¿Quo vadis joyita?

Hasta hace poco, la economía chilena era considerada la joyita de la región. Gozábamos de tasas de crecimiento relativamente elevadas, la pobreza había disminuido notoriamente, y la distribución del ingreso estaba empezando a hacerse menos desigual. Todo esto con paz social y una democracia ejemplar. El símbolo del reconocimiento de lo anterior fue nuestra incorporación, en 2010, a la OCDE. No obstante, tan solo una década después, el país está enfrentando una crisis institucional que amenaza con transformarnos –en el mejor de todos los casos– en otra víctima de la trampa de los países de ingreso medio.

La joyita fue producto del sistema económico adoptado. Se trata de una economía de mercado en que el Estado juega un rol subsidiario. Es el mismo que siguieron –con variantes– economías como las pertenecientes a la Unión Europea y a Nueva Zelandia. Su origen se puede trazar a Ludwig Erhard, al ordoliberalismo alemán, y a la doctrina social de la Iglesia, pero también a la aplicación de las lecciones de las doctrinas económicas dominantes.

El quid del asunto es el establecimiento de las reglas del juego de una economía de mercado saludablemente competitiva y, por ende, eficiente, normas que luego se deben respetar estrictamente. Es decir, debe imperar la ley. El rol del Estado es asegurar que se cumplan las mencionadas normas y corregir –si es costo-eficiente– las fallas de mercado. Esta última función se tiende a traducir en acciones orientadas a generar inclusión social y una cada vez menos desigual distribución del ingreso.

Es cierto que el orden mencionado fue implementado en Chile bajo un régimen político autoritario, pero luego fue perfeccionado bajo la Concertación. Quién puede negarlo, ese orden se tradujo en una mejora espectacular del estándar de vida chileno, que benefició especialmente a las personas de menores ingresos. Quizás más importante, el mismo orden derivó en una ampliación innegable de los espacios de libertad individual.

Como hemos comentado en otras columnas, los retiros de fondos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el impuesto a los “súper ricos”, el royalty minero, las tasas diferenciadas del IVA, etc., son medidas de política económica ineficientes e –irónicamente– a menudo regresivas, que en general obedecen a una lógica populista. Ellas solo contribuyen a menoscabar nuestro orden económico y –a veces en el proceso de adopción– al imperio de la ley.

Las antes mencionadas medidas son el fruto del sistema político adoptado en 2014, que ha atomizado los partidos y privilegiado las posiciones extremas, amenazando la existencia de nuestra joyita. Por ello el futuro de nuestra economía depende fundamentalmente de una reforma política que incentive la construcción de amplios acuerdos, cambio que se podría gestar en la Convención Constituyente.

Este artículo fue publicado originalmente en La Tercera (Chile) el 29 de abril de 2021.