Sentido común fiscal

El gasto público es del público, no del burócrata. Esta premisa de sentido común la entiende todo el mundo, menos el burócrata privilegiado, que vive de huesos presupuestales, que pide más y más, sin importar en qué se gasta, o como se gasta. Las disputas fiscales sobre los recortes presupuestales, y los proyectos de egresos, se centran en sólo un tema del sistema fiscal, el apartado de ingresos.

Otro principio de sentido común: cuando alguien gasta dinero que no es suyo en un proyecto que no es suyo, le importará muy poco cuánto se gasta y cómo se lo gasta. Más aún, cuando alguien (digamos, un gobernador, o un presidente municipal, o algún diputado) gasta dinero que no es suyo en un proyecto que ve como suyo, le importará poco de donde vienen los dineros, mas le importará muchísimo cuanto hay, y por cuanto tiempo. Estas dos premisas operan en forma perversa dentro del actual círculo político, donde los reclamos se centran alrededor de los recortes, y las baterías se gastan en pedir más-eso sí, sin rendir cuentas, sin decir cómo y a dónde, sin el desgaste de justificar más recaudación a niveles locales.

Una reforma fiscal integral que logre el objetivo de un cambio estructural no puede iniciar ni con mayor presión recaudatoria (más y más altos impuestos, por ejemplo), ni sin una atención detallada sobre los egresos. Sólo a partir de estas dos estrategias, se respeta el principio de que el gasto público es del público. Pedir más se justifica sólo en la medida que el mayor ingreso logre un bienestar comprobable y transparente. En la actualidad, las tasas de retorno tributario son muy bajas. Los mayores gastos en "gasto social," en gasto corriente, en gasto estatal, no reditúan en beneficios observables-vaya, ni siquiera en las obligaciones básicas del gobierno, como son la protección de los derechos de propiedad, la seguridad pública, o la paz.

Bajo esta óptica, las tasas impositivas que pagamos los causantes mexicanos son de las más altas del mundo, ya que lo que recibimos a cambio representan beneficios bastante inferiores a los que otros ciudadanos, en otros países, toman como un hecho.

El derroche presupuestal, desgraciadamente, figura poco en la agenda del debate fiscal. La gran mayoría de las propuestas, desde gobernadores berrinchudos hasta llamados para una hacienda de Estado, se concentran en como aumentar los ingresos, y no en como racionalizar el gasto actual. Los costos de oportunidad son enormes, sobre todo cuando el gasto denominado "gasto social" se encuentra secuestrado por la intermediación de la gran burocracia. Hay mucha, pero muchísima tela de donde cortar-y cada pedazo de la tela burocrática representa oportunidades de ingreso directo para las familias más pobres del país, o recursos liberados para actividades con mayor productividad, o nuevos ahorros que permitan encontrar un destino más eficiente.

Otro principio de sentido común: a mayor gasto público, menor gasto privado. Es muy cómodo reclamar mayores botines de gasto, sin considerar las fuentes de ese gasto. Si un gobernador persiste con el berrinche tributario, debería entonces justificar su posición ante los causantes, el público que financia el gasto gubernamental. Cada peso adicional que pide un gobernador, un diputado, un burócrata iluminado, un exquisito de la academia que vive del subsidio estatal, es un peso menos para el público general, ya sea el ciudadano del presente (que paga con impuestos, y antes con inflación) o del futuro (los causantes que no han nacido pero que ya están comprometidos para hacer frente al peso de la deuda pública, o sea, imposiciones diferidas a otra generación).

Un último principio de sentido común: no me ayudes, compadre. No me pidas más sin darme más. El dinero es mío, no tuyo, pon nuestra casa en orden, y luego hablamos.