Nueva norma de la FCC sobre precios "todo incluido" para el cable y el satélite

En el último esfuerzo del gobierno de Joe Biden por combatir las "tarifas basura", la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó el 14 de marzo la imposición de "precios todo incluido" a los proveedores de banda ancha y de televisión directa por satélite (DBS).

De acuerdo con la nueva norma, los proveedores de cable y DBS deberán indicar el precio global de sus servicios en una sola línea en las facturas de los consumidores y en los materiales publicitarios que indiquen un precio. La FCC cree que así se evitará que los consumidores se vean sorprendidos por tarifas inesperadas que se les repercuten, como la obligatoria "tasa por emisión de TV o el recargo por programación deportiva regional".

Asegurarse de que estas tarifas estén representadas en un precio total por adelantado "permitirá a los consumidores comparar precios", dice la FCC, sin que se les induzca a pensar que estos cargos son impuestos por el gobierno.

¿Quién podría oponerse a revelar por adelantado el precio total de un servicio de programación de vídeo? Comparada con otras normativas sobre "tasas basura" que controlan los precios (comisiones de demora de las tarjetas de crédito) o hacen pagar a todos los clientes por prestar servicios a otros (prohibición de que las aerolíneas cobren a los padres en los billetes económicos básicos por garantizar los asientos con sus hijos), esta normativa puede parecer un alboroto por nada.

Las empresas pueden seguir desglosando las facturas para ofrecer a los consumidores detalles pormenorizados, incluida la identificación de estos cargos, así como "los cánones de franquicia, los cánones de acceso público, educativo y gubernamental... y otros... cargos impuestos por el gobierno", o los costos de equipamiento. Así que no se pierde mucho en transparencia con esta agrupación.

Sin embargo, incluso una normativa aparentemente inocua que obligue a publicar todos los precios puede crear confusión y distorsionar la competencia.

Los proveedores de este sector suelen realizar campañas publicitarias nacionales. Sin embargo, sería casi imposible anunciar un precio global a escala nacional, dada la variación regional de las tarifas de las redes deportivas. Por tanto, un precio "todo incluido" sería invariablemente erróneo para un gran número de clientes potenciales. Entonces, ¿cómo debería representarse? Los proveedores tendrían que mostrar una vertiginosa gama de precios regionales, seleccionar el precio nacional más alto, que sin duda sería erróneo para la mayoría de los clientes, o simplemente no anunciar los precios a nivel nacional. ¿Sería alguna de estas opciones más clara y transparente para los clientes?

Además, los precios "todo incluido" podrían desincentivar el uso de paquetes, que benefician a un amplio abanico de consumidores gracias a los descuentos y el aumento de la oferta. A menudo, la televisión por cable o satélite se combina con servicios de voz y paquetes de banda ancha. Este reglamento impone un precio independiente para los servicios de programación de vídeo cuando las empresas anuncian ese paquete por precio. Esto no sólo significa que las empresas tienen que calcular un subprecio donde actualmente no existe, sino que es probable que resulte increíblemente confuso para los clientes con distintas preferencias de servicio.

La norma también puede distorsionar la competencia, dado que cubre a los proveedores de cable y DBS, pero no a competidores como los servicios de streaming en línea. La FCC diría que eso se debe a que sólo las empresas de cable y satélite afrontan y repercuten estas tarifas obligatorias. Pero eso no es del todo cierto. Algunos servicios de streaming deportivo, como Fubo, cobran tasas deportivas regionales. Por tanto, Fubo seguiría siendo libre de anunciar un precio base que excluyera las tasas, mientras que los proveedores de cable y DBS no lo harían.

Estas empresas también suelen diferenciarse mediante ofertas estratégicas, como diversas selecciones de canales y diferentes condiciones de servicio, a menudo a través de ofertas promocionales. No sólo compiten en precio. Direct TV señala que su paquete básico "Entretenimiento" tiene 165 canales, por ejemplo, frente a los 190 de DISH y los 125 de Xfinity en su paquete "Popular". Las ofertas también pueden dar a los clientes la oportunidad de probar ciertos canales premium durante varios meses, que luego pueden cancelar. ¿Tendría que cubrir una regulación de precios "todo incluido" el coste de los canales de los que los consumidores podrían renunciar tras un periodo determinado en un contrato? Y si no es así, ¿cómo se representaría con exactitud ese acuerdo?

Aparte de estas consecuencias, también preocupa la base jurídica de esta normativa. Muchas partes interesadas de la industria, junto con dos comisionados de la FCC, afirman que la FCC carece de autoridad para imponer normas de divulgación de precios más allá del alcance de la Ley de Protección del Espectador de Televisión de 2019 (TVPA). La TVPA ordena divulgaciones en el punto de venta para la programación de video, pero no se extiende a la regulación de los precios en la publicidad ni delega el poder de reglamentación a la FCC.

El Comisario Carr añade que la FCC se da cuenta de esto e intenta recurrir a otras partes de la ley para justificar esta reglamentación, pero tampoco son convincentes. Concluye que "este asunto es un ejemplo más de la nueva normalidad en la FCC. Después de tres años de moderación, la Comisión se arroga ilegalmente la autoridad sobre todos los aspectos del negocio de un proveedor de comunicaciones. En este punto, sólo los tribunales pueden poner fin a esta cruda afirmación de poder".

Aunque una norma de precios "todo incluido" para los proveedores de cable y DBS puede parecer de sentido común, sirve como ejemplo de cómo las medidas reguladoras contra las "tarifas basura", incluso las aparentemente benignas, pueden tener consecuencias imprevistas. La compleja naturaleza del sector de la programación de vídeo, combinada con las obligaciones impuestas por la norma, amenaza con reducir las posibilidades de elección del consumidor y fomentar la confusión, al tiempo que inclina la balanza hacia unos proveedores en detrimento de otros.

Para más información sobre la cruzada de la administración Biden contra las "tarifas basura", consulte aquí y aquí.

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Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 18 de marzo de 2024.