Sobre los Panamá Papers

Alguien robó las bases de datos de una empresa llamada Mossack Fonseca, y se las entregó a personas capaces de coordinar su difusión global, acompañada de investigaciones periodísticas. Es algo similar a lo que ocurre en México cuando se filtran llamadas telefónicas, grabadas y difundidas ilegalmente, que sirven más para ejecutar una venganza que para impulsar la justicia. Pero como esas llamadas son de personas famosas, con poder, es un placer para las mayorías participar en la venganza, y llegan a creer que es justicia.

Hace un par de años, Edward Snowden hackeó y filtró información de la CIA, el sueño dorado de millones de personas que consideran a EE.UU. la causa de todos sus males. Antes aún, la organización llamada Wikileaks, dirigida entonces por Julian Assange, filtró información acerca de la guerra estadounidense en Irak y Afganistán, con la misma popularidad.

El problema con estas filtraciones es que no son legales, y por lo mismo no pueden utilizarse en las Cortes. Su única utilidad es evidenciar acciones ilegales, o al menos dudosas, de personas que se suponen más allá del poder de la justicia, para que sea la plaza pública la que se encargue del ajusticiamiento. Y como eso les gusta a los humanos, pues cada vez hay más.

No recuerdo que alguna de estas filtraciones haya tenido un impacto significativo. La de ahora ya provocó que renuncie el primer ministro de Islandia, que fue sustituido por el ministro de agricultura, de su mismo partido. Tal vez le hayan dañado la carrera al señor Gunnlaugsson, y a lo mejor con razón, pero tal vez sin ella. Porque resulta que los documentos llamados Panama Papers, con más marketing que deseo justiciero, tienen de todo: prospectos que jamás se concretaron, empresas creadas para comprar bienes raíces, empresas dedicadas a la evasión fiscal, y organizaciones para lavado de dinero. Cuatro cosas totalmente distintas, que no parece que se diferencien bien en muchas de las notas periodísticas.

Acá en México, el principal involucrado es el señor Hinojosa, de la empresa Higa, que se hizo millonario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en Estado de México, y financió la Casa Blanca y la de Malinalco, y que en el escándalo posterior perdió la licitación del tren a Querétaro, que ya tenía en sus manos.

Ignoro si la información que ahora se hizo pública permita fincarle cargos de evasión o lavado de dinero al señor Hinojosa, o si el movimiento de recursos a Panamá haya sido legal, lo que puede ocurrir aún si sus riquezas provienen del compadrazgo. Aparece también Ricardo Salinas Pliego, que creó empresas para comprar obras de arte, no sé si para evadir al fisco. En su caso, aparecen debidas diligencias realizadas para identificarlo correctamente, de forma que no hay lavado de dinero. Y aparece el exdirector de Pemex, el señor Lozoya, que no hizo ninguna transacción ni creó ninguna empresa, pero igual se lo pasan a traer.

Aunque dicen los promotores de esta filtración que trabajaron más de un año distintos grupos de periodistas con la información, lo poco que he visto no ofrece mucha investigación. Además, como ya decíamos, se trata de información que no puede ser usada judicialmente.

Es cierto que se acabó el tiempo de la privacidad, pero eso es más una amenaza que una oportunidad para los ciudadanos. Es un gran momento para los inquisidores, para el populacho que goza con las ejecuciones, y para uno que otro Savonarola que busca poder. Los ciudadanos, es decir los que viven en la polis, saben que la privacidad y las reglas son fundamentales para mantener la convivencia. Y deben estar preocupados.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 6 de abril de 2016.