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Hasta 1994, las elecciones en México tenían un competidor con ventaja. El partido en el poder hacía uso de los recursos públicos para su promoción, incluyendo no sólo propaganda y movilización, sino la amenaza de quitar a las personas los programas sociales, la ayuda asistencial que recibían. La reforma electoral de 1996, la creación del IFE controlado por ciudadanos, se hizo para evitar que esto continuara. Y así fue por 25 años, pero ya no más.

López Obrador no sólo inventó un instrumento para promoverse, que llaman ‘revocación’, sino que él y su gente están haciendo uso de recursos públicos para que su farsa tenga éxito. Lo hace el Presidente en sus mañaneras, lo hicieron secretarios de Estado el fin de semana, incluso viajando en aviones oficiales, y lo demuestran cientos de espectaculares y miles de brigadas y volantes. En ellos, por cierto, se dice a las personas que si no votan por López perderán sus apoyos asistenciales.

Especialmente grave es la participación del responsable de la Guardia Nacional en actos de promoción electoral (prohibidos por la ley), que se suma al distintivo que ha circulado en redes, de su corporación, que proclama lealtad “a la patria y al Presidente”.

Prácticamente dos terceras partes de los mexicanos nacieron en 1982, o después. Tenían 12 años cuando ocurrió la última elección presidencial sin democracia, y la misma edad cuando tuvimos la última crisis de fin de sexenio. No pueden recordar, porque no lo vivieron, ese tiempo en que era difícil conseguir productos, porque escaseaban. No vivieron los años en los que los precios cambiaban cada semana, o cada día. No les tocó ver cómo cada administración terminaba en una catástrofe por falta de recursos. Tal vez hayan escuchado de esa época, pero no la vivieron.

Tal vez por eso fueron convencidos con facilidad de que convenía regresar al pasado. Creyeron en una edad de oro que se perdió debido a los conservadores y neoliberales. Se sumaron entonces a quienes querían regresar al pasado porque ahí habían tenido privilegios: los damnificados de las reformas.

Bueno, pues tenemos el paquete completo: un Presidente autoritario, un entorno genuflexo, derrumbe institucional, menosprecio a la ley, multitudes adictas a las limosnas, y también estancamiento, inflación y crisis fiscal. Ya sin capacidad de gobernar (aunque cuando la tuvo, no supo usarla), el Presidente se embarca en la fuga hacia delante. Así ocurrieron las expropiaciones de tierras de Echeverría o la estatización bancaria de López Portillo, en la desesperación del fracaso.

Sin la institucionalidad informal del viejo régimen autoritario, y con las instituciones democráticas debilitadas, la conducción de esta crisis económica, política y social es, como dicen los cronistas deportivos, de pronóstico reservado. Los defectos de personalidad de López Obrador, incluso superiores a los que sufrió Luis Echeverría en su gobierno, incrementan considerablemente el riesgo. Tal vez por ello también sus colaboradores muestran menos espina dorsal de la que tenían los priistas de los 70, notables batracios.

Todo lo que estamos viviendo era previsible, y se dijo a tiempo. Los detalles pueden variar, pero era claro que López Obrador buscaría concentrar el poder en sí mismo, que sus colaboradores serían incapaces y abusivos, que debilitarían las instituciones buscando perpetuarse en el poder, y que provocarían problemas económicos considerables. Algunos se dicen sorprendidos porque no pensaban que la destrucción fuese tan grande; otros insisten en que no ha sido tal, porque han sido cuidadosos con las finanzas públicas. Dentro de poco dirán que no sabían que en eso también los engañaban.

Lo que viene también es previsible. Los detalles pueden variar, claro.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 4 de abril de 2022.