Paraguay: Los fondos públicos a la banca estatal
Víctor Pavón considera que "Los fondos públicos dirigidos nuevamente desde y por el Estado a través de la banca gubernamental es una invitación a la corrupción y la arbitrariedad en el uso de los recursos del pueblo, tal como ya sucedió en el país".
Por Víctor Pavón
De las diversas propuestas que casi a diario escuchamos a los políticos para proteger el dinero del pueblo y mejorar las condiciones de vida de la gente existe una que emergió días atrás y ya se encuentra en el congreso. El proyecto pretende que los recursos de las entidades públicas se depositen en el Banco Nacional de Fomento (estatal) de modo a que más gente acceda a créditos más baratos y así evitar la intermediación meramente lucrativa de los bancos privados. Se necesita, dicen los propulsores de esta iniciativa, que el dinero vaya hacia la economía productiva y no hacia la financiera.
La propuesta que proviene del partido pollítico Unace, sin embargo, resulta un discurso emocional cuyo propósito no es más que captar la adhesión ingenua de mucha gente. Es una muestra de un error que persiste por el desconocimiento de cómo funciona el mercado financiero. La propuesta de remitir los fondos públicos a la banca estatal no toma ni siquiera en cuenta de lo que ocurrió no hace mucho en el país.
La crisis bancaria que tuvimos en el Paraguay en 1995 probó que fue el propio Estado el que incentivó la debacle financiera de aquel momento. Mientras el propio Banco Central dejó que operaran “banqueros amigos” con poca experiencia y escaso capital, una rosca mafiosa financió sus propios negocios con el dinero de los ahorristas y hasta les dio el permiso para repartirse con los funcionarios del gobierno los fondos de la seguridad social (IPS) sobre la base de coimas y privilegios.
En su momento ni el Banco Central ni las autoridades de turno fueron capaces de evitar el gran fraude que significó la crisis bancaria. Los “expertos” bancarios que todavía dictan cátedra siguen cometiendo al igual que muchos políticos el mismo error. Consideran insignificante la relación entre la dirección empresarial y la propiedad. En un ambiente institucionalizado esto es clave porque solo así el propietario sabe que su mala o buena gestión tiene efectos sobre él y no termina cargando sobre las espaldas de otros las pérdidas ocasionadas. De ahí que el bancario propietario de la empresa es el que mejor sabe cómo asignar los recursos debido a que obtiene beneficios y responde personalmente por las pérdidas. Por supuesto, mientras no exista intervención estatal.
La calidad del bancario propietario es la mejor garantía para el uso del dinero del depositante, ya sea un privado o del mismo Estado. Pero la conducta prudente en el uso del dinero ajeno solo se da cuando confluyen la dirección empresarial y la propiedad. Por el contrario, esto no ocurre cuando un funcionario público tiene que realizar actividades de intermediación financiera.
A este funcionario no le interesa cuidar su buen nombre, pues está acosado por los intereses políticos que permean sus decisiones. En su análisis se sobrevalora las directivas del gobierno de turno y de ahí que la gestión del burócrata del gobierno que juega a bancario no es empresarial. Tiene este funcionario que cumplir una “función social”, indescifrable expresión que le impiden tomar decisiones de la empresa con eficiencia y racionalidad.
Además, en cuanto se refiere a la propuesta concreta, nada impide que se realicen licitaciones para dar transparencia al proceso de transferencia de los fondos públicos. Esto no es difícil de hacer puesto que solo se requiere que el mismo congreso adhiera los fondos públicos al sistema licitatario de modo a que se compita por esos recursos. Si lo que se pretende es que los fondos públicos contribuyan al desarrollo del país, pues nada mejor que la competencia decida por quiénes serán sus administradores a menos que se acepte la cualidad de monopolio que está prohibida por la Constitución.
También llama la atención que todavía se crea que existe una separación entre la economía productiva y financiera, como si fuera que lo financiero no fuera también productivo. Esta separación entre lo productivo y lo financiero está fuera de toda realidad. De hecho, el mercado financiero tiene el rol de coordinar a los agentes económicos para que los consumidores accedan a los bienes que desean.
El mercado financiero es la mejor herramienta de señal para los ahorristas de modo a que éstos se decidan a depositar su dinero sabiendo de los riesgos que toma para luego verse beneficiado en el futuro por los intereses que le redituarán su abstención de consumo presente.
A diferencia de lo que todavía muchos políticos pretenden hacernos creer, el mercado financiero privado es sumamente productivo. El constante proceso de cooperación que se da entre ahorristas e inversionistas reditúa en beneficio de muchísima gente —entre los que se encuentran los menos pudientes— al menor costo posible.
Los fondos públicos dirigidos nuevamente desde y por el Estado a través de la banca gubernamental es una invitación a la corrupción y la arbitrariedad en el uso de los recursos del pueblo, tal como ya sucedió en el país. Separar la gestión de los negocios de la propiedad es sumamente peligrosa porque permite la injerencia estatal por parte de los políticos en la administración de multimillonarias sumas de dinero que deben ser distribuidos bajo criterios de eficiencia y transparencia y no en base a parámetros de intereses partidarios en beneficio de las clientelas electorales meramente coyunturales.
Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 12 de diciembre de 2011.