Traición a la constitución
Isaac Katz considera que Arturo Saldívar, violó la Constitución, habiendo sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de México mientras que al mismo tiempo colaboraba con el régimen de López Obrador.
Por Isaac Katz
La renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para convertirse en un cercano colaborador de Claudia Sheinbaum es solo el acto final de un individuo que desde la presidencia de este órgano trató de poner el Poder Judicial de la Federación, particularmente a la propia Corte, a las órdenes del presidente López y su mentada cuarta transformación. Zaldívar traicionó a la Constitución y a los mexicanos al convertirse en un colaborador del presidente, en uno de sus aplaudidores, cuando el papel del poder que él encabezaba tiene que ser el órgano que controlará la inclinación autocrática del titular del Poder Ejecutivo; traicionó su juramento de guardar y proteger la Constitución cuando avaló, por omisión o por acción leyes que el presidente promulgó y que eran notoriamente inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.
Es momento para recordar las palabras de Montesquieu quien en 1748 escribió en El espíritu de las leyes: “todo hombre que tiene el poder se inclina a abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.
Añadió Montesquieu “De nuevo no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitraria, debido a que el juez sería legislador. Si se uniese a la potestad ejecutiva, el juez podrá tener la fuerza del opresor”.
Dada la importancia de que “el poder detenga al poder” es que Montesquieu hizo una férrea defensa a favor de la separación de poderes. Según él, esta separación cumple tres roles. Primero, especializar a diversos órganos del poder en el cumplimiento de sus funciones y, por tanto, hacer más efectiva la labor del gobierno. Segundo, evitar la concentración y la acumulación de poderes en un mismo cuerpo, sobre todo si dicha acumulación pueda dar lugar a arbitrariedades, por ejemplo si el poder ejecutivo tuviese capacidad de juzgar y condenar ciudadanos. Y la tercera, una función de control: los poderes se dividen no solo para evitar la acumulación de poder, sino también para que entre ellos ejerzan un control mutuo de sus actuaciones, sujeto siempre a las normas constitucionales.
La inclinación autocrática del presidente López ha sido patente desde el momento en que decidió, en octubre de 2018 de forma ilegal y arbitraria, cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, sin importarle los costos directos e indirectos de tal decisión con tal de demostrar que él era el que mandaba. Es a partir de esa decisión y ya como presidente y con la abierta colaboración de un sumiso Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Diputados, que se dedicó a atacar y debilitar todos aquellos órganos del Estado mexicano que le estorban en la paulatina construcción de un régimen dictatorial disfrazado de democracia.
Así, el presidente ha debilitado y/o capturado diferentes organismos destacando su fallida intención de desaparecer al INE, la consigna a sus serviles y abyectos senadores de bloquear el nombramiento de los consejeros del INAI, el IFT y la Cofece así como de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todo ello sumado a sus órdenes a los todavía más abyectos diputados de secar presupuestalmente a los diferentes órganos. Con sus órdenes de “no cambiarle ni una coma” a sus iniciativas López se adueñó, de facto, del poder legislativo violando el principio de separación de poderes, aunque vale la pena señalar que los senadores de oposición han impedido, en el último año, la destrucción total de varias de las instituciones destacando, nuevamente el INE.
Avanzar el proyecto dictatorial del presidente, con el cual Claudia Sheinbaum comulga, requiere acabar con la independencia del Poder Judicial para que éste deje de tener la función de control constitucional del Poder Ejecutivo. El presidente sabe, porque así está el diseño constitucional que si en el análisis y dictamen de una ley considerada como inconstitucional por parte de la Suprema Corte no se alcanza la mayoría de ocho ministros de los once votando en el mismo sentido, está ley aunque sea declarada inconstitucional por voto mayoritario simple seguirá siendo vigente.
Por lo anterior, López y Sheinbaum apuestan a que sí logran nombrar a al menos cuatro ministros incondicionales a ellos dos, puedan gobernar con leyes que sean inconstitucionales que así hayan sido declaradas por mayoría simple. Esto precisamente es lo que está detrás de la renuncia de Zaldívar, lo que le permitió a López postular a una terna de incondicionales para el puesto de ministra de la Corte para que una de ellas ocupe su lugar y se ponga sin reparos a su servicio, aunque con ello traicionen a la Constitución y a los mexicanos. Además le apuestan a que Sheinbaum gane la elección presidencial y pueda nombrar al menos a un ministro también incondicional, con lo que tendrían cuatro ministros a su servicio (ya tienen a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz) con lo cual efectivamente y en traición a la Constitución, se perdería la independencia del Poder Judicial.
Así, estimado lector, si usted valúa su libertad aquí una razón adicional para que en las próximas elecciones vote por Xóchitl Gálvez y para evitar que Morena controle el Congreso. La independencia judicial es muy importante como para regalársela a López y a Sheinbaum.
Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 19 de noviembre de 2023.