¡Permitamos que los mexicanos vengan a trabajar!

Los once inmigrantes mexicanos que hace un par de semanas fueron encontrados muertos en un camión sellado en Iowa fueron doblemente victimizados: directamente por "coyotes" que los dejaron morir sin ningún tipo de contemplaciones, e indirectamente por la ley migratoria norteamericana, la cual choca con las realidades de la vida en Estados Unidos.

Mientras que Estados Unidos ha promovido mayores lazos comerciales, políticos y de inversión con México, ha tratado en vano de contener el flujo de mano de obra a través de la frontera. Empezando con las medidas drásticas contra la inmigración ilegal tomadas a mediados de los ochenta, el gobierno norteamericano ha impuesto pesadas regulaciones sobre los patronos estadounidenses y ha aumentado dramáticamente el gasto en patrullaje fronterizo. A pesar de dichos esfuerzos agresivos, la política fronteriza estadounidense ha fracasado en detener el flujo de trabajadores indocumentados que ingresan al mercado laboral de Estados Unidos.

Hoy en día 8 millones de personas viven en Estados Unidos sin documentos legales, y cada año el número aumenta en un estimado de 250.000, conforme más personas entran al país o permanecen una vez que sus visas expiran. Más de la mitad de los inmigrantes que ingresan y los que ya están aquí vienen de México.

Una consecuencia trágica de la supresión policial ha sido el desvío de los flujos migratorios de unos pocos puntos de paso tradicionales y urbanos a zonas rurales más esparcidas-para frustración de los residentes de dichos lugares y peligro mortal de los inmigrantes. Antes de dichas medidas enérgicas, la gran mayoría de los mexicanos entraban a través de tres puertas urbanas: San Diego, California, y El Paso y Laredo en Texas. En respuesta a las nuevas imposiciones fronterizas de la administración Clinton en 1993, los patrones migratorios cambiaron a áreas rurales remotas, tales como la frontera entre México y Arizona, en donde las patrullas están más dispersas pero las condiciones son más peligrosas.

El desvío del flujo le ha provocado dolores de cabeza a los estadounidenses que viven en esas áreas, ya que los inmigrantes invaden sus fincas, perturban al ganado y destruyen la propiedad. Sin embargo, las consecuencias han sido mortales para más de 2.000 inmigrantes que han perecido desde 1995 debido al calor y la deshidratación en áreas remotas del desierto o en camiones sellados.

Las leyes inmigratorias estadounidenses chocan con la realidad económica, y ésta última está ganando la batalla. La inmigración desde México es conducida por una disparidad fundamental entre la demanda creciente por mano de obra poco calificada en Estados Unidos y la disminución de la demanda doméstica para llenar dichas labores. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos estima que el número de trabajos en la economía de este país que requieren de poca capacitación incrementará de 53.2 millones en el 2000 a 60.9 millones en el 2010, un incremento neto de 7.7 millones.

Mientras tanto, la oferta de trabajadores estadounidenses dispuestos a realizar dichas labores continúa cayendo, en parte debido al envejecimiento de la fuerza laboral y al aumento de los niveles educacionales. Para el 2010, la edad media del trabajador estadounidense será de 40.6 años, mientras que la proporción de hombres adultos nativos sin título colegial continua desplomándose: de más de la mitad en 1960 a menos del 10% hoy en día. Es de entender que estadounidenses más viejos y educados tengan mejores cosas que hacer con su tiempo laboral que lavar ventanas, ser meseros o trabajar en lavanderías.

Los inmigrantes mexicanos proveen un recurso listo para llenar dicho vacío. Aún así, la ley migratoria no provee de un canal legal mediante el cual trabajadores inmigrantes poco calificados puedan entrar a Estados Unidos a satisfacer la demanda. El resultado predecible es la inmigración ilegal y todas las patologías del mercado negro que vienen con ésta.

El avance de soluciones para solucionar el problema de la inmigración ilegal fue descarrilado por los ataques del 11 de septiembre, aunque la mayoría de los miembros del Congreso estadounidense reconocen que la inmigración mexicana no constituye una amenaza a la seguridad nacional. La Ley para Aumentar la Seguridad Fronteriza y Reformar el Ingreso con Visas que el Congreso aprobó en mayo del 2002 representa la respuesta apropiada al terrorismo. La ley se enfoca en identificar a los sospechosos de terrorismo en el extranjero y en mantenerlos fuera de Estados Unidos. Es notable que en la ley no hay ningún tipo de provisiones para disminuir los niveles de inmigración legal o para endurecer los controles sobre la inmigración indocumentada desde México.

De hecho, el crear un canal legal para el movimiento de trabajadores a lo largo de la frontera estadounidense-mexicana aumentaría la seguridad nacional de Estados Unidos. Antes del 11 de septiembre el gobierno norteamericano había estacionado más de cuatro veces el número de agentes en la frontera con México que en la de Canadá, aún cuando la última es más del doble de larga y ha sido preferida por árabes para entrar a Estados Unidos ilegalmente. Un sistema que le permita a los trabajadores mexicanos el entrar legalmente liberaría miles de trabajadores gubernamentales y ahorraría un estimado de $3.000 millones anuales-recursos que estarían disponibles para combatir al terrorismo.

Los presidentes Bush y Fox deberían reafirmar su compromiso previo de hacer "segura, ordenada, legal y dignificante" a la inmigración a lo largo de la frontera. Dicho sistema debería incluir una nueva visa de trabajo temporal que le permita a los trabajadores mexicanos entrar legalmente y por un período definido al mercado laboral estadounidense, así como facilitarle a los obreros indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos el ganar el estatus legal basado en los años laborados y otros comportamientos productivos.

La ley migratoria actual hace criminales a millones de empeñados trabajadores-inmigrantes y empleadores nacionales por igual-cuyo único "crimen" es el deseo de trabajar juntos en la economía de mercado para beneficio mutuo. Morir en la parte trasera de un camión es un castigo cruel para alguien que busca una mejor vida.

Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal el 22 de Octubre del 2002.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.