¿Por qué unso países son ricos y otros son miserables?

Esa quizá sea la pregunta más importante de la historia, mientras que falsas respuestas y ficticias promesas han causado más miseria que las guerras y los desastres naturales.

El ingreso anual per cápita en Sierra Leona es de 440 dólares y en Luxemburgo de 41,230 dólares. Si les creemos a Fidel Castro, a Hugo Chávez y a los activistas que manifiestan contra la globalización, los culpables de la pobreza son los ricos y el capitalismo. Nuestros caudillos sienten un profundo desprecio por la libertad individual y su meta es controlar no sólo los medios de producción sino también la información y la educación, para así escribir la historia a su manera.

Hasta hace poco, la investigación de las causas de la riqueza tenía mucho que ver con la cultura, la educación, la religión, la historia, la geografía y los recursos naturales del país. El problema, claro está, es que entonces poco se podía hacer para cambiar tales realidades a corto o mediano plazo.

Pero acaba de publicarse la investigación de Richard Roll y John Talbott, economistas que demuestran que alrededor del 85% de las variaciones en ingresos per cápita se debe a bien definidos determinantes del éxito o fracaso económico. Entre estos, el respeto a los derechos de propiedad resulta ser lo más significativo entre los determinantes positivos y la economía informal o mercado negro lo más negativo.

Otros determinantes positivos son las libertades civiles y la libertad de prensa, mientras que los principales determinantes negativos que mantienen a las naciones en la pobreza son las regulaciones, la inflación y las barreras al libre comercio.

Roll y Talbott, para asegurarse que esas variables son las verdaderas causas de la riqueza y la pobreza, investigaron lo sucedido tras las liberalizaciones económicas o el aumento del intervencionismo alrededor del mundo, a lo largo del último siglo.

El resultado de las aperturas comerciales, privatizaciones y flexibilización de regulaciones y leyes laborales ha sido un dramático aumento en los ingresos, mientras que una caída en los índices de crecimiento resulta automáticamente de mayor intervención gubernamental y de menos libertad individual. La conclusión de Roll y Talbott es que las naciones logran desarrollarse más rápidamente cuando se respeta la propiedad privada, la seguridad jurídica del ciudadano está garantizada por un poder judicial independiente, hay transparencia en las actuaciones gubernamentales, se combate la corrupción y las extorsiones oficiales, las regulaciones son mínimas y la prensa es libre.

En realidad todo esto es sentido común y quienes siempre hemos creído en esos principios liberales nos complace verlos comprobados por las investigaciones de estos economistas. Si yo sé que mi pequeño negocio no va a ser aplastado por el primo del presidente de la república y que los contratos que firmo con miembros del partido de gobierno son tan válidos ante un juez como los que hago con un extranjero, seguramente voy a trabajar más duro, a emplear más gente, a ahorrar y reinvertir más en mi empresa, en vez de ir a visitar a mi amigo del colegio para que me consiga un cargo en su ministerio o la embajada en Sierra Leona.

Varias décadas de politiquería izquierdista y de educación politizada en América Latina han logrado que la mayoría de la población ignore la esencial importancia de los derechos de propiedad, sintiendo más bien que lo colectivo es bondadoso y conveniente, mientras que lo privado denota egoísmo e injusticia. Los derechos de propiedad significan sencillamente que lo que es suyo, usted lo puede usar, vender o permutar como mejor le convenga, siempre y cuando respete los derechos de los demás. El respeto por los derechos de propiedad es lo que llamamos libertad económica, en ausencia de la cual desaparece el esfuerzo personal y la inversión que entonces en el ámbito nacional se traduce en baja productividad, bajos salarios y pobreza generalizada. La inflación, los altos impuestos, aranceles y cuotas de importación, licencias para trabajar, vender, dar un servicio o exportar son las maneras de debilitar los derechos de propiedad de la gente y, como tal, tienden a empobrecernos y a impedir el crecimiento económico de las naciones.

Parte del problema es que todo esto es medicina amarga para los políticos, a quienes les conviene que la gente crea que la prosperidad general se debe a lo que ellos hacen, a sus participaciones en las cumbres presidenciales, a la protección de la industria local, al fomento de las inversiones extranjeras, a las bondades de la banca estatal, cuando su papel debe limitarse a asegurar la igualdad ante la ley y a proteger la vida y propiedades de los ciudadanos.