El llamado equivocado de Biden para la regulación de Internet

El otoño pasado, el presidente Joe Biden obtuvo titulares burlones por deletrear la palabra “D-O-T” mientras leía la dirección de un sitio web desde un teleprompter. No sorprende que un presidente nacido más cerca de la segunda toma de posesión de Abraham Lincoln que de la suya propia no esté familiarizado con la terminología de Internet. Sin embargo, los progresistas de Very Online convirtieron a Biden en una especie de estrella de las redes sociales con un meme discreto y reutilizado de la propaganda china antiestadounidense conocida como “Dark Brandon”, el flagelo de la tontería con ojos de láser. 

Los 15 minutos de fama con el meme de Dark Brandon no han impedido que el viejo Joe Biden se enfoque en la regulación de Internet como un énfasis importante para 2023. Una variedad de reglas de Internet propuestas no se aprobaron el año pasado –incluida una propuesta para cartelizar periódicos para que puedan extraer ingresos de Apple y Facebook– pero la administración parece ver el control de las Big Tech como un terreno fértil para el tipo de cooperación bipartidista necesaria para impulsar la legislación a través de un Congreso muy dividido. 

Con ese fin, Biden recurrió a las páginas editoriales del Wall Street Journal, de tendencia conservadora el mes pasado. El artículo de opinión resultante revela que Joe Biden está irremediablemente fuera de contacto con la naturaleza de Internet. Sus propuestas, si se promulgan, llevarían un rayo láser a los cimientos de la propiedad estadounidense del siglo XXI y amenazarían la posición de EE.UU. a la vanguardia de la innovación en Internet. 

El llamado de regulación de Biden tiene sus raíces en el alarmismo. Acusa a las empresas de redes sociales de realizar un experimento con niños, acusa a los foros en línea de promover la violencia fuera de la línea e insinúa que las plataformas ayudan e incitan a una amplia gama de conductas delictivas en línea, desde el acoso cibernético hasta la venta de drogas ilícitas. Esta es la retórica del pánico moral. Joe Biden se une a una larga lista de políticos que han explotado los temores públicos sobre los efectos sociales negativos de los nuevos medios de comunicación para justificar la extralimitación del gobierno, desde la cruzada del senador John Pastore contra los westerns televisivos violentos en la década de 1970 hasta la obsesión del senador Joe Lieberman con Mortal Kombat en la década de 1990.

Las preocupaciones sobre el auge de la pornografía en línea llevaron a la aprobación de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que le habría otorgado al gobierno un amplio poder para restringir la expresión en línea. Cuando la Corte Suprema de EE.UU. anuló sus disposiciones sobre obscenidad el año siguiente por motivos de libertad de expresión, dejó en su lugar una parte conocida como Sección 230, que protegía a las plataformas en línea de la responsabilidad civil por el contenido proporcionado por el usuario. 

En el editorial, Biden pide la derogación o el reemplazo de la Sección 230 para proteger la “salud mental y la seguridad” de los niños y prevenir la discriminación, pero esto revela su incomprensión fundamental de la ley y su desprecio por la libertad de expresión. Los que se oponen a la Sección 230 a menudo la consideran un obsequio especial para las Big Tech, un conjunto único de protecciones que se aplica solo a Internet. Nada más lejos de la verdad.

La Sección 230 simplemente formalizó los precedentes del derecho consuetudinario que habían evolucionado en torno a la responsabilidad civil de las librerías y los aplicó a Internet. Hace un siglo, era común que las autoridades cerraran librerías por tener libros obscenos o difamatorios. Pero durante el siglo XX, los tribunales reconocieron cada vez más que la responsabilidad de los minoristas era una violación de la Primera Enmienda. Si alguien fuera responsable, debería ser el autor del libro, no la librería que lo vende. 

Por ejemplo, si el expresidente Donald Trump se sintiera ofendido por la última exposición de Michael Wolff sobre su administración, podría demandar al editor y al autor, pero cualquier intento de perseguir a Barnes and Noble se consideraría una demanda basura. No se puede responsabilizar a una librería por el simple hecho de almacenar un libro legal ni por la visibilidad relativa que otorga a cualquier libro en sus estanterías.

El hecho de que la información en línea se transmita a través de pixeles y diodos en lugar de papel y tinta no cambia el principio fundamental de que los intermediarios de información no deben ser responsables civilmente por el contenido creado por otros. Culpar a Facebook o Twitter por alojar contenido generado por los usuarios debería parecer tan extraño como culpar a una librería por tener libros escritos por otros. Del mismo modo, la forma en que las plataformas en línea eligen moderar el contenido de los usuarios no debería exponerlos a la responsabilidad del editor más de lo que hace la ubicación de los libros en los estantes para las librerías. 

