Pensiones, desbarajuste

Otra vez, el tema de las pensiones llega a titulares. Ahora, debido a la solicitud que hizo el gobierno a la Suprema Corte para reiterar una resolución que ya en dos ocasiones previas había emitido, en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debería topar las pensiones en 10 salarios mínimos (que en realidad ahora deben ser Unidades de Medida, UMAs). Esta medida afectaría a algo así como 700 mil personas que tienen salarios superiores a ese monto, que durante el año pasado ascendía a 31.300 pesos mensuales. Antes de tocar ese tema, permítame una revisión del asunto de las pensiones en lo general.

El sistema de pensiones en México es un desorden monumental, que por lo mismo es profundamente injusto. Permítame sugerir tres dimensiones de este desorden e injusticia. Primero, los grandes privilegios de los burócratas; segundo, la falta de planeación, que hoy implica un costo fiscal nada despreciable; tercero, un peor cálculo para la Ley 97, que amenaza dejar a quienes cotizan bajo esta ley en la miseria cuando llegue su edad de jubilación.

Primero, hay multitud de sistemas de pensiones en México, aunque la gran mayoría de las personas están en IMSS e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las empresas paraestatales de energía tienen su propio sistema, lo mismo que las Fuerzas Armadas. Pero además hay sistemas adicionales en estados y universidades estatales. 

Con base en datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, complementados con informes del IMSS e ISSSTE, en 2019 se pagaron 299.000 millones de pesos a pensionados del IMSS, que eran 4,3 millones de personas. Cada uno recibió, en promedio, 69.000 pesos durante el año. En el ISSSTE, el monto fue de 207.000 millones para 1,1 millones de personas, lo que da 185.000 pesos promedio durante el año, que es 2,6 veces lo que recibe un trabajador del sector privado. Ah, pero si el trabajador no es del gobierno así nada más, sino del mismo Seguro Social, en el llamado Régimen de Jubilaciones y Pensiones, el ingreso promedio en 2018 fue de 288.000 pesos, cuatro veces lo que reciben los asegurados del IMSS, que pagaban los sueldos de estas personas.

Si el trabajador fue de Pemex, el ingreso anual fue de 610.000 pesos, promedio. Y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcanzó 914.000 pesos. Ocho y trece veces lo de un trabajador del sector privado. El peor caso es el de Luz y Fuerza del Centro, que ya está extinta, pero cuyas pensiones seguimos pagando, y deben rondar 16 veces las de los privados. 

El segundo problema es que todo esto debe pagarse de impuestos. En 2019, el monto destinado a este rubro fue de 746.000 millones de pesos, a lo que deben sumarse las cuotas patronales del gobierno al ISSSTE, y dan el total de 796.000 millones que en ese año se destinaron a pensiones. Para 2020 serán 872.000 millones. 

Este es el segundo problema: no hay reservas para pagar esto, de forma que hay que sacarlo del Presupuesto, año tras año. Si las cosas siguen como van, los máximos se alcanzarán en 2040 para el IMSS, 2035 para el ISSSTE, 2030 para el RJP del IMSS, 2026 para CFE y 2044 para Pemex. Digamos que por ahí de 2040 llegamos al máximo total, que será el doble, en términos reales, de lo que se pagó en 2019. 

No es fácil saber cuánto del Presupuesto se llevará este gasto, pero si consideramos que los especialistas estiman que el crecimiento promedio del PIB rondará el 1 por ciento durante los próximos diez años, la proporción actual, 3,6 por ciento del PIB, se elevaría a 5 por ciento para 2030, y 5,5 por ciento para 2040. No es algo inmenso (como sí lo es en Francia, Italia, Brasil, etcétara.), pero considerando que apenas recaudamos 13/14 por ciento del PIB en impuestos, pesa mucho. 

Nos falta el tercer problema, y comentar acerca del detonador del tema, la decisión de la Corte. Empiezo por lo segundo, topar las pensiones del IMSS a un máximo de 10 salarios mínimos (UMAs). Le decía que hay 700.000 personas que resultarían afectadas. En realidad, hay cerca de millón y medio de personas por encima de ese salario, pero estimo que la mitad son ya de la Ley 97, por lo que no les aplica la resolución de la Corte. Para más información, la mitad de esas personas tiene ingresos de más de 10 y menos de 15 mínimos, un tercio gana más de 20 mínimos, y el resto está en medio. 

El director del IMSS, afirmó que el Instituto seguirá pagando las pensiones con un máximo de 25 salarios/UMAs, aunque la Corte le haya dado la razón en su petición. Esto significa que si el IMSS decide darle a usted una pensión inferior, cuando intente ampararse, perderá. No necesariamente lo harán hoy, pero pueden hacerlo en cualquier momento, con cualquier persona. La Corte les cubre la espalda.

Esta medida implicaría arruinar a un trabajador de alto salario. Suponga que usted gana 100.000 pesos al mes, que son 32 mínimos. Usted cotizó topado a 25, y si no se le aplica la jurisprudencia, podría tener una pensión calculada con 78.000 mensuales. Si, en cambio, se la aplican (literal), entonces su ingreso caería a 32.000 pesos. Su tasa de reemplazo sería de 32 por ciento. 

Evidentemente se trata de salarios altos, que pocos ganan. Nada más el 8 por ciento de los trabajadores tiene salarios superiores a 10 mínimos. Pero que estas personas tengan un ingreso elevado no hace menos injusta la medida, me parece. 

Una tragedia similar espera a quienes cotizan en el IMSS bajo la Ley 97, por una razón distinta. La transformación del sistema de pensiones a cuentas individuales, de contribuciones definidas, fue una gran idea en términos de finanzas públicas, porque le quita al Estado el peso inmenso del que hablábamos ayer. Pero, al instrumentar este sistema, conocido popularmente como las Afore, las aportaciones se calcularon demasiado bajas: 6,5 por ciento del salario. Con ese ahorro, es imposible obtener una jubilación decente. 

Este problema podría resolverse rápido utilizando dos mecanismos. Primero, cerrando Infonavit y destinando desde ya el dinero al fondo individual de retiro; segundo, elevando paulatinamente la contribución hasta llegar a un razonable 15 por ciento. Mientras que con la contribución actual, el reemplazo sería parecido al caso afectado por la resolución de la Corte, 30 por ciento, con una contribución de 15 por ciento, estaríamos con reemplazos de 70 por ciento, nada mal.

Los problemas del sistema de pensiones son producto de décadas de uso político de instituciones que debían manejarse con criterios técnicos. El IMSS no guardó reservas porque desde su fundación lo obligaron a cobrar menos de lo debido; los trabajadores del Estado siempre recibieron más prestaciones que los privados, porque eran la fuerza de choque y de votos del partido en el poder (el PRI que tanto añora López Obrador, para que no haya duda). Y el arranque de las Afore en un momento complicado (justo después de la crisis de 1995), impidió establecer montos razonables. Esto último puede resolverse, pero urge. 

Lo otro, la implícita injusticia del sistema anterior, no creo que pueda resolverse, y habrá que administrar su fin, que tardará 20 años en llegar a su máximo. La enseñanza, espero, es que el uso de estas instituciones para obtener votos y apoyo resulta en costos muy elevados, que todos pagamos.

Este texto fue publicado originalmente en dos partes en El Financiero (México) el 6 y 7 de febrero de 2020.