Por qué la prioridad racial para la distribución de la vacuna contra el COVID-19 es problemática

El gobierno federal ha estado coqueteando —y en algunos casos más que coqueteando— con una política que es tanto inconstitucional como errada: distribuir las vacunas contra el COVID-19 en base a la raza. Es hora de cerrarle la puerta a esta mala idea. 

Desde ya, la Administración de Veteranos ha adoptado preferencias explícitas de este tipo. En un documento del 10 de diciembre anunció que le daría prioridad a los veteranos afro-estadounidenses, hispanos, estadounidenses nativos y asiáticos en la distribución de las vacunas porque estas comunidades “han sido afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19”.

Esto va en contra de la Enmienda No. 14 a la Constitución, la cual dice que los ciudadanos de todas las razas tienen derecho a la igual protección bajo la ley. La Corte Suprema desde hace mucho ha interpretado que esto significa que el gobierno no podría regularmente conceder beneficios valiosos, o imponer daños, en base a la raza de un ciudadano. 

Las cortes por lo tanto aplican un “escrutinio estricto” a cualquier ley o política consciente de la raza, requiriendo que sus partidarios muestren que esta satisface un “propósito contundente” para el estado y está “diseñada de manera dirigida” a lograr ese propósito, pruebas que esta política probablemente no superaría.

Hay pocas excepciones importantes pero estas no corresponden a este caso. La preferencia compensatoria está bien cuando ha habido un discriminación reciente y sistémica en contra de un grupo minoritario y por parte del mismo nivel del estado que desea adoptar dicha preferencia (La desigualdad por sí sola, incluso cuando esta puede ser rastreada a una discriminación a nivel de la sociedad, no es una buena razón). 

Dos miembros de la Comisión sobre Derechos Civiles de EE.UU., Gail Heriot y Peter Kirsanow, desde ya han manifestado en una carta clara las razones por las cuales las cortes probablemente derogarían preferencias de este tipo en base a argumentos de protección igual.

Deberíamos notar que estamos de acuerdo con algunos datos de fondo. Las minorías constituyen una porción significativamente mayor de los trabajadores de primera línea que están en alto riesgo de ser expuestos al virus, como los trabajadores en los hospitales o los conductores de buses. También sufren de manera desproporcionada de algunas condiciones, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que los predisponen a resultados peores ante un contagio del COVID-19.

darle acceso más temprano a las vacunas a muchas personas en estos grupos es una aplicación racional de los principios de salud pública y no es muy controversial. La prioridad para aquellos con condiciones pre-existentes podría reducir en general la mortalidad, y darle prioridad a aquellos trabajadores de primera línea rinde frutos al reducir el contagio. 

Por lo tanto, muchas normas sensibles de prioridad coincidentemente protegen relativamente más a las personas pertenecientes a las minorías —y eso está bien, siempre y cuando la decisión esté basada en un criterio neutral en lugar de ser un pretexto con la intención de obtener resultados basados en la raza. 

El pretexto, sin embargo, es más que una preocupación exclusivamente teórica a estas alturas. 

Mientras que las autoridades a nivel de los estados y a nivel local toman gran parte de las decisiones finales, el Comité de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control de Enfermedades (ACIP, por sus siglas en inglés) publica recomendaciones no vinculantes que se espera que influencien el trabajo de las autoridades. Desde el verano pasado, se volvió claro que muchos de aquellos involucrados en el ACIP estaban presionando para adoptar una estrategia de justicia social que elevaría la raza y la etnia como factores pertinentes en la asignación de las vacunas. 

Este fin de semana irrumpió el furor luego de que el New York Times publicara un reporte basado en entrevistas a varias personas involucradas en el proceso de los Centros para el Control de Enfermedades. Un médico especializado en ética de la Universidad de Pennsylvania “dijo que es razonable poner a los trabajadores esenciales delante de los adultos mayores, dados sus riesgos, y considerando que ellos son de manera desproporcionada de las minorías. ‘Las poblaciones mayores son más blancas. . . La sociedad está estructurada de tal manera que les permita vivir más tiempo. En lugar de darle beneficios de salud adicionales a aquellos que ya han tenido más de estos, podemos empezar a igualar las oportunidades un poco’”.

¡Ay! Esta no es manera de tratar a la abuela de alguien. Quizás en parte influenciado por la protesta, el ACIP ahora ha revisado sus recomendaciones de tal manera que se eleve la prioridad en la designación para las personas mayores de 75 mientras que se concentra la preferencia para trabajadores en un grupo más restringido de trabajadores de primera línea. No soy experto en las ventajas y desventajas para la salud pública así que no voy a ofrecer opinión alguna acerca de si estas decisiones son las correctas. 

Tampoco se si lo dicho acerca de colocar a las minorías primero en la cola nos perjudicará al incomodar a los miembros de estos grupos por ser los primeros en probar algo nuevo. Los riesgos de las vacunas de Pfizer y Moderna parecen ser excesivamente bajos y mucho menores a los riesgos del mismo COVID-19, aún así es difícil que se evaporen las memorias de los inmorales experimentos médicos del pasado. 

Deberíamos evitar estos obstáculos dejando claramente establecido desde un principio que la raza no debería ser un factor para determinar quién obtiene la vacuna y cuándo.

Este artículo fue publicado originalmente en The Detroit News (EE.UU.) el 30 de diciembre de 2020.