Reformas a las auditoras: El mercado vs. regulaciones
Los esfuerzos frenéticos de Arthur Andersen para persuadir a sus rivales entre las Cinco Grandes firmas de auditorias, Deloitte, Touche, Tohmatsu y KPMG, de que adquieran la totalidad o parte de Andersen demuestran el grave peligro en que se encuentra la otrora fuerte empresa. En una industria en la que la reputación por independencia e integridad está entre los activos más valiosos de una firma, Andersen ha perdido esa reputación por su trabajo con Enron-y la mejor, si no la única, manera de sobrevivir es tomando prestada la reputación sólida de uno de sus rivales. Este esfuerzo, sin embargo, puede tratarse de un caso de "demasiado poco, demasiado tarde" para Andersen, pues las obligaciones relacionadas con Enron, que incluyen una acusación por parte del gobierno federal por obstrucción de justicia, hacen que sea casi imposible que Andersen consiga un pretendiente. La cadena de eventos provee lecciones importantes para quienes hacen política, a medida que debaten lo que está mal con los mercados de capitales de Estados Unidos y lo que se debe de hacer con ellos.
La primera lección es que los mercados y los inversionistas están corrigiendo algunos de los problemas de la transparencia e integridad financieras con mayor efectividad y rapidez que Washington. Para evitar que inversionistas piensen que las aves de la misma pluma anidan juntas, varias compañías han empezado a despedir a Andersen como su auditor externo. Merck, Federal Express, Delta Airlines y Freddie Mac son las compañías de mayor perfil en adquirir nuevos auditores. Desde diciembre del año pasado, Andersen ha perdido más de 145 clientes, y es probable que pierda otros este mes, cuando los accionistas de las empresas que están en el mercado de valores decidan quién será su auditor el próximo año. En resumen, los mercados usualmente se autocorrigen y no van a tolerar a jugadores que violen sistemáticamente las reglas del juego.
En segunda instancia, las firmas de auditores han respondido a las presiones del mercado, y a la amenaza de un mayor control gubernamental limitando (de mala gana) el número de servicios no relacionados con las auditorias que prestan a sus clientes. De nuevo, esto se ha hecho para mantener su reputación por integridad e independencia, sin la cual no podrían sobrevivir en un nuevo ambiente de mercado que da prioridad a la transparencia y a la honestidad.
¿Significa esto, entonces, que el gobierno no tiene ningún papel en la preservación de la integridad de los mercados de capitales de EE.UU.? No. El gobierno debe de proteger los derechos de propiedad de los inversionistas imponiendo penas severas a los gerentes y auditores que cometan fraude o engañen a sus clientes; pero el monitoreo de los mercados financieros está mejor en las manos de sus participantes quienes tienen incentivos financieros importantes para mantener un ojo sobre las compañías con que hacen negocios.
Por esta razón, los estándares de contabilidad que responden a las necesidades de los inversionistas son mejor seleccionados por ellos mismos que por reguladores. No hay necesidad de crear un nuevo cuerpo que se encargue de controlar la profesión contable, como ha sugerido el Presidente Bush, y mucho menos de crear una oficina federal de auditoría, como propuso Ralph Nader. Sería mejor eliminar las restricciones de la Comisión de Seguridades e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés) que suprimen las innovaciones en la revelación de información y que dan a las firmas auditoras un mercado captivo.
En realidad, cualquier medida que quite responsabilidad a los auditores debilita los incentivos que tienen para producir auditorías honestas y diligentes. Hoy, los socios de una firma de auditores asumen el costo de sus errores, arriesgándose a perder sus acciones de la empresa o a ser suspendidos por la SEC como auditores de empresas negociadas públicamente. Sin embargo, si el gobierno empieza a asumir más responsabilidad por las auditorías, es muy probable que el costo de hacer un mal trabajo se diluya entre varias partes, debilitando los incentivos de cada una para prevenir errores futuros.
Además, no hay ninguna evidencia que señale que una mayor supervisión gubernamental vaya a hacer más efectivas las auditorías o más transparentes los Estados Financieros. Tampoco hay nada que indique que más supervisión vaya a eliminar el fraude y el engaño. Hay, sin embargo, mucha evidencia que demuestra lo contrario; de hecho, los reguladores bancarios estatales y federales tienen más herramientas para monitorear las instituciones bancarias que lo que un auditor federal pudiera desear, y aún así han sido incapaces de prevenir los malos manejos, las presentaciones financieras dolosas, o el fraude directo en bancos.
Pero no importa; este es año de elecciones y Washington debe parecer preocupado por el problema que se le presenta. De manera que así como el Presidente Bush acaba de firmar un acta de estímulo económico luego de que el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, declarara que la recuperación ya estaba en camino, es muy probable que los políticos de Washington hagan reformas incluso después de que el mercado haya lidiado con algunos de los problemas que aquejan a la industria. Estas reformas no van a resolver nada, pero sí pueden empeorar las cosas.
Traducido por Constantino Díaz-Durán para Cato Institute.