Paraguay: Ley sobre tasas de interés, grave daño a la economía

El abuso de la ley sobre las tasas de interés tiene larga data. Fue el cobro de intereses sobre los préstamos el que más atrajo la atención de los gobernantes desde mucho antes de la era cristiana. Más avanzado en el tiempo, Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente, consideró inmoral una tasa de interés superior al 8 por ciento anual, y así terminó por afectar la oferta de crédito y el comercio no pudo desarrollarse por un largo período.

No es diferente a esta antigua decisión imperial, lo que acaba de aprobar la legislatura en nuestro país en relación a los topes a las tasas de interés para las tarjetas de crédito y débito. Para los bancos será 26 por ciento y para las financieras el 29,5, siendo la medida de relación el porcentaje no superior en tres veces las tasas pasivas fijadas por la banca central. ¿Por qué la ley no obliga directamente a que el interés sea del 24 o 20 por ciento? ¿Por qué tener que multiplicar por tres las tasas para obtener los intereses? ¿No sería mejor multiplicar por 2 y no por 3 como manda la ley?

En realidad cualquier respuesta es posible si la dejamos al arbitrio de la decisión política, sesgada de populismo. Sin embargo, ninguna respuesta sería correcta, a menos que se comprenda acerca de la naturaleza económica de las tasas de interés y de los límites a los que puede llegar el uso de la ley en una sociedad.

La naturaleza de la legislación es eminentemente coercitiva y el mercado es un orden de cooperación social. El interés podrá ser alto o no, dependiendo de varios factores en la dinámica natural de la oferta y la demanda, y es el resultado del intercambio voluntario de las empresas intermediadoras de dinero con las personas que ahorran e invierten en el mercado de capitales.

No son los políticos ni los legisladores los que mejor favorecen a la gente. Y es cuestión de ver lo que pasa con el Presupuesto público, en los hospitales y escuelas estatales, y ni que decir cuando se trata de seguridad, tareas todas ellas de directa incumbencia de los funcionarios, ya sean electos o administrativos. Con el tope obligatorio a las tasas de interés se perjudicarán miles de familias que hoy acceden a las tarjetas porque esta herramienta financiera es un crédito al instante, crédito que con esta nueva ley se volverá menos accesible.

Los daños se evidenciarán al momento en que los costos operativos alcancen el nivel del retorno del capital prestado representado por los nuevos topes de intereses. Los requisitos para acceder a las tarjetas se volverán todavía más estrictos y recaerán sobre la gente menos pudiente, aquellas familias cuyos salarios llegan al mínimo y un poco más. Las entidades financieras formales, por su parte, ciertamente se ajustarán a la nueva ley. Muchos acatarán la nueva imposición; otros migrarán hacia la informalidad. Y así surgirán nuevos prestamistas: ¡Los “usureros” a los que dicen detestar los que aprobaron la nueva ley, pero que su propia legislación los creará y en cantidad!