¿Cómo sería una electricidad regulada por el consumidor?

¿Qué nos viene a la mente cuando intentamos imaginar un mercado verdaderamente libre de la electricidad? Muchos expertos en política eléctrica señalarían la llegada de los mercados mayoristas de electricidad y la elección al por menor en algunas regiones de Estados Unidos. Algunos economistas (entre los que me incluyo) irían más lejos y abogarían por la eliminación total de la intervención estatal en el sector eléctrico.

Muchos de nosotros no podemos imaginarnos un mercado libre de la electricidad porque las leyes que rigen el sector han sido muy intervencionistas durante mucho tiempo. La actual normativa de "monopolio natural" se remonta a finales del siglo XIX y se generalizó en la década de 1930. Se convenció a los responsables políticos (en algunos casos, por las propias empresas eléctricas) de que se adelantaran al comportamiento anticompetitivo de los monopolios eléctricos (1) concediéndoles el privilegio legal de monopolio y (2) añadiendo una supervisión significativa como la regulación de la "tasa de rentabilidad" para mitigar el comportamiento monopolístico.

En primer lugar, especialmente entre los libertarios, debe haber una respuesta política mejor al problema del poder del monopolio que garantizarlo y regularlo. En segundo lugar, muchas reformas promulgadas desde la década de 1990 fueron más de re-regulación que de desregulación. Nunca se ha implementado una verdadera reforma de libre mercado de la regulación de la electricidad. Aunque los partidarios de la regulación argumentan que las empresas eléctricas son el paradigma de los "monopolios naturales", esa suposición puede no ser válida y no se ha puesto a prueba (quizá nunca, y desde luego no en los últimos 100 años).

Una solución al problema del monopolio es permitir que se desarrollen nuevas empresas privadas de servicios públicos y que compitan allí donde tengan sentido. Pero para desvincular a estas nuevas empresas de la enorme burocracia reguladora que ha envuelto a las empresas existentes durante décadas, tendrían que estar físicamente desconectadas de las redes existentes.

Es probable que estas redes ocupen poco espacio geográfico, pero generen mucha energía eléctrica: pensemos en un campus industrial con un generador ubicado en un mismo lugar. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las iniciativas de conexión a la red de este tipo se han enfrentado a importantes obstáculos normativos y serán objeto de una conferencia técnica en la Comisión Federal Reguladora de la Energía en otoño. Evitar los retrasos normativos y los quebraderos de cabeza administrativos sería una ventaja clave de una nueva red no conectada.

El costo es hoy el principal obstáculo. Las redes privadas serían probablemente más caras que los contratos con las compañías eléctricas tradicionales, aunque las innovaciones en la tecnología de generación de electricidad podrían cambiar ese cálculo. Por otra parte, algunos compradores pueden estar dispuestos a pagar más para tener pleno control sobre los recursos que utilizan: la energía de la red actual es una mezcla de una variedad de recursos, por lo que sus atributos medioambientales son difíciles de precisar.

A nivel social, la ventaja obvia de permitir la competencia es que por fin podríamos introducir un proceso de mercado dinámico en el sector eléctrico. ¿Quién sabe qué innovaciones podrían aportar los empresarios al sector si no tuvieran que pedir permiso a los reguladores? Permitir una nueva categoría de proveedores de electricidad también aborda el reto inminente del fuerte crecimiento de la demanda en un sector tan lento como el de la electricidad.

Para los responsables políticos estatales, las redes privadas son un plan de desarrollo económico gratuito. En lugar de incentivar a las nuevas industrias para que se instalen en el Estado mediante créditos fiscales u otras subvenciones, una política favorable al crecimiento consistiría simplemente en apartarse del camino de los nuevos desarrollos. Y si un nuevo proyecto fracasa, no hay riesgo para los contribuyentes, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos construidos por empresas de servicios regulados.

Los verdaderos ganadores serían los consumidores. Para que quede claro, la idea de que las empresas privadas operen en redes aisladas no tenía sentido hasta hace poco, cuando los nuevos grandes clientes (grandes "cargas" en la jerga eléctrica) se vieron sometidos a largas demoras de interconexión y elevados costos iniciales de interconexión. Algunos clientes de electricidad, como los centros de datos o las fábricas, quieren moverse con rapidez, y su disposición a pagar por más velocidad o fiabilidad es probablemente mayor ahora de lo que hemos visto en el sector eléctrico en mucho tiempo.

Aunque sería maravilloso que la competencia del libre mercado se consagrara en la legislación federal, las perspectivas de reformas orientadas al mercado a nivel federal parecen poco halagüeñas. Los dos grandes partidos parecen muy cómodos con la intervención estatal, y el contraste entre las candidaturas presidenciales a menudo se reduce a diferentes sabores de la política industrial (por ejemplo, apoyar las energías renovables frente a los combustibles fósiles, subvencionar los vehículos eléctricos frente a todos los vehículos fabricados en Estados Unidos, imponer aranceles a bienes o países concretos frente a todas las importaciones, etc.).

A veces es en el ámbito estatal donde hay que buscar nuevas respuestas. Y cuando se trata de la idea de promulgar reformas verdaderamente competitivas en el sector eléctrico, los Estados tienen el control. Bastaría con modificar el estatuto que creó la normativa estatal sobre servicios públicos en primer lugar y declarar claramente que las nuevas empresas privadas de servicios públicos –si no están conectadas a la infraestructura existente– no estarán sujetas a la normativa de monopolio.

En el peor de los casos, nadie aprovecharía la nueva opción. En el mejor de los casos, se desarrollaría un nuevo tipo de industria más rápida, más centrada en el cliente y más innovadora que en cualquier otra parte del país.

Divulgación: Soy asesor voluntario del recién creado grupo Advocates for Consumer Regulated Electricity.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 9 de agosto de 2024.