Si Joe Biden tuviera éxito en minar la Sección 230, desencadenaría una ola de juicios frívolos contra las plataformas en línea, lo que, irónicamente, solo alentaría una mayor concentración de las Big Tech al recompensar a las empresas más capaces de mantener flotas de abogados en retención. Además, incentivaría a las plataformas a cometer el error de eliminar todo el contenido potencialmente ofensivo, lo que congelaría el discurso de los usuarios. 

Ese tipo de efecto escalofriante podría considerarse una característica y no un error para muchos defensores progresistas. Se imaginan que eliminar la Sección 230 les permitirá ejercer presión sobre las plataformas de Big Tech para eliminar aún más discursos de odio e información errónea. Pero la moderación de algorítmica de contenido es un arma contundente: los creadores de contenido en línea han descubierto que los esfuerzos para moderar el discurso racista también han afectado rutinariamente el discurso antirracista. 

Este enfoque también pone la visión tecno-progresista de un discurso de Internet mejor regulado en tensión directa con sus aliados ostensibles conservadores, que están enojados con las plataformas que prohíben las voces conservadoras. Múltiples congresistas conservadores han propuesto leyes que definirían las plataformas de redes sociales como operadores comunes, tratándolas como compañías telefónicas y de servicios públicos que operan tuberías “tontas” y deben permitir que todo el contenido fluya sin obstáculos.

En otras palabras, los progresistas quieren que las plataformas en línea moderen más, mientras que sus co-beligerantes conservadores quieren que moderen menos. Esto los convierte en compañeros de cama inusuales en lo que equivale a una formulación de políticas incoherente y basada en vibraciones obsesionadas con acabar con las grandes tecnologías, independientemente de las posibles consecuencias negativas para Internet en general.

La propuesta de Biden comete un error aún más fundamental. Lamenta que las empresas de tecnología “recopilen, usen y compartan datos altamente personales”, argumentando que “gran parte de esos datos no deberían recopilarse en primer lugar”. Biden retrata los datos como algo que las personas poseen naturalmente, que luego son recolectados por plataformas tecnológicas codiciosas que devuelven poco a cambio. Esto es incorrecto. 

Sí, la economía de Internet está impulsada por los datos recopilados de los usuarios cuando hacen clic, se desplazan y publican, pero las plataformas convierten esos datos en información valiosa al agregarlos en grandes conjuntos de datos y luego vender acceso anónimo a los anunciantes. Si los datos son un tipo de materia prima, entonces la información es un bien terminado. Es el producto de un intercambio continuo, colaborativo y mutuamente beneficioso entre usuarios y plataformas. 

Considere el hecho de que mi sabor de helado favorito es menta con chispas de chocolate, específicamente de la marca Breyers y con chispas de chocolate con menta. En un mundo predigital, ese punto de datos solo tiene valor para mí porque mi preferencia personal es inaccesible para los fabricantes de helados. A menos que diera el paso extraordinario de inscribirme en un club de fans de Breyers, el hecho de mi preferencia no es de utilidad directa para Breyers.

Pero a través de la tubería de datos a información de la economía digital, mi preferencia gana un nuevo valor. Mi historial web podría revelar que estoy interesado en comprar helado y que prefiero Breyers. Una empresa como Facebook o Google puede agregar y anonimizar mi preferencia con la de miles de personas, luego ofrecer a Breyers la oportunidad de dirigir su publicidad a aquellos más predispuestos a querer su producto. Todos se benefician: Breyers puede convertir de manera más eficiente los dólares publicitarios en compras de los clientes, recibo publicidad que refleja mejor mis preferencias y la plataforma en línea que convirtió mis datos de bajo valor en información valiosa recibe una parte del intermediario.

Por el contrario, si a las empresas se les prohibiera o se les impidiera recopilar datos de los usuarios, la información agregada y valiosa volvería a convertirse en datos individualizados sin valor. No devolvería algo de valor tomado injustamente por las Big Tech, sino que simplemente destruiría el valor por completo. Aunque mi ejemplo es un poco cursi, las consecuencias de devolver información a datos pueden ser bastante graves. 

Por ejemplo, el presidente Biden llama específicamente a la recopilación de “datos de salud, genéticos y biométricos” para exigir protecciones federales mejoradas para la privacidad de los datos. Y ciertamente, los consumidores tienen derecho a saber cómo se recopilan y utilizan sus datos básicos de salud. Pero formalizar la propiedad de los datos de salud y crear reglas estrictas de privacidad de datos puede simplemente destruir el valor de los datos y empeorar la situación tanto de las plataformas como de los consumidores. 

Considere los incentivos perversos creados por la formalización de las reglas de privacidad de datos de salud bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) en 1996. Se suponía que la ley facilitaría el intercambio de registros médicos entre proveedores de atención médica y compañías de seguros mientras limitaba la exposición del consumidor a fraude. Pero al requerir que el consumidor opte por cada intercambio de información de salud, HIPAA accidentalmente desalentó precisamente lