Perú: Higiene policial

Alfredo Bullard explica que "Los funcionarios públicos tienen una facultad particularmente peligrosa: deciden sobre los bienes y derechos que no son suyos. Cuando un policía te detiene porque te pasaste la luz roja decide sobre la seguridad que no respetaste pero también sobre la que todos los demás tenemos un derecho".

Por Alfredo Bullard

“Anuncian limpieza radical de los policías corruptos”. Con ese titular de portada este Diario recogió el jueves pasado declaraciones del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Como en principio debería buscarse una interpretación que haga creíble lo que dice un ministro, voy a pensar que se refiere a darle un buen baño a buena parte de nuestra fuerza policial, debiéndose además mandar sus uniformes y demás vestimentas a la lavandería. Me imagino que con “radical” se refiere al hecho de refregarlos con lejía y, con fuerza e insistencia, cepillarlos hasta detrás de las orejas, para luego dejar remojando su ropa por una larga semana.

Porque si lo que quiso anunciar es que se van a sacar a los corruptos de la institución, sinceramente no le creo nada. En primer lugar porque se ha anunciado tantas veces, que o se toma con humor o se toma con indignación (porque como declaración seria no se puede tomar). En segundo lugar, porque es una promesa de imposible cumplimiento. Si sacara a los corruptos (y con el perdón de esos pocos buenos elementos honestos que merecen doble felicitación por serlo y por serlo además en una atmósfera tan deshonesta), ¿quién se dedicaría a custodiar las calles y dirigir el tránsito?

Afirmaciones “higiénicas” en instituciones como el Congreso o el Poder Judicial generarán la misma suspicacia y desconfianza. Y es que si vemos la corrupción como algo que hay que limpiar, no encontraremos una solución.

“En el arca abierta hasta el justo peca” dice el dicho. En otras palabras, la gente no nace corrupta. La gente se hace corrupta. La corrupción es un problema de incentivos. Si los incentivos no son los correctos, la corrupción crecerá. Por supuesto que la educación y los principios son importantes, pero son insuficientes. La corrupción es un fenómeno bastante más complejo.

Los funcionarios públicos tienen una facultad particularmente peligrosa: deciden sobre los bienes y derechos que no son suyos. Cuando un policía te detiene porque te pasaste la luz roja decide sobre la seguridad que no respetaste pero también sobre la que todos los demás tenemos un derecho. Si el policía no cumple su función habrá más accidentes, con daños a la vida y a la propiedad que afectan a todos. La coima que recibe para no poner la multa es robar y vender nuestro derecho a la seguridad.

Cuando el juez vende su sentencia, vende los derechos de la otra parte en el juicio. Cuando el congresista vende su voto por un proyecto de ley, vende el derecho de todos a que las leyes se dicten para proteger el bien común y no el interés particular de algún lobbista malintencionado.

Y es fácil vender lo ajeno, porque recibes el precio y entregas un bien o derecho que no te cuesta a ti, sino al otro. Es como vender la casa de tu vecino. Le trasladas el costo y te quedas con el beneficio.

El funcionario no cambia y se vuelve un paladín del interés ajeno por el simple hecho de que lo nombren en un cargo público. Él sigue siendo un privado, con sus intereses, su familia, sus amigos y sus deseos. Cuando tenga que optar entre lo ajeno y lo suyo preferirá lo suyo. Entonces, toma lo que no le pertenece y lo vende. Es peor que un ladrón, es un ladrón que te roba abusando de la confianza que en él se ha depositado.

Eliminar corruptos es como podar un jardín pero no sacar de raíz la mala hierba. La falta de autoestima por la inexistencia de un régimen meritocrático que premie al bueno y castigue al mal funcionario es mucho más importante. Si el funcionario sabe que al tomar lo ajeno daña su carrera (que gracias a su esfuerzo ha adquirido valor), las cosas serían muy diferentes.

Finalmente la frase “Juego limpio, bueno para la conciencia, malo para el bolsillo” nunca ha sido más cierta que aplicada a un funcionario público.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 24 de agosto de 2013.