Secretismo sobre el acuerdo para que presos de Guantánamo vengan a Uruguay

Los uruguayos están preocupados. Y no les falta razón. En momentos en que el mundo mira horrorizado la cruel tiranía y las masacres perpetradas por el Estado Islámico (ISIS) en Siria e Irak, se enteran de que mediante un arreglo secreto, los presidentes José Mujica y Barack Obama de Uruguay y EE.UU. respectivamente, acordaron que nuestro país recibiera a seis presos de Guantánamo.

Con respecto a este tema, es conveniente recordar que el grupo extremista Estado Islámico es una derivación de Al-Qaeda. Se le considera la “segunda generación” de esa organización. Manuel R. Torres —catedrático del curso Análisis del Terrorismo Yihadista, Insurgencias y Movimientos Radicales, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España)— expresa, que se presume que actualmente 20.000 combatientes integran Al-Qaeda y sus filiales. Entre los que están luchando actualmente en Siria e Irak, muchos son occidentales. Hay varios ingleses, alemanes, franceses, holandeses e italianos.

Torres señaló que el fenómeno del terrorismo yihadista es complejo y multiforme. Es posible encontrar organizaciones formales como “Al-Qaeda Central” y sus extensiones regionales pero también células y redes que operan con independencia, aunque inspirándose en el “relato común”. Lo más preocupante es que asimismo atrae a individuos aislados que —a pesar de no tener vinculación religiosa con los grupos originarios— se suman a esa lucha apoyándola a través de diferentes vías o “emprendiendo sus propios proyectos terroristas”.

No es un secreto que este tema tiene alarmado al mundo desarrollado. Pero también es una gran verdad, que en Uruguay este temor no existe. Es por esa razón que la inmensa mayoría de los uruguayos no entienden cuál es el sentido de ese acuerdo. Por qué buscarnos un problema que no tenemos ni es nuestro. Por otra parte, los presos de Guantánamo son el símbolo más elocuente de que Al-Qaeda logró en gran medida su objetivo de debilitar a la democracia republicana y liberal de EE.UU. Desde ese 11 de septiembre de 2002 la instituciones libres de ese otrora gran país, vienen en franco deterioro. La Ley Patriota es uno de los desatinos más grandes.

La inquietud de los uruguayos se ve incentivada por las actitudes del Mujica y de la embajadora estadounidense en nuestro país, Julissa Reynoso. El secretismo y las evasivas rodean todo el arreglo. Ese “acuerdo” —cualquiera sea su naturaleza— no ha pasado por el Parlamento para ser “aprobado o reprobado” como determina la Constitución. Tampoco la ciudadanía ha sido informada adecuadamente a pesar de ser un tema tan delicado. Nadie sabe en qué condición llegarán los presos. ¿Podrán movilizarse libremente por nuestro territorio? ¿Podrán salir y volver a entrar? ¿Traerán a sus familiares a vivir aquí? ¿Cómo saber que esos parientes no militan en organizaciones de fanáticos islamistas? Toda esta situación ha provocado que según la última encuesta, al 58% de los uruguayos les parezca “mal” que nuestro país reciba a esos reclusos.

Para enturbiar aún más el asunto, Mujica declaró que “algo” se iba a llevar a cambio de ese trato. En las tinieblas permanece qué fue.

Lo peor de todo es que a Mujica la queda poco tiempo como presidente. A fines de octubre habrá elecciones nacionales, y deberá entregar el poder el 1 de marzo de 2015. En función de esa realidad, los líderes opositores criticaron al Ejecutivo por no haber consultado a los candidatos presidenciables antes de acordar el traslado de los detenidos, y reclamaron que el acuerdo debe pasar por el Parlamento.

Por su parte Luis Lacalle Pou, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional —con claras chances de salir triunfador en los comicios— ha expresado que rechaza la llegada de esos reclusos. Su posición provocó el “disgusto” mal disimulado tanto de Mujica como de la embajadora Reynoso.

Mujica declaró públicamente que “Salen a romper las pelotas con esto por cuatro votos miserables”. Y en su alocución radial semanal expresó: “una vez que te enteraste que hay cerca de 200 tipos que se la comieron de garrón y que fueron tirados como tarro al basural, y vos pudiendo hacer algo que no pudieron hacer los otros por contradicciones electorales, ¿no das una mano por cobardía? (...) No se puede ser en el mundo un alma tan podrida”.

Por su parte la embajadora Reynoso deslizó veladas amenazas. Afirmó que “la buena disposición” que existe actualmente por parte de la administración Obama hacia Uruguay, podría “verse afectada por un cambio de posición” sobre esta materia. Agregó, que “quizás lo que pueda ocurrir es que las relaciones a futuro no estén al mismo nivel”.

Además, para endulzar la situación, los estadounidenses afirman que los reclusos seleccionados para venir a nuestro país son de “bajo riesgo”. Pero es sumamente llamativo que su Congreso impida liberarlos allí. Justamente por esa razón, es que Obama pretende trasladarlos a otras naciones. Encima, desde que las autoridades justificaron la invasión a Irak en época de George Bush Jr. con el “cuento” de que Saddam Hussein poseía “armas de destrucción masiva”, la credibilidad de los gobernantes de ese país está muy venida a menos.

Ahora se dice que supuestamente vendrían en calidad de “refugiados”. Y esa catalogación nos lleva al verdadero meollo de esta cuestión. Si esos reclusos son “refugiados”, entonces significa que vienen huyendo de un gobierno tiránico. De un lugar donde no se respetan las garantías del debido proceso ni los derechos humanos. Un lugar donde, parafraseando a Mujica, a ciertas personas se las trata como “basura”. ¿Tan bajo han caído las autoridades estadounidenses que ni siquiera se dan cuenta de la “etiqueta” que aceptan tan gustosamente? ¿Han perdido hasta la vergüenza?

El tema de los presos de Guantánamo viene torcido desde hace muchos años. Lo originaron los gobernantes estadounidenses y a ellos les corresponde enderezarlo de acuerdo a las pautas de un Estado de Derecho. Esas personas deberían ser sometidas a un proceso justo, llevado adelante por jueces imparciales. Y, si son hallados inocentes, deberán ser tratados como hombres libres y resarcidos por todo el daño injustificado que se les causó.