Un falso dilema

No es cierto que el próximo 22 de abril se vayan a celebrar elecciones presidenciales en Venezuela. El que los voceros de la cruenta tiranía chavista, desde la ilegítima asamblea constituyente, pasando por el dictador de facto Nicolás Maduro, hasta las usurpadoras integrantes del Consejo Nacional Electoral, llamen a ese evento “elecciones”, no lo convierte en un proceso electoral democrático, en el que los venezolanos, en efecto, vayan a “votar y elegir” presidente de la República.

Y no lo será porque en ese evento no estarán garantizadas ni se respetarán las condiciones mínimas de transparencia, imparcialidad, pluralismo, no discriminación y respeto al voto que tanto el ordenamiento venezolano como el internacional exigen para que puedan considerarse como “auténticas” unas elecciones (véase, en tal sentido, todo lo expuesto en el libro de la asociación civil Un Estado de Derecho ¿Elecciones auténticas en Venezuela? Un análisis sobre la imparcialidad, el registro y el sistema automatizado. Editorial Galipán: 2016).

Se trata entonces de una farsa, de una nueva emboscada, como farsas y emboscadas fueron los tres últimos eventos en que la tiranía ha mostrado abiertamente su vocación autoritaria y totalitaria ante el mundo libre: la designación de la constituyente castrista, la designación de gobernadores y la designación de alcaldes.

Eso fueron esos tres eventos, designaciones y no elecciones, en los que el régimen, luego de constatar en 2015 que no volvería a ganar ningún proceso electoral con mínimas garantías al sufragio, debido al repudio de la población al socialismo criminal que genera destrucción, hambre y muerte en toda Venezuela, decidió fortalecer aún más su maquinaria fraudulenta —también usada por Hugo Chávez en sus tiempos—, a través no solo de la alteración de circuitos y circunscripciones electorales, inhabilitaciones políticas, negación del voto a los venezolanos en el extranjero y chantaje criminal con el hambre de los electores, sino fijando cuando mejor les resulta la fecha de las supuestas elecciones y las condiciones inaceptables en que estas se realizarán, con todas las ventajas posibles antes, durante y después de la supuesta votación para el régimen comunista-militarista.

No deja de ser lamentable, y en casos condenable, que políticos, comunicadores sociales, periodistas, académicos y generadores de opinión en general dentro y fuera de Venezuela, que no son parte del sistema estatal chavista generador de neolengua —lengua deformada y manipulada en forma deliberada por el régimen para manipular y controlar las mentes y acciones de las personas—, llamen “elecciones” a la farsa que se ha convocado para el 22 de abril, pues con ello en alguna medida colaboran con la estrategia de la tiranía de hacer creer que sí se trata de un evento electoral en donde el voto se podrá ejercer y en el que ganará el candidato que más votos obtenga.

Ahora bien, más que condenable, es repudiable y hasta motivo de enojo y desconfianza el que haya en el grupo antes mencionado individuos y organizaciones que estén llamando a asistir y convalidar semejante farsa, con excusas divorciadas de la realidad, como que al ser mayoría, ir con un candidato unitario y tener testigos en todas las mesas, sí será posible derrotar al tirano y su régimen, y así, como en un cuento de hadas, dejar atrás la pesadilla que nos arrebata afectos día a día, obviando que, de fondo, el problema venezolano ni es solo doméstico ni estrictamente político, sino geopolítico y esencialmente criminal, debido a las mafias de diferente índole que controlan el Estado venezolano.

Hay que ser, pues, ingenuo, idiota o colaborador, para desconocer todo lo antes señalado acerca de la inexistencia de condiciones para ejercer el voto y, peor aún, para ponerse de espaldas a la casi ideal alineación progresiva de las más importantes democracias en el mundo occidental, tanto en las Américas como en Europa, en el desconocimiento abierto de la legitimidad de la tiranía chavista, así como respecto de la convocatoria para el 22 de abril, e insistir en que se debe asistir sin importar las condiciones a la farsa en que lo único que sucederá es que Nicolás Maduro, con el visto bueno de Cuba, Rusia y China, se ratificará a sí mismo en el cargo de presidente de la República.

