Otra vez el mismo cuento de los controles de precios
Natalia Motyl explica las tres consecuencias de fijar precios máximos: provoca escasez, se crean mercados negros y a cada intervención estatal le siguen cada vez más intervenciones.
Por Natalia Motyl
Allá por el año 301, un emperador romano Diocleciano intentó mediante lo que se denominó “Edicto sobre precios máximos” regular los precios generales de la economía romana. Dicha norma fijaba precios máximos para más de 1.000 productos y, asimismo, establecía el costo de mano de obra de su producción.
En realidad, fue una “solución” por parte de las autoridades romanas a un problema que ellas mismas habían ocasionado: la pérdida del valor de la moneda romana por exceso de emisión de la misma. Para poder pagar las suntuosas fiestas de los emperadores y funcionarios romanos o financiar las guerras que ellos mismos disparaban se emitió moneda y eso generó la devaluación de ésta, con su posterior efecto sobre los precios. No obstante, el remedio fue peor que la enfermedad ya que provocó una escasez de los bienes, como se continuó emitiendo la inflación no aminoró y los precios máximos quedaron demasiado rezagados. Los productores de esos bienes tenían tres caminos: dejar de producir, comenzar a utilizar el trueque o vender en el mercado negro. En todo caso, ninguno de los tres caminos terminó beneficiando a los individuos, sino que, todo lo contrario, desembocó en productos de cada vez peor calidad o que sencillamente no se conseguían.
Siendo 2019, la discusión sigue siendo la misma. Los políticos argentinos continúan debatiéndose una política que jamás tuvo ninguna efectividad. La persistencia de aplicar políticas que nunca funcionaron es increíble. Nuestro país pareciera que no posee curva de aprendizaje y terminamos tropezando con la misma piedra una y otra vez. Lamentablemente, los más perjudicados somos los argentinos.
La fijación de precios máximos tiene tres consecuencias que contraen el bienestar de los individuos. Por un lado, provoca escasez de esos productos porque, al abaratarse frente a la inflación hace que la demanda suba y, además, contrae la oferta ya que los márgenes de ganancias se achican. Por otra parte, el control de precios fomenta las prácticas ilegales y el mercado negro. Como los productos comienzan a escasear terminan proliferando los nichos ilegales, obviamente con los riesgos que eso implica para el individuo y perjudicando al mercado oficial. Por último, la intervención genera más intervención. Es muy probable que los individuos se vuelquen a otros productos no intervenidos ya que o bien al poder acceder a los intervenidos a un precio menor su poder de compra sube o bien ante la escasez de estos necesiten hallar complementarios. Lo cierto, es que, ante la mayor demanda de estos bienes, naturalmente, hará subir los precios y ésta subida también conducirá a que a la larga se intervenga a estos sectores. Al final del día sólo se logrará coaccionar aún más las libertades económicas individuales y el bienestar general de la economía se verá afectado.
La cuestión es por qué se sigue aplicando este tipo de políticas tan contraproducentes a pesar de las consecuencias negativas que acarrean.
En primer lugar, en la concepción popular fueron implementadas como reflejo de la “compasión” del político, así que es bien visto que el gobierno de turno de una solución a un problema que ellos mismos generaron: la inflación.
En segundo lugar, sirve para echarle la responsabilidad de la inflación a determinados sectores económicos en vez de entender que la inflación fue consecuencia de las malas decisiones políticas como es el caso de la inflación.
Por último, y aún más grave, favorece el lobby político, es decir, a los que tienen más llegada a los grupos políticos dominantes del momento terminan beneficiándose con este tipo de medidas a través de los tratos preferenciales. Muchas veces cuando las empresas comienzan a tener pérdidas se las subsidia para que puedan seguir produciendo. Obviamente, el subsidio es pagado por los contribuyentes y con el tiempo terminan beneficiando solo determinados sectores a costa del resto.
En definitiva, los controles de precios terminan agravando el problema. La solución es atacar verdaderamente el problema: la inflación. Maquillarlo no sirve de nada ya que terminaremos empobrecidos todos aún más.
Este artículo fue publicado originalmente en Fundación Libertad y Progreso (Argentina) el 27 de noviembre de 2019.