El progreso humano depende de la sociedad civil, no de la política
Miguel Collado Di Franco considera que "La realidad es que la burocracia, la forma de coordinación empleada por todos los gobiernos del mundo y usada, por ende, para ejecutar el gasto público, no es superior al sistema de precios, empleado por la sociedad civil diariamente".
La economía consiste de cosas reales, cosas materiales. La riqueza, por ejemplo, no se mide por el dinero en circulación, sino por la cantidad de bienes y servicios que las personas pueden adquirir con este. El dinero no es riqueza; es solo un instrumento que empleamos para poder tener acceso a la gran cantidad de recursos que producen diariamente millones de individuos en el mundo. Si los billetes y monedas no pudieran comprar bienes y servicios, los mismos carecerían de cualquier valor. Solo basta pensar en el naufrago que se queda varado en una isla desierta con la billetera llena de dinero: muchos billetes pero nada que adquirir para satisfacer sus necesidades.
La anterior es una enseñanza tan fundamental que debiera aprenderse en la escuela, ni siquiera en una clase de economía. Entender esa lección ahorraría muchas horas de confusión para nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo y, por tanto, para diseñar políticas públicas con resultados efectivos. Es decir, que favorezcan las condiciones que crean riqueza y permiten el desarrollo humano.
El bienestar material de las personas deviene de la producción de bienes y servicios en la economía. De las cosas reales, como dijimos. Como consecuencia, los salarios que ganan los empleados son determinados por la capacidad de estos de poder contribuir al aumento de la riqueza de la sociedad por medio de la producción de bienes y servicios. En la manera como los empleados agregan valor y aumentan la producción de los productos que ofertan sus empleadores, pueden percibir una mayor remuneración. Si contribuyen a aumentar la producción, es por un aumento en su productividad, y el precio al que pueden ofertar su trabajo se incrementa. Cuando el trabajo puede ser ofertado por mayor valor, aumentan los ingresos de los empleados y pueden consumir más bienes y servicios, aumentando su bienestar y prosperidad material.
Es decir, detrás del salario tiene que haber una herramienta fabricada, un mueble diseñado, una camisa cosida, un plato de comida servido, una entrada de cine vendida o una vivienda construida. Por tanto, el monto del salario de cada empleado que trabajó en cada proceso productivo de la economía dependerá de su capacidad particular para contribuir con la producción de la herramienta, del mueble, de la camisa, del plato de comida, de la entrada de cine o de la vivienda.
De igual forma, el empresario, el emprendedor, el cuentapropista, o como queramos llamarle, aumentará sus ingresos y, potencialmente, sus beneficios, en la misma forma en que pueda usar los recursos de que dispone de forma eficiente para producir algo de valor para la sociedad. Es decir, si la camisa, la herramienta o la vivienda mencionadas anteriormente son valoradas por los consumidores, estarán contribuyendo con la sociedad y con la creación de bienestar y mayor riqueza para todos.
De lo anterior se desprende que los beneficios de los emprendedores y los salarios de los trabajadores dependen de la forma como puedan mejorar la calidad de vida de los demás. Esto se verifica constantemente alrededor del mundo, desde los mercados más simples a los más complejos. También se verifica, en consecuencia, que la riqueza del mundo no aumenta por legislaciones o decretos que pretendan incrementar los beneficios de los emprendedores o los salarios de los trabajadores.
La evidencia demuestra que los países donde los gobiernos emplean más mecanismos de intervención sobre la economía es donde se produce un menor nivel de progreso económico. Cuando empleados y emprendedores no pueden guiar los procesos productivos para complacer a los consumidores, se detiene el avance humano. De lo contrario, no existiría una diferencia tan grande en calidad de vida entre Corea del Norte y Corea del Sur; y de no ser así, la antigua URSS todavía existiría; y, de igual forma, China no hubiera iniciado una serie de reformas económicas para permitir que sus ciudadanos puedan participar en actividades creadoras de riqueza y bienestar.
Pensar que se puede incrementar el gasto público para generar mayor demanda en la economía con la intención de crear riqueza implica dejar a un lado la manera como ésta última se genera y que describimos anteriormente. Ningún país se ha desarrollado por medio de emisiones de deuda o por la impresión de billetes. Tampoco lo ha hecho porque la forma de organizar la producción y el uso de los factores haya sido decretada. Por analogía, los países no son más prósperos porque alguien haya decidido qué cantidad de gasto público debe invertirse en la adquisición de bienes de capital, o en el aumento de la provisión de bienes públicos, o en el incremento en el empleo público.
