Regresión

A los mexicanos les molesta que el gobierno se entrometa en asuntos que considera son de la esfera puramente privada. En muchos aspectos de su vida, incluidas decisiones personales en diferentes ámbitos, tanto en su interacción con otros miembros de su círculo familiar cercano así como con individuos y empresas externas, son en realidad liberales y, por lo mismo, le dan un alto valor a su libertad personal.

Paradójicamente, envueltos por la labia de un merolico mesiánico que promete soluciones mágicas a los problemas nacionales y personales y sin estar realmente enterados de los contenidos, alcances y consecuencias de todas las propuestas de reforma que él y su sucesora impulsan decidieron, ejerciendo su libertad de elección, darles un cheque en blanco para que acaben con esa misma libertad individual. Prácticamente todas las iniciativas de reformas, tanto las de carácter político como las de carácter económico y que tienen como objetivo la construcción formal de un régimen autoritario, implican una notable regresión que hará a los mexicanos menos libres.

En materia política destacan dos. La primera es la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, así como la de senadores de primaria minoría. Esta reforma implica la regresión a un régimen como el que estuvo vigente de 1917 y hasta 1963 previo a la reforma que introdujo los diputados de partido. La regresiva propuesta implica desaparecer la representatividad de grupos políticos minoritarios, borrando así cualquier tipo de oposición en el Congreso. Es regresar a la época del “carro completo” priista.

La segunda es la eliminación de la reelección inmediata de diputados y senadores. De aprobarse, esto implica que los legisladores no le deberán su puesto ni tendrán por qué rendirle cuentas a sus electores; su lealtad estaría únicamente con los liderazgos partidistas que, adicionada con lo señalado en el párrafo anterior, realmente estaría con el presidente de la República, ante el cual asumirán una actitud sumisa y sin dignidad. Como los diputados y senadores priistas del pasado.

Ambas reformas implican la construcción de un régimen autoritario en donde los mexicanos habrán perdido su libertad política. Como en los viejos tiempos priistas su libertad se restringirá a decidir si ir o no a votar el día de las elecciones por aquellos candidatos postulados sin verdadera oposición.

Complementaria a las dos reformas señaladas, está la vengativa y sinsentido reforma judicial. La iniciativa de elegir mediante voto popular a ministros, magistrados y jueces de distrito no garantizan una impartición de justicia independiente e imparcial que proteja los derechos individuales; por el contrario, lo más probable es que quienes resultaran electos le deberían su cargo a grupos de interés económicos o delincuenciales, desapareciendo con ello toda imparcialidad. La protección de los derechos individuales frente a actos de gobierno que los vulneren también se debilitaría al establecerse como parte de la reforma la prohibición de otorgar amparos con efectos generales, incluyendo acciones de inconstitucionalidad en proceso. Con ello, los derechos privados de propiedad y la libertad económica se habrán debilitado.

También en el ámbito de impartición de justicia, particularmente en delitos del orden común, la reforma no atiende el principal problema que es la impunidad. Cuando 95% de los delitos quedan impunes, el problema no son los jueces; son las policías y, sobre todo, las fiscalías que no investigan los delitos o por desidia, ineficiencia o corrupción, arman tan mal los casos que a los jueces no les queda de otra más que desecharlos.

Otro ámbito en donde también se está construyendo un régimen autoritario está relacionado con la rendición de cuentas, la transparencia y la corrupción. Aquí son dos propuestas. La primera es la desaparición de facto del Sistema Nacional Anticorrupción y la segunda la eliminación del Inai traspasando su función de transparencia del gasto público a la Secretaria de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, las cual como juez y parte, jugarían espléndidamente su papel de tapadera de todas las irregularidades y corrupción gubernamental. La desaparición del Inai (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información), además, deja sin protección los datos personales de cada uno de los mexicanos.

Finalmente, otro ámbito que he analizado con anterioridad es la desaparición de los dos órganos autónomos del Estado relacionados con la salvaguarda de la competencia en los mercados y la persecución y penalización de actos anticompetitivos por parte de empresas privadas y gubernamentales y reguladores que imponen barreras de entrada a los mercados. La desaparición del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) y de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica), traspasando sus funciones a la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Economía respectivamente, además de ser violatoria de varios tratados internacionales, particularmente el T-MEC, facilitaría la captura de los reguladores y derivaría en el otorgamiento de tratos preferenciales para que las empresas puedan incurrir sin esperar algún tipo de penalización en prácticas monopólicas. Ello tiene como consecuencia la pérdida de libertad económica de los individuos y un alto costo en el bienestar social.

El elector decidió libremente perder su libertad política y económica. De prosperar todas estas reformas regresivas por las cuales votó se habrá construido un régimen autoritario y los mexicanos seremos menos libres; recuperar la libertad será una tarea, si no imposible, sin duda será cuesta arriba.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 8 de julio de 2024.