Obligaciones estatales frente a obligaciones privadas en materia de vacunas
Jeffrey Miron y Karthi Gottipatti señalan que los liberales distinguen entre los mandatos impuestos por el Estado y aquellos impuestos por entidades privadas.
Por Jeffrey A. Miron y Karthi Gottipatti
Una importante controversia durante la pandemia de COVID-19 giró en torno a los mandatos de vacunación, impuestos tanto por los gobiernos como por entidades privadas, como los empleadores. Gran parte del debate no distinguió entre los dos tipos, tratando todos los mandatos como una sola cuestión, ya fuera a favor o en contra. Un ejemplo es la orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, que prohibía a todas las organizaciones, públicas o privadas, imponer mandatos de vacunación de cualquier tipo.
Los liberales, sin embargo, distinguen entre los mandatos impuestos por el Estado y los establecidos por entidades privadas, haciendo hincapié en las consecuencias no deseadas y potencialmente perjudiciales de los mandatos estatales. Por ejemplo, un estudio sugiere que tales mandatos erosionan la confianza pública en las instituciones estatales y, paradójicamente, hacen que las personas reacias a vacunarse estén aún menos dispuestas a hacerlo.
Dicho esto, los liberales defienden el derecho de las entidades privadas a exigir la vacunación a sus empleados, clientes u otras partes interesadas.
Un estudio reciente ilustra la eficacia de este enfoque del sector privado:
Nuestros hallazgos revelan que los mandatos de vacunación de los empleadores aumentaron significativamente las tasas de vacunación del personal. Esto tuvo efectos salvadores en la salud de los residentes de residencias de ancianos, que experimentaron reducciones tanto en los casos de COVID-19 como en la mortalidad. Por cada dos instalaciones que aplicaron un mandato, se salvó aproximadamente una vida. Teniendo en cuenta que una residencia de ancianos típica sólo alberga a 100 residentes, este impacto es sustancial.
El éxito de las medidas voluntarias y descentralizadas subraya el poder de la toma de decisiones impulsada por el mercado. Empleados y clientes conservan la libertad de elegir dónde trabajar y comprar, lo que permite que las mejores prácticas surjan de forma natural, sin coacción estatal.
En resumen, cuando las empresas privadas toman la iniciativa en la protección de la salud y la seguridad públicas, ofrecen una alternativa viable a los amplios mandatos impuestos por el gobierno.
Este artículo apareció en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 5 de marzo de 2025.