¿Promoviendo el desarrollo o el estatismo?

Las Naciones Unidas han fijado una norma de manera que los países desarrollados asignen 0,7 por ciento de su PIB para promover el desarrollo económico en otras naciones. Pero antes de utilizar los impuestos de sus ciudadanos para cumplir tales objetivos sería recomendable que los gobernantes se hicieran un par de preguntas básicas.

En primer lugar, si el objetivo es promover el desarrollo económico en otras naciones, ¿representa la ayuda exterior un medio eficaz para lograrlo? En otras palabras, ¿es la ayuda exterior necesaria para que una nación prospere? Y en segundo lugar, ¿representa esta ayuda un gasto apropiado de los fondos del contribuyente?

El argumento económico en favor de la ayuda exterior está basado en la falsa creencia que los países en desarrollo necesitan inyecciones de capital extranjero lo suficientemente grandes como para escapar de las llamadas "trampas de la pobreza", o sea bajos niveles de producto per capita, de capital y de divisas extranjeras. Pero, como el economista británico Peter Bauer ha explicado, si ese fuera el caso, ninguna sociedad habría sido capaz de desarrollarse y prosperar. Más bien, la ayuda exterior ha retardado el desarrollo económico en países del Tercer Mundo, al aumentar el papel del Estado en la economía y al politizar la sociedad civil y el mercado.

También debemos destacar que los flujos de capital privado a los países en vías de desarrollo en 1996 alcanzaron 243.000 millones de dólares, mientras que la ayuda oficial al desarrollo fue considerablemente inferior, 55.000 millones de dólares, aproximadamente. Aunque la mayoría de los flujos privados fueron concentrados en unos 25 países, la razón es que esas son las naciones que han adoptado las reformas de mercado más significativas y así logran atraer el capital privado de inversión.

Para el país donante, la ayuda exterior no representa más que una redistribución de riqueza y la politización de la sociedad civil. En el caso español, de los 190.000 millones de pesetas que el gobierno de España destina a la cooperación internacional, alrededor del 50 por ciento son créditos de exportación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), administrado por el ministerio de Economía y Hacienda. Este tipo de beneficencia corporativa a costa del contribuyente perjudica la competitividad de las empresas españolas y destruye la función empresarial.

Pero lo que resulta más lamentable desde la óptica del libre mercado es la figura del empresario estatista, que quiere que el gobierno garantice la seguridad y el éxito de sus inversiones, contribuyendo así al desprestigio del propio sistema de libre empresa.

El empresario estatista no es el único que se beneficia de la política de ayuda al desarrollo. El ministerio de Asuntos Exteriores destina a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional cerca de 8.000 millones de pesetas para fomentar las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGs).

El Estado y sus instituciones se basan necesariamente en la coacción, que es la esencia de la sociedad política. Por lo tanto, hay que aclarar que todas aquellas ONGs que reciben fondos públicos forman parte de la sociedad política y no de la sociedad civil, que es esa red de asociaciones privadas, independientes y de afiliación voluntaria articuladas en torno a objetivos benéficos o sociales comunes. Es más, las ONGs que reciben fondos públicos tienen motivaciones e incentivos diferentes a las que no lo hacen. En el caso de las ONGs que reciben fondos públicos, el principal objetivo es obtener la mayor cantidad de fondos gubernamentales; cómo utilizarlos es, entonces, un asunto secundario.

Nadie pone en duda la buena disposición hispana para ayudar a los menos privilegiados en otras regiones del mundo, sobre todo en aquellas con las que España mantiene vínculos de carácter histórico y cultural. Pero la transferencia de recursos públicos a otros países jamás podrá reflejar la auténtica solidaridad de los españoles, ya que tales transferencias están basadas en la coacción gubernamental y no en la libre elección del pueblo.

Por lo tanto, sin ninguna justificación válida desde el punto de vista moral ni tampoco del punto de vista utilitario, las razones tras la ayuda externa parecen ser más bien de tipo electoral, para ganarse la buena voluntad de grandes grupos exportadores y de los que pululan en el mundo de las ONGs.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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