Leyes con bromato
Alfredo Bullard indica que cuando los congresistas buscan crear "normas de protección al consumidor", sus propuestas de leyes no incluyen un análisis costo-beneficio y suelen mentir al decir que las nuevas normas no acarrearán costos, solo beneficios.
Por Alfredo Bullard
Voy a contarles dos fábulas, con el mismo protagonista, la misma moraleja, pero distinto desenlace.
Había una vez un abogado, amigo mío, llamado Jaime Delgado que decía que en su país se vendía pan con bromato de potasio, una sustancia cancerígena. Pero los fabricantes de pan no lo advertían en sus envases. Había un costo oculto. El rótulo era engañoso. Jaime los persiguió y los persiguió hasta que el bromato prohibió.
Las normas de protección al consumidor obligan que los alimentos nos adviertan de las sustancias dañinas. Hay que saber qué nos metemos en la boca para tomar decisiones informadas. ¡Es bueno que los proveedores nos muestren no solo los beneficios, sino también los costos de lo que comemos!
Jaime Delgado se convirtió en congresista y quiere que se apruebe una ley para perseguir a los alimentos que él califica como “chatarra”. Quiere restringir su venta, prohibir su publicidad en ciertos horarios, prohibir que se anuncien usando personajes animados, impidiendo entregar regalos y toda una serie de restricciones parecidas. Su ley podría aprobarse en los próximos días.
Como en el caso de los alimentos, la ley obliga a advertir los riesgos y los costos que las leyes generan. El Reglamento del Congreso dice: “Las proposiciones de ley deben contener […] el análisis costo-beneficio de la futura norma legal”. Igual a si uno quiere vender pan con bromato, los legisladores están obligados a advertirnos de los daños que sus leyes pueden causar. Parece justo. Ni los proveedores de bienes ni los proveedores de normas pueden usar “publicidad engañosa”.
Cuando Jaime persigue a las empresas por no informar es implacable. Pero cuando Jaime, como congresista, tiene que informar, se hace de la vista gorda.
¿Cómo informó cuáles eran los costos que traía su proyecto de ley original? Usó la siguiente frase: “La propuesta del proyecto de ley no ocasiona ningún costo para el Estado Peruano”. Por supuesto que anuncia una serie de beneficios. Y no da ningún costo. Los beneficios vienen gratis. Mejor imposible.
¿Publicidad engañosa? Peor aún. Publicidad mentirosa. Su ley sí genera costos al Estado Peruano: obliga a crear organismos especiales, implementar políticas públicas y fiscalizar el cumplimiento de prohibiciones y restricciones. Y como cualquiera con dos dedos de frente sabe, “no hay almuerzo gratis”. Hay costos, y no son para nada deleznables. El Estado tendrá que sacar dinero de algún lado para pagar esas cosas. Posiblemente del gasto en salud o en educación o de los aumentos a la policía. Qué pena que no salga del sueldo de los congresistas.
Pero eso no es lo peor. ¿Quién le ha dicho a Jaime que costos son solo costos al Estado? ¿Y los costos a los ciudadanos y a las empresas no son costos? Hay que ver todos los costos y no solo los beneficios.
¿Ha analizado Jaime cuánto costará implementar su ley? ¿Cuánto gastarán las empresas y los colegios en ponerla en práctica? ¿Qué impacto tendrá en la gastronomía peruana que tengamos que vender anticuchos, turrón de Doña Pepa y picarones advirtiendo que, según la definición de su ley, son productos poco saludables? ¿Sabe el impacto que tendrá en el empleo? ¿Sabe cuáles serán los costos en el mercado publicitario? No lo sabe. Y lo que es peor. No le interesa saberlo.
Nada de ese “bromato legislativo” que envenena su propuesta y genera un cáncer sobrerregulatorio está advertido. Su “publicidad” dice que su ley es gratis, pero cuando llegues a la caja, hay que pagar la factura. Hace lo mismo de lo que siempre se ha quejado. Es perpetrador de los mismos pecados que persigue como inquisidor. ¿Y cuál es la moraleja común a ambas historias?: “Si contradicciones quieres conseguir, congresista te debes elegir”.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 26 de mayo de 2012.