Precio de los alimentos

La inflación continuó su trayectoria ascendente. En la primera quincena de agosto el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) aumentó respecto de la primera quincena de agosto de 2021 en 8,62% siendo la más elevada en los últimos 22 años. Por grandes apartados, el aumento anual en el componente subyacente del índice de precios fue de 7,97% mientras que el componente no subyacente experimentó un alza de 10,59 por ciento.

Destaca que de todos los grandes rubros que componen el índice de precios, el mayor incremento se experimentó en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual fue de 13,92%, con aumento quincenal de 0,70% (el aumento quincenal de todo el INPC fue 0,42%). Es importante mencionar también que el incremento anual de productos agropecuarios no procesados fue de 14,50%, siendo el aumento de frutas y verduras de 14,27% y de productos pecuarios de 14,69 por ciento. Resalta también que el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó en 9,48 por ciento.

El aumento experimentado en los precios de los productos alimenticios aunque afectan negativamente a toda la población el mayor impacto, relativamente hablando, es sobre las familias de menores ingresos que destinan una mayor proporción de su ingreso en este rubro. Así, las familias de menores ingresos (las del primer decil) destinan un poco más de la mitad de su ingreso en alimentos y bebidas, mientras que las familias de mayores ingresos (las del décimo decil) destinan una cuarta parte del ingreso familiar en estos bienes.

Los datos arriba señalados nos permiten sustentar que la inflación es el fenómeno económico más regresivo que existe al dañar relativamente más a los más pobres, dado que además son quienes tienen menos posibilidades para evadir, al menos parcialmente, el impuesto que representa la inflación al no tener acceso a instrumentos financieros que paguen una tasa de interés que al menos la cubra (Otro fenómeno económico que también es notoriamente regresivo es que el gobierno, como lo hace el del presidente López, diseñe políticas públicas y simultáneamente merme el Estado de derecho, tal que entre ambos se inhiban la inversión y el crecimiento económico sostenido siendo que esta es la única forma de reducir permanente y significativamente la pobreza, objetivo que claramente no es lo que persigue este gobierno; al contrario).

Aunque el aumento que han experimentado los precios de los productos alimenticios se debe al fenómeno de inflación generalizado que sufre la economía mexicana (como también sucede en otros países), esto es solo una parte de la explicación; hay al menos otros cinco elementos que también tienen un impacto tanto sobre el nivel de los precios como su dinámica ascendente.

Los tres primeros son exógenos y afectan a todo el orbe en su conjunto. El primero es el efecto de la ilegal invasión rusa a Ucrania y que impactó negativamente las exportaciones de granos, principalmente trigo y maíz, y de ahí el aumento en el precio de los bienes que se producen con estos insumos (panes y tortillas). El segundo elemento es la sequía que han experimentado varias regiones del mundo, México incluido, y que también han afectado negativamente la producción de alimentos. El tercero es la estacionalidad propia de la producción de alimentos dado el ciclo natural de siembra – cosecha (por ejemplo, la quincena pasada aumentó el precio de las papas y se redujo el precio del chile serrano y el de los chayotes).

El cuarto y el quinto son fenómenos particulares de México. El cuarto es la existencia de una regulación muy ineficiente de los mercados que impone altas barreras de entrada y que genera, en consecuencia, una notoriamente ineficiente cadena de distribución de alimentos, con muchos intermediarios cada uno apropiándose de una renta que terminan pagando los consumidores finales.

El quinto, finalmente, es la práctica cada vez más generalizada de la extorsión (cobro de piso) por parte de grupos del crimen organizado a los productores primarios de bienes alimenticios (por ejemplo ganado, limón y aguacate) y a los distribuidores de estos bienes, incluida la extorsión sufrida en las centrales de abasto y en los mercados municipales (como la extorsión de los vendedores de pollo en Chilpancingo). Un deterioro cada vez más grave y notorio del Estado de derecho en el país con el elevado y creciente costo que ello representa para las familias a menos, claro está, que se alimenten de abrazos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 29 de agosto de 2022.