Perú: ¿Aumento sin reforma?

Jaime de Althaus afirma que la Federación Médica Peruana "le llaman privatización a la posibilidad de abrirle más alternativas de atención a los usuarios, darles más acceso, permitirles que puedan escoger si van a un centro de salud del ministerio o de Essalud, o a un hospital de la Solidaridad (o, idealmente, a un establecimiento privado). En suma, para esos médicos ampliar el acceso y la libertad de elección del paciente, es una forma de privatizar".

Por Jaime de Althaus Guarderas

Sencillamente no tiene sentido aumentar remuneraciones para que las cosas sigan igual. Sería echar el dinero de los contribuyentes en saco roto. Y ocurre que por primera vez esa reforma se ha empezado a diseñar y la nueva escala salarial iba a formar parte de ella. Los médicos lo sabían, pero se lanzaron a una huelga por demás fría e implacable considerando el avance mortal de la gripe AH1N1 en el país.

Lo que pasa es que los médicos —tanto los del Ministerio como los del Seguro Social de Salud (Essalud)— se oponen a la reforma. Quieren aumento pero no reforma. El pretexto que usan es ideológico: que la reforma es “privatizadora”. Les parece, por ejemplo, que los convenios que han firmado el Seguro Integral de Salud (SIS) y Essalud con Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) para que los pacientes de esos seguros puedan atenderse en los hospitales de la Solidaridad si lo desean, entrañan una privatización. En la práctica muchos asegurados de Essalud y del SIS preferían acudir a un hospital de la Solidaridad aun pagando la consulta, que ir a un establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) o de Essalud. Ahora ya no tendrán que pagar. El pago lo hará el seguro respectivo.

Es decir, estos médicos le llaman privatización a la posibilidad de abrirle más alternativas de atención a los usuarios, darles más acceso, permitirles que puedan escoger si van a un centro de salud del ministerio o de Essalud, o a un hospital de la Solidaridad (o, idealmente, a un establecimiento privado). En suma, para esos médicos ampliar el acceso y la libertad de elección del paciente, es una forma de privatizar.

Pero la razón de ser del servicio es precisamente la salud de los usuarios, no el feudo monopólico de unos médicos. La plata es de los asegurados, de los contribuyentes, que deberían tener derecho a pedirla para ir al establecimiento que deseen. Podemos sospechar que la Federación Médica se opone porque ampliar la libertad de elección del paciente supone más competencia y por lo tanto más exigencia. Supone establecimientos más eficientes, que puedan competir con los de SISOL (o, idealmente, con privados). Pero para eso la reforma plantea una solución: asociaciones público-privadas para ciertos procesos administrativos de los hospitales, como los logísticos por ejemplo. Sin embargo, para la federación médica eso es también “privatización”, pese a que se ha incluido solo un hospital en este esquema.

En suma, la federación médica se opone a ampliar la libertad de elección de los peruanos y a modernizar la administración de los establecimientos, porque considera que eso es “privatizar”. Si aceptaran el reto de mejorar para competir, atraerían más pacientes y por lo tanto tendrían más presupuesto y podrían aumentar sus remuneraciones en medida mucho mayor y de manera, allí sí, plenamente justificada. Así, todos saldríamos ganando: los usuarios, que quedarán mejor servidos, y los médicos, que ganarán más. Amén.

Un comunicado de la Federación Médica reza: “La anunciada ‘Reforma del Sector Salud’…no cambiará el rumbo de la salud por la clara orientación privatizadora sustentada en la Ley de Aseguramiento Universal… Este modelo privatizador es compartido e impulsado por la Ministra de Salud bajo las Asociaciones Público Privadas, en perjuicio de la Salud Pública…”

El médico que menos gana está en algo más de 3.000 soles (US$1.073). Con el aumento base de 1.500 soles (US$536), subiría a algo más de 4.500 (US$1.609). Fuera de eso, habría una nueva escala y bonos por productividad. Pero los médicos (de Lima) no aceptan porque los 1.500 subsumirían unos bonos que perciben.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 9 de agosto de 2013.