Paraguay: Ley de Educación, matriz filosófica y jurídica del proyecto

El proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores promueve el enfrentamiento entre la burocracia y la calidad, en la que la primera es privilegiada y por tanto saldrá ganando. La creación del Consejo Nacional de Educación Superior (Conaes) con atribuciones que obstaculizará a la calidad es, empero, consecuencia de una causa más profunda. Esta causa deviene de una línea de pensamiento que no debería ser desconsiderada, a menos que se desee continuar por el actual derrotero en nuestra educación.

Otra consecuencia de aquella filosofía implícita en el proyecto es la desatención a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) con apenas tres artículos en el proyecto. Si bien debemos remitirnos a la Ley 2072/03, llama la atención que no se ha mejorado ni la estructura ni las normativas que hacen a esta agencia, lo que hará perpetuar su ineficiencia y hasta ilegalidad actual.

Pero todo esto, vuelvo a decir, es una consecuencia. Veamos la causa. La pregunta que viene a colación es: ¿Por qué un proyecto o los varios proyectos presentados no han logrado un avance hacia la institucionalidad normativa y hacia la calidad educativa? Reconozco los aportes de las diversas instituciones involucradas al efecto; no obstante, en esta segunda entrega explicaré la razón por la que no hemos avanzado lo suficiente en la materia.

Todos los proyectos de ley sobre educación superior de los últimos años tuvieron añadiduras o parches, cuando que era la matriz la que adolecía de errores. Se pretendió hacer nuevos panes pero con la misma levadura. Para comprender mejor esto, me referiré a cómo se inicia toda una línea de pensamiento en la educación, como causante y real origen, por ejemplo, de aquella burocracia que mencionaba más arriba que indefectiblemente colisionará con la calidad.

La derivación de aquella línea de pensamiento se manifiesta expresamente en el documento cuando dice en el Capítulo ll de las Responsabilidades, Sección: De las Responsabilidades del Estado, artículo 4º: “Como bien público, la educación superior es responsabilidad del Estado, en cuanto a su organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional”.

La aceptación como bien público a la educación no es un tema menor, por el contrario, es la matriz misma de todo un argumento que se sostiene muy fuertemente en estos últimos años en la educación. A partir aquí todo el documento con media sanción de senadores discurre desde esta línea filosófica que termina por hacer emerger una serie de disposiciones concebidas desde una enorme burocracia en desmedro de la calidad.

Este es ciertamente un tema de debate que debería impulsarse en nuestras universidades. La educación ¿es un bien público? El proyecto dice que sí y de esta manera admite que el Estado no solo organiza la educación, sino también lo administra y lo dirige.

De organizar a...¿administrar y dirigir?

Una cosa es organizar, pero muy diferente es administrar y dirigir. Nuestra Constitución Nacional (CN) le atribuye al Estado la organización, pero no la administración y dirección como dice el proyecto de ley. La CN hace mención a este tema en los específicos artículos 75 y 76. En la primera parte del artículo 75 dice: “La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el Municipio y en el Estado”. En el 76 dice: “La organización del sistema educativo es responsabilidad del Estado con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extra escolar.”

La CN no dice que el Estado debe administrar, dirigir y gestionar la educación, como se manifiesta equivocadamente el proyecto de ley. Nuestra CN le otorgó ciertamente atribuciones al Estado con las que personalmente difiero en su concepción filosófica; pero, nuestra ley fundamental no fue tan lejos como pretende el proyecto, haciendo que el Estado además de la organización, también se dedique a la “administración, dirección y gestión”.

Como sabemos, una ley no puede otorgar a un órgano potestades que la CN no le ha atribuido. Entre otras razones, podemos citar aquí un principio elemental del derecho administrativo que reza diciendo que sólo está permitido lo que la ley exige, y en este caso, esa ley —de paso fundamental— es la CN.

Por supuesto, desde que el proyecto empieza a subvertir el sencillo pero necesario orden de prelación de las leyes, la corriente de pensamiento del documento empieza discurrir en diversas irregularidades e inconstitucionalidades. Es debido a estos inconvenientes, entre otros que iremos señalando, que el proyecto de ley cae en la premisa de la verdad absoluta que considera a la educación como un bien público, siendo éste el problema de fondo, la piedra filosofal.

Fue en el año 2008 que la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe definió a la educación como un bien público y describió las obligaciones estatales al respecto. A partir de aquí surgió esta línea filosófica que concibió a la educación como un derecho y no como un servicio, exigiéndose un rol preponderante del Estado.

Desafortunadamente esta concepción educativa está llevando a la educación del país hacia un modo de concebir la pedagogía como un privilegio concebido desde el Estado. Esto no debería ser aceptado sin un amplio y necesario debate a nivel nacional, más aún cuando que las universidades son los mejores centros de disputa de ideas y de tolerancia. La educación concebida como un bien público no hace más que perseguir el mismo objetivo: continuar por una senda equivocada y fracasada. Y de nuevo se está haciendo lo mismo, como en efecto lo prueba la reciente media sanción en el Senado del proyecto de educación superior.

Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 12 de noviembre de 2012.