Perú: Sobre la propuesta de prohibir bebidas energizantes para niños

El congresista Tomas Martín Zamudio Briceño, de las canteras del humalismo, ha presentado un proyecto de ley que propone prohibir el consumo de bebidas energizantes a menores de 18 años. Estas bebidas serían entonces tratadas como si fueran bebidas alcohólicas. Ya no solo no le podrán vender a los menores una cerveza o un pisco, sino tampoco un Red Bull.

Quizás incentivado por el síndrome Jaime Delgado (ese que lleva al legislador con iniciativa y sin criterio a prohibir todo lo que se le cruce por delante), el Sr. Zamudio cree que puede hacer el bien, pero no solo sin mirar a quien, sino sin mirar a nada ni a nadie. Es decir, sin investigar ni un poquito para entender las consecuencias de lo que quiere hacer.

Basta leer el proyecto y su exposición de motivos para descubrir que es un adefesio. Uno esperaría encontrar en la exposición de motivos, primero, cual es el sustento científico y técnico en el que se basa (efectos de las bebidas energizantes, estadísticas de su consumo y de sus males) y, segundo, un análisis costo-beneficio de sus consecuencias.

De una lectura de las parcas dos y media páginas que le sirven de base, solo tres párrafos se dedican al sustento técnico. La referencia señala “conforme señalan estudios…” y adjuntado a esta hay un link que te envía a una página web. Por curiosidad decidí entrar. Cuando esperaba encontrar un voluminoso y sofisticado estudio de alguna universidad o centro de investigación, este link me llevó a una noticia en un periódico mexicano. Y cuál no fue mi sorpresa cuando me percaté de que los párrafos de la exposición de motivos del proyecto no eran sino una copia literal (y sin entrecomillado) de una mera noticia de un periódico extranjero, que a su vez no indicaba cuál era su base técnica. Ni siquiera pirateó una fuente científica.

Me pregunto qué seriedad puede tener un proyecto con tan absurdo fundamento.

Pero peor aun es el análisis costo-beneficio que el Reglamento del Congreso exige debe tener todo proyecto de ley para ser admitido a trámite. No se me ocurre mejor idea que transcribirlo literalmente:

“El proyecto de ley propuesto no irroga gasto al erario nacional, pues no existe inversión que se tenga que hacer que genere gastos al fisco, pues es aplicable a las relaciones de derecho público y privado tiene como objetivo establecer normas que regulen su uso pues es obligación de la sociedad y del Estado en la adopción e implementación de políticas públicas, de carácter prioritario, en materia de salud” (Sic, errores de redacción en el original).

No solo es un trabalenguas que no dice nada (¿entiende usted cuales son los costos y el balance con los beneficios?), sino que además lo poco que dice es falso.

Primero, ¿quién le ha dicho el congresista que no habrá gasto? ¿Cree que es posible hacer cumplir una prohibición sin fiscalizar? ¿No sabe que para fiscalizar hay que usar recursos y que eso cuesta al fisco?

Segundo, ¿quién le ha dicho que el gasto público es el único costo? El Estado dejará de recibir impuestos por las ventas del producto, lo que es un costo. Pero además existirá (y es el más importante) el costo para los privados que se verán impactados por la norma de distintas maneras (pérdidas de ingreso, reducción de empleo, etc.).

Tercero, ¿dónde están evaluados los beneficios? ¿Cuánto valen y cómo se estiman los daños que se evita?

La exposición de motivos solo nos da motivos para no aprobar la norma.

Más bien quisiera plantear una propuesta alternativa: sugiero una ley que prohíba el consumo de bebidas energizantes a congresistas y añado a la prohibición la Coca-Cola, el café, té, mate de coca, la maca y toda sustancia que tenga como efectos hacer que los parlamentarios estén más tiempo despiertos y les dé más energía para tener más iniciativa. Con ese tipo de proyectos mejor que duerman lo más posible y se queden tranquilitos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 22 de febrero de 2014.