Argentina debería dolarizar ahora

Por primera vez desde 1991, Argentina sufre tasas anuales de inflación superiores al 100%. Mientras los votantes se preparan para acudir a las urnas el 13 de agosto, fecha de las primarias presidenciales para todos los partidos, una mayoría piensa –independientemente de la ideología– que la inflación es el problema más acuciante del país. Mientras tanto, una minoría significativa –el 29% según una encuesta– considera ahora que la mejor manera de hacer frente a la inflación es deshacerse por completo del peso argentino y adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial. Tienen toda la razón.

Como explicamos en un nuevo documento informativo publicado hoy, la dolarización funciona porque priva a la clase dominante local de todo control sobre la moneda nacional. Esto protege el poder adquisitivo de la gente corriente de los excesos de unos políticos crónicamente despilfarradores y de unos banqueros centrales a menudo serviles o simplemente incompetentes. Junto con Perú, una economía semidolarizada, los tres países totalmente dolarizados de América Latina –Panamá, Ecuador y El Salvador– han tenido los niveles de inflación más bajos de la región durante los últimos 20 años (y mucho más en el caso de Panamá). A diferencia de muchos países de la región, el trío dolarizado no registró una inflación de dos dígitos tras la pandemia de Covid-19. Steve Hanke, economista de la Universidad Johns Hopkins, lo explica bien: la dolarización equivale a instaurar el imperio de la ley en el ámbito monetario. 

La dolarización se compara a menudo con el sistema de convertibilidad que Argentina implantó en la década de 1990, un régimen monetario consistente en que el banco central mantiene una convertibilidad ilimitada entre su moneda y aquella a la que está vinculada a un tipo de cambio fijo. Aquel sistema acabó desmoronándose porque se desvió de las reglas ortodoxas. Pero como la dolarización simplemente sustituye una moneda local por otra extranjera, no depende de una promesa de la clase política de atenerse a un determinado conjunto de normas y ha resultado mucho más difícil de revertir. Como explicamos en nuestro informe de política económica, esto no implica la rendición de la política monetaria de un país a Estados Unidos: 

"Como argumentaba el economista Juan Luis Moreno-Villalaz en el Cato Journal en 1999, los bancos panameños, integrados en el sistema financiero mundial tras una serie de medidas de liberalización en los años setenta, asignan sus recursos dentro o fuera del país sin mayores restricciones, ajustando su liquidez en función de la demanda local de crédito o dinero. Por lo tanto, los cambios en la oferta monetaria –que surgen de la interacción entre factores locales y las condiciones específicas de los mercados crediticios mundiales– y no la Reserva Federal, determinan la política monetaria de Panamá. La política de la Reserva Federal afecta a Panamá sólo en la misma medida en que afecta al resto del mundo".

En Argentina, la oposición a la dolarización proviene tanto de críticos de izquierda como de derecha. Los primeros suelen alegar que la adopción del dólar es una costosa afrenta a la soberanía nacional (el coste corresponde a la pérdida de señoreaje). Los segundos suelen argumentar que los tecnócratas locales se quedarán sin herramientas monetarias con las que dirigir la economía nacional. Ninguna de las partes ha llegado a un acuerdo sobre las razones por las que una abrumadora mayoría de panameños, ecuatorianos o salvadoreños no soñarían con abandonar el dólar en favor de monedas nacionales débiles. De hecho, las tasas de inflación mínimas no son más que una de las ventajas de la dolarización. Las otras incluyen tipos de interés mucho más bajos, periodos de préstamo más largos y una restricción presupuestaria intrínseca tanto para los gobiernos como para los parlamentos.

A pesar de estas ventajas, la dolarización no es garantía de disciplina fiscal ni de crecimiento económico sostenido, como atestigua la experiencia reciente de Ecuador y El Salvador. No obstante, la dolarización merece la pena simplemente porque deja a los políticos y burócratas sin la posibilidad de devaluar la moneda local o monetizar la deuda, limitando así la magnitud del daño potencial. Durante la década de 2010, los gobiernos radicales de izquierda tanto en El Salvador como en Ecuador fueron incapaces de deshacerse del dólar a pesar de su retórica antidolarización. Los beneficios de la dolarización en la vida diaria son tan palpables para una gran mayoría que el billete verde se ha convertido en una moneda a prueba de demagogos en una región en la que abunda la demagogia.

Resulta que la pérdida de señoreaje es un precio infinitesimal a pagar por las ventajas de la dolarización. Manuel Hinds, ex ministro de Hacienda de El Salvador, compara la renuncia al señoreaje con el pago de una pequeña prima de seguro para protegerse de los elevadísimos riesgos de mantener una moneda local. La falta de grandes reservas de dólares tampoco es una excusa para no dolarizar. En Ecuador, el mero anuncio de la dolarización en enero de 2000 provocó un aumento masivo de los depósitos en dólares que antes se mantenían en el extranjero o bajo los colchones. Esto ocurrió a pesar de que los asediados bancos ofrecían tasas de interés negativas. 

Como analizamos en nuestro estudio, la adopción del dólar también puede ayudar a resolver el grave problema de Argentina con los pagarés de liquidez a corto plazo (Leliqs), cuya deuda es más de dos veces superior a la base monetaria. Esta es otra razón por la que el próximo gobierno de Argentina debería dolarizar, aunque tomando en serio los retos técnicos que presenta la dolarización.

El peso argentino ya no cumple las funciones básicas del dinero. Los argentinos ya utilizan el dólar como unidad de cuenta y –si pueden superar múltiples obstáculos legales y afrontar importantes costos de transacción– como depósito de valor y medio de cambio para transacciones importantes. La dolarización democratizaría las dos últimas funciones esenciales de una moneda sólida.