Las inhumanas leyes de adopción de Guatemala

por Mary Anastasia O'Grady

En un pequeño orfanato privado en esta capital en crecimiento, un grupo de niños de 3 años miran callados la película Shrek sentados en sillas de plástico. Al entrar al salón, 18 ojos bien abiertos voltean a mirarme como si estuvieran esperando a alguien. De cierta forma, lo están.

Son algunos de los miles de niños abandonados y en riesgo de Guatemala. Hay ejércitos de familias estadounidenses ansiosas por adoptarlos, pero siguen institucionalizados debido a una ley de adopción promulgada en 2007 con el fuerte respaldo del Departamento de Estado de EE.UU. y Unicef.

Cuando la Rusia de Vladimir Putin aprobó en diciembre una ley que prohíbe la adopción de niños rusos por parte de familias en EE.UU., los estadounidenses pusieron el grito en el cielo. Probablemente pocos se percataron que el Decreto 77-2007 de Guatemala hizo prácticamente lo mismo, creando el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y cerrando la ruta internacional que los niños guatemaltecos desamparados siguieron por años. Ahora, las filas de estos menores se están expandiendo.

Un vocero de CNA justificó la ley diciéndome que antes de su promulgación, miles de adopciones internacionales anuales habían "convertido a Guatemala en una exportadora de niños". Cerca de 92% de las adopciones fueron para padres en EE.UU. También me dijo que algunos niños habían sido robados y que la policía recibía alrededor de 50 reportes de niños desaparecidos al mes. Ambas denuncias merecen ser investigadas.

Es cierto que antes de 2008, el número de niños guatemaltecos que encontraban un nuevo hogar en el extranjero era alto para un país tan pequeño. La cifra alcanzó alrededor de 4.500 anuales en los dos años previos a la ley, según un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. De todos modos, Madre Inés Ayau, una monja ortodoxa que dirige un hogar para niños aquí y quien es experta en el tema, me dijo que el número a largo plazo se acercaba más a 2.500 o 3.000. La cifra saltó cuando fue evidente que la puerta se estaba cerrando.

El número también era alto porque Guatemala fue uno de los últimos países del mundo en acomodar los deseos de los ideólogos de Unicef que creen que las adopciones de un país a otro deberían desalentarse. Esto, junto con el hecho de que el aborto es ilegal en Guatemala, otra afrenta a muchos en la ONU, transformó al país centroamericano en un destino codiciado para familias estadounidenses que querían adoptar.

En cuanto a las acusaciones de niños robados, nadie aquí parece saber la dimensión del problema. Aunque la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de la ONU, ha lanzado publicitadas acusaciones sobre actividad criminal en adopciones, aún no ha ofrecido pruebas contundentes. La periodista guatemalteca Marta Yolanda Díaz-Durán, quien ha investigado el tema, me dijo que antes de la nueva ley, la mayoría abrumadora de adopciones a EE.UU. requerían dos pruebas de ADN para probar el parentesco, lo que hacía remota la posibilidad de que estos niños fueran robados. Los investigadores nunca han producido las hordas de padres cuyos niños supuestamente fueron robados.

No cabe duda de que hubo y hay personas corruptas involucradas en las adopciones. El funcionario del Departamento de Estado con quien conversé me dijo que EE.UU. hizo lobby a favor de la nueva ley porque el país no se ceñía a la Convención de Adopción Internacional de la Haya, que requiere, entre otras cosas, una autoridad central regulatoria. Sin embargo, los defensores de los derechos de los niños que entrevisté indican que la nueva ley, que trata a los niños, sus madres y sus futuros padres adoptivos con una inhumanidad impactante, es perversa.

Muchas agencias privadas que solían sacar a los niños a la calle y que trataban de colocarlos con una familia han debido cerrar porque bajo la nueva ley ya no pueden aceptar ayuda de los posibles padres. Esto ha empujado a más niños a instituciones del Estado notorias por su cuidado deficiente.

El CNA y la oficina del fiscal general se mueven a un ritmo de tortuga para colocar a los niños en hogares del país. Un niño de 3 años que conocí en el orfanato ha estado ahí desde que nació. El director de la institución me dijo que el gobierno dice que antes de que el menor pueda ser apto para adopción, deben primero agotar todas las posibilidades para que un familiar se haga cargo de él. Un bebé de 18 meses que conocí fue entregado por su mamá cuando era un recién nacido, pero podría no ser adoptado hasta que ella complete una terapia impuesta por el gobierno, algo para lo que no hay un plazo de tiempo.

Las probabilidades de que estos niños consigan un hogar no son buenas. Se prefieren los bebés, las familias extranjeras de facto no pueden adoptarlos, y la demanda por parte de los guatemaltecos no es fuerte. La ley contiene otras provisiones arbitrarias: un adulto que no es un pariente pero que ya conoce al niño, no puede adoptarlo, y una familia podría no poder escoger el niño que va a adoptar.

En otro orfanato privado, conocí a un grupo de niños de entre 5 y 9 años cuyas adopciones no están sujetas a la nueva ley, pero cuyos casos se siguen tramitando. Algunos llegaron de bebés y pasaron su niñez esperando que los burócratas los dejaran partir.

Nada de esta crueldad está encubierta. Que nadie con poder haya levantado un dedo para corregir la injusticia debería escandalizar al país.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 3 de febrero de 2013.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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