005, han habido corruptos entre sus filas, pero no se han detectado “mancos”. Muy por el contrario, cada vez que surgen sospechas de conductas incorrectas, se obstaculiza la investigación aprovechando que cuenta con mayorías parlamentarias en ambas cámaras.

No obstante, el Lava Jato en Brasil ha permitido descubrir que con la izquierda en el gobierno, la corrupción ha mutado de naturaleza. Ya no sólo se la utiliza para el enriquecimiento personal, sino que también para entronizarse en el poder. En palabras del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso:

“No se trata de la corrupción tradicional sino que es la financiación de la hegemonía en el poder, es no aceptar a los demás y negar la rotación en el poder con el argumento que ‘solamente yo soy bueno y si yo soy bueno, voy a hacer todo para permanecer en el poder’”.

Eso precisamente es lo que se sospecha que ha estado ocurriendo en Uruguay, principalmente durante la presidencia de José Mujica.

Por eso cobró fuerza la tesis de una posible conexión entre la fallida construcción de una regasificadora en nuestro país y el esquema de corrupción descubierto en Brasil. El diputado opositor Pablo Abdala afirmó, que tiene los documentos donde un informante aseguró a fiscales brasileños, que existe una conexión turbia entre Uruguay y Fernando Pimentel (Partido de los Trabajadores, gobernador de Minas Gerais y exministro de Comercio de Dilma Rousseff).

Pimentel fue acusado de intervenir en 2013 ante la administración del presidente Mujica, para que la empresa brasileña OAS construyera la regasificadora. Por esa gestión —según la denuncia de una delación premiada— Pimentel cobró US$1 millón.

Por otra parte, a la luz de lo expresado por Cardoso, los dichos de Sendic adquieren nueva connotación. Si los izquierdistas son los “buenos” y “bien intencionados”, entonces, su conducta debe ser juzgada con una vara diferente a la del resto de los mortales. Ergo, una misma acción si es realizada por alguien de la “derecha” es “corrupción”; si la hizo un izquierdista es tan solo “chambonada” (Mujica dixit).

De la postura anterior deriva la convicción, que solo por “mala fe o motivos políticos” se puede querer investigar a integrantes del partido gobernante. Por tanto, aprovechando sus mayorías en ambas cámaras el Frente Amplio se ha negado sistemáticamente a habilitar comisiones investigadoras parlamentarias.

Eso sucedió con respecto a los negocios realizados entre Uruguay y Venezuela durante la presidencia de Mujica. En ellos se benefició a una empresa privada —Aire Fresco— cuyos titulares pertenecen al MPP (sector político liderado por el “Pepe”). El agravante fue que durante la última campaña electoral, esa firma hizo una importante contribución en dinero a esa facción.

Pero la situación cambió imprevistamente cuando un diputado oficialista, Gonzalo Mujica, se cansó de acatar las órdenes emanadas “de arriba” de no permitir investigaciones. A partir de entonces el gobierno perdió su mayoría automática y con ella, la “inmunidad ética”. Por consiguiente, la oposición consiguió los votos suficientes para averiguar lo sucedido en torno a la regasificadora.

Pero lo más gracioso y que pinta de cuerpo entero a la izquierda uruguaya, fue cuando Francisco Sanabria —dueño del Cambio Nelson— fue denunciado por estafa en una suma millonaria. El padre del aludido, Wilson Sanabria (ya fallecido), a lo largo de su vida estuvo muy vinculado al opositor Partido Colorado, relación que heredó su hijo.

Tratando de aprovechar esa situación que prima facie pareció enlodar a la oposición, Daniel Caggiani —diputado por el MPP— reclamó la instalación de una comisión investigadora para analizar la conexión entre el Cambio Nelson y la financiación del Partido Colorado.

Pero el tiro le salió por la culata por varios motivos:

- Se descubrió que una connotada dirigente del Frente Amplio operaba irregularmente en el Cambio Nelson y estaba estrechamente relacionada con los Sanabria. Ahí comenzó a desinflarse el deseo de “investigar” del partido oficialista.

- La Comisión de Ética del Partido Colorado reaccionó prontamente y expulsó de sus filas a Sanabria.

- Los colorados aceptaron investigar a Cambio Nelson pero exigieron incluir a otras empresas sospechosas de haber contribuido irregularmente a financiar al partido gobernante. Mencionaron específicamente a Aire Fresco, Cutcsa, la Agencia la Diez y Fripur.

Frente a la inesperada inversión en la situación, Caggiani declaró que el Frente Amplio deberá rever su posición, dado que a la investigación por el Cambio Nelson se le querían añadir otras empresas. Por consiguiente, la posición del partido iba a ser revisada porque al agregar otros casos, el escenario cambiaba.

Este es el criterio ético con el cual se mueve la izquierda uruguaya. Le calza a la perfección el dicho popular: “Dime de qué te jactas, y te diré de qué careces..."

Este artículo fue publicado originalmente en Panam Post (EE.UU.) el 30 de marzo de 2017.