Paraguay: Prejudicialidad para evitar el estado policíaco

El cobro y sanción de los impuestos es una de las armas predilectas de los colectivistas, de aquellos que colocan en un pedestal al Estado, como una divinidad ante la cual solo cabe arrodillarse. ¡Están equivocados!

Aquí en Paraguay, por ejemplo, existe un proyecto de ley cuya pretensión es derogar la prejudicialidad administrativa de modo a que la evasión impositiva ingrese directamente al ámbito criminal.

El argumento, al parecer, no ofrece reparos. Si el delito A (evasión) se encuentra sancionado en el libro B (Código Penal), no tendría que ser estudiado por las normas contenidas en C (Sumario Administrativo). Esta es la lógica de los defensores de la derogación de la prejudicialidad. El silogismo tiene visos de certeza, aunque no del todo.

Hay una premisa falsa. El ámbito penal en el tema tributario no ofrece las debidas garantías y abre las compuertas a un tipo de Estado del cual los paraguayos deberíamos despojarnos de una vez y del todo.

La derogación de la prejudicialidad, en efecto, significará una fuerte intervención estatal en un área, como el impositivo, que hará emerger todavía más los tentáculos del Leviatán. Hará su aparición el Estado policíaco con decisiones unipersonales por medio del Fiscal General del Estado, ya que éste será el que deberá promover la acción penal, tal como sostiene el proyecto legislativo.

La prejudicialidad no trata que la evasión tributaria quede impune. Ocurre que si desaparece la previa instancia administrativa, será el ámbito directamente penal el que deberá tratar el caso de evasión. De este modo se inicia lo que denomina la actividad investigativa y luego represiva del Estado.

La intervención criminal en un caso de evasión impositiva implica el más alto grado de intromisión sobre la libertad. Todos los contribuyentes, sin excepción, se verán expuestos a esa intromisión. Aun cuando el sujeto investigado termine por ser inocente, deberá cargar sobre las espaldas el peso del Leviatán con todas sus terribles consecuencias.

Tamaño problema se suscitará cuando la persona investigada que además de cargar con el estigma de sospechoso criminal por evasión, al final, no haya cometido la evasión sino un error equiparable a una falta y no a un delito. El manoseo al que será objeto dicha persona equivaldrá a que quede “marcado” no por ser infractor sino por delincuente.

Esta hecho conlleva al triunfo de un esquema maquiavélico. No interesan los medios con tal de llegar al fin. Y sin la prejudicialidad, la acusación de evasión será el fin más apetecido por las autoridades.

De ahí que lo correcto consiste en que, primeramente, se tomen en cuenta los elementos de la relación jurídica tributaria en sede administrativa, de modo a que si existieren las debidas razones para su reprochabilidad jurídica, entonces posteriormente se traslade al ámbito penal.

De derogarse la prejudicialidad se estaría convirtiendo al ciudadano en un permanente sospechoso de evadir impuestos, en un delincuente, con todos los efectos de daños y perjuicios que conlleva. Una sociedad debe ciertamente castigar a los criminales con la fuerza que la ley impone, pero no por ello debe pisotear los derechos de los inocentes.

En todas partes, los colectivistas no cesan de molestar al ciudadano colocándole encima de la cabeza la afilada espada de los impuestos. Lo único que les interesa es cobrar más y en controlar todavía más a la gente. El Estado de Derecho es apenas un discurso de boca para afuera. No les interesa un ápice garantizar la libertad y la propiedad de los individuos, precisamente las bases que permitieron el progreso de las naciones.

El Estado policíaco —el que controla, investiga y castiga sin más excusas que el de hacer cumplir la “ley”, es el mejor verdugo para todos aquellos que no comulgan con los intereses del gobierno de turno. El Estado policíaco que se introduce por el sistema tributario es el más adicto al chantaje y a la extorsión.