Hasta acá es claro que son los individuos, cooperando voluntariamente para satisfacer la demanda de bienes y servicios de sus congéneres, quienes crean riqueza y prosperidad dentro de un ambiente institucional propicio al desarrollo. Sin embargo, como expresa Brian Mannix, investigador del Mercatus Center de la George Mason University, “las soluciones planificadas parecen superiores a las soluciones no planificadas del mercado en cualquier modelo o análisis” (en inglés). Aparentemente, a los seres humanos se nos hace difícil entender que todo el progreso que hemos alcanzado es producto de la acción humana, no del diseño humano, como expresara F. A. Hayek. Cuando no podemos entender esto, pensamos que las acciones que provienen de un plan particular, conseguidas por medio de mayor gasto público, sea este financiado con endeudamiento, con impuestos o por impresión de dinero, son las que generan el progreso humano.
Cuando se verifica lo anterior, es necesario tener en cuenta otra sencilla pero importantísima lección de economía que se deriva de Henry Hazlitt y su libro Economía en una lección. Sus enseñanzas han mostrado a varias generaciones de economistas y no economistas que existen consecuencias visibles y no visibles de las políticas públicas. En economía, en la vida en sociedad en general, es necesario tener en cuenta que hay medidas que en ocasiones son difíciles de apreciar, pero que tienen efectos negativos para la prosperidad humana. Por tanto, todas las políticas públicas deben ser muy bien ponderadas independientemente de las buenas intenciones con que se elaboren, ya que lo relevante son los resultados reales de estas, no los objetivos iniciales con que se formularon.
Entre las consecuencias no tan evidentes se encuentra el efecto sobre quiénes tienen que financiar la demanda de mayor gasto público. El aumento en el gasto público significa dinero que los contribuyentes dejaron de usar para pasarlo al gobierno, lo cual es, en otras palabras, un sacrificio que hacen los ciudadanos. Ese sacrificio se traduce en menor actividad generadora de riqueza, y en que los recursos escasos no sean empleados en su mejor uso alternativo.
En la mayoría de las sociedades, la nuestra incluida, predominan los mecanismos del mercado, así como los sistemas democráticos. Ambas son formas de elección empleadas por los ciudadanos. La diferencia entre ambas radica en que la primera, la cooperación en los mercados, permite que los individuos expresen diariamente, y en cualquier momento, sus preferencias. Es decir, en todo momento los ciudadanos son soberanos de tomar las decisiones que entienden les favorecen, dadas sus preferencias en cada circunstancia. Estas preferencias se expresan, y se coordinan, de forma espontánea por medio del sistema de precios. Es así como se producen las decisiones que conllevan al accionar que genera riqueza en el mundo, y que describimos al principio.
La otra forma de elección, el mecanismo político, no se traduce en soberanía del individuo, contrario a los sistemas de mercado. El sistema político de elección ofrece muy pocas oportunidades a las personas de revelar sus preferencias, y el mecanismo de elección se limita, la mayoría de las veces, a una vez cada cuatro años. Cuando priman las decisiones políticas sobre las de los individuos, se degrada el uso de los recursos escasos de que disponemos los seres humanos. En ese caso, la literatura económica y en particular, la teoría de la elección pública, nos recuerda que los funcionarios públicos son seres que no son diferentes del resto de la humanidad. Como tales, tienen sus propias preocupaciones, su visión de lo que es bueno y malo, sus metas particulares, y sus creencias de cómo alcanzarlas. En consecuencia, sus decisiones no siempre estarán alineadas con el interés de los votantes —de ahí que el desencanto con gobernantes y funcionarios sea un fenómeno internacional.
Pero aún si existiera una coincidencia de intereses e intenciones, la organización gubernamental no permite recoger la información dispersa en la sociedad que se coordina por medio del sistema de precios, como brillantemente explicó Hayek en su ensayo "El uso del conocimiento en la sociedad". La realidad es que la burocracia, la forma de coordinación empleada por todos los gobiernos del mundo y usada, por ende, para ejecutar el gasto público, no es superior al sistema de precios, empleado por la sociedad civil diariamente. Si lo fuera, la forma de gobierno dominante sería la que prevalece actualmente en Corea del Norte, y ese sería el modelo económico a seguir por el resto de la humanidad.
El buen funcionamiento del Estado, en cualquier sociedad, es una condición para el desarrollo, partiendo de que del mismo se desprenden las instituciones —reglas del juego estables e iguales para todos— que generan las condiciones para crear riqueza. Sin embargo, esto no implica que el gasto público debe ser un instrumento para intentar crecer y desarrollar la economía. Ignorar las buenas lecciones que nos brinda la historia de la humanidad implica retrasar el progreso en República Dominicana, y evitar la movilidad social para que más personas salgan de la miseria material en que se encuentran.
Este artículo fue publicado originalmente en CREES (República Dominicana) el 10 de julio de 2014.