Perú: Superintendencia de Acreditación de Congresistas

Parece buena idea: un organismo público que se encargue, luego de la elección pero antes de la juramentación de los congresistas, de acreditarlos. Evaluaría sus capacidades, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de hablar, sus actividades anteriores (como matar perros, robar luz o televisión por cable) y decide si merecen o no ocupar el cargo.

Mejor aun, la Superintendencia de Acreditación de Congresistas (SAC) puede fiscalizar los propios actos de cada congresista: revisar, antes de su presentación, los proyectos de ley que elabora; sus votaciones en el pleno; su actuación en las diversas comisiones. Puede prohibirles u obligarles a decidir de cierta manera. Sujetando a aprobación previa los actos de los congresistas, evitaríamos tanta idiotez dando tumbos en los pasillos del Congreso.

Estoy seguro de que sería una propuesta popular. El Congreso y los congresistas son tan pero tan malos que a nadie se le ocurriría que la SAC podría ser peor.

Sin embargo, la SAC es una pésima idea. Voy a destacar dos razones. La primera es que democracia es diversidad. Los votantes tenemos derecho a elegir y a decidir qué congresistas queremos. Pueden ser de izquierda o de derecha, liberales o conservadores. Pueden ser apolíticos. Tenemos derecho a acertar y a equivocarnos. La diversidad del Congreso es una consecuencia lógica de la diversidad del país. La SAC sería profundamente antidemocrática porque privaría a los votantes del poder que la Constitución les concede. En el fondo, la SAC fiscalizaría la libertad de elección de los votantes.

La segunda razón es que nada indica que los integrantes de la SAC serán mejores que los congresistas que fiscalizarán. ¿Quién nos garantiza que la forma de pensar, de actuar, de decir las cosas y de fiscalizar serán mejores?

Si esto es tan cierto en relación a algo que funciona tan mal como el Congreso, ¿por qué no sería cierto con las universidades? El Congreso está por aprobar una ley que crea una SAC, pero para las universidades. Bajo el nombre de Autoridad Nacional de Educación Universitaria, será en el fondo una superintendencia que suplantará la decisión de las propias universidades.

Esta no es la única gracia de esta ley. Plantea, además, confiscar a los propietarios de las universidades privadas su patrimonio por la vía de obligarlos a adoptar una forma de organización contraria a la que adoptaron cuando hicieron su inversión.

En el fondo, es una vulgar confiscación de la autonomía universitaria que, en el caso de las universidades privadas, se convierte en una confiscación de la propiedad. La norma sería inconstitucional por donde se le mire.

Además, y lo más importante, es absurda. Justamente lo que se busca es acabar con la diversidad en la educación. No todas las universidades deben ser iguales porque no todos los seres humanos somos iguales. Queremos cosas distintas, tenemos capacidades distintas, soñamos cosas distintas. La mejor forma de frustrar todo ello es confiar la educación a la imaginación (o a la falta de imaginación) de un puñado de burócratas que creen saber mucho, pero que en realidad no saben nada de lo que cada uno de nosotros deseamos.

La libertad de elección de los ciudadanos, que se expresa en la competencia, es la única garantía. De ello pueden resultar universidades buenas, regulares y malas. Pero de la misma manera como el tener congresistas malos no es justificación para eliminar la democracia, el que pueda haber universidades malas no justifica acabar con la competencia. La receta es mejorar la información y la transparencia, es decir, reforzar al ciudadano, no confiscarle su facultad de elegir.

Chéjov decía que “la universidad saca a la luz todas las capacidades, incluida la incapacidad”. Eso es cierto no solo para los alumnos y los profesores. Lo es para los congresistas que pretenden dar una nueva ley universitaria.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 22 de junio de 2013.