Que casi todos los países democráticos de nuestro continente, desde Canadá hasta la Argentina, los órganos de más importancia en la OEA y la ONU en materia de derechos humanos y democracia, y hasta la muy cauta Unión Europea —no obstante la conducta censurable y vergonzosa de países como Holanda, muy poco comprometida con la libertad y la democracia, al proteger por interés económico a Hugo Carvajal, rogar de rodillas a la tiranía que reabriera las fronteras con sus colonias del Caribe y recibir con los brazos abiertos en su territorio a Mikel Moreno y tener allí como embajadora a Haifa El Aissami— hayan cerrado filas a favor de los derechos humanos de los venezolanos en contra del régimen chavista a través, por ejemplo, de la reciente declaración del Grupo de Lima, es algo histórico, que debería ser aprovechado por todos los interesados en que las atrocidades contra nuestro país cesen.

Nada de lo anterior, por lo demás, supone llamar a la abstención. Se llama a la abstención ante un proceso electoral, ante elecciones auténticas, como el golpista Hugo Chávez lo hizo respecto de las elecciones presidenciales de diciembre del año 1998, pero no ante un fraude reconocido de antemano, ante una farsa como la del próximo 22 de abril. Tampoco supone llamar a la pasividad, a la inacción política. No acudir a la farsa no impide activar alguna acción política alternativa, más potente, que minimice y altere la agenda orwelliana del régimen, y que conecte a los ciudadanos con la actuación de las democracias occidentales y los órganos internacionales de protección de los derechos humanos.

Por ejemplo, por qué más allá de las diversas acciones de calle que se puedan convocar, asegurando la mayor protección para las personas, pues no queremos más asesinatos por la tiranía comunista-militarista, no pensar en convocar para el mismo día o el día siguiente de la farsa del 22 de abril a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, en el que los diputados de la mayoría democrática que, a pesar de sus graves fallas, mantienen la representación de la mayoría de los ciudadanos, debatan y aprueben un acuerdo que, con la debida argumentación previa, incluya puntos que indiquen la ruta a seguir de la mano con los aliados internacionales.

Entre otros podría incluir: 1. La ratificación del acuerdo mediante el cual se declaró el abandono del cargo de Nicolás Maduro visto el endurecimiento de su acción dictatorial y violatoria del orden internacional en materia de derechos humanos. 2. La designación de una comisión especial encargada de proponer la formación de un gobierno provisional de unidad nacional y transición para el restablecimiento pleno de la democracia y el Estado de Derecho. 3. La solicitud formal a las instancias competentes de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas para que procedan a activar las medidas necesarias para la ejecución de una intervención humanitaria en Venezuela, con el doble fin de aliviar la aguda crisis humanitaria de la población y de contribuir con la transición política y pleno restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Frente a la retórica pregunta ¿tú qué propones?, las anteriores, entre otras, son algunas ideas que se pueden considerar de cara a qué acción política impulsar como alternativa a la farsa del 22 de abril. Ojalá el diputado Julio Borges, en la gira internacional que recién ha anunciado, esté considerando opciones semejantes, pero en ningún caso opciones que aun sin quererlo terminen sirviendo a los propósitos del régimen chavista.

Valga insistir en lo siguiente: así como para disfrutar y ejercer los derechos a la propiedad privada, las garantías judiciales, la libertad de expresión e inviolabilidad del domicilio se requiere un marco institucional que los garantice —esto se llama estar en el “estado civil”—, también para ejercer el sufragio y votar se requiere ese marco institucional, que es justo el que niegan las usurpadoras del Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada al servicio del chavismo y el Tribunal Supremo de Justicia.

La unión de los venezolanos pasa por reconocer y aceptar lo anterior, y comprender que la salida de la tiranía, a diferencia de lo que sostienen analistas como Luis Vicente León y Fernando Mires, pasa, como bien lo argumentó Miguel Ángel Martínez Meucci en su texto “Demasiado tarde para una solución no convencional”, por soluciones no convencionales.

Este artículo fue publicado originalmente en El Nacional (Venezuela) el 22 de febrero de 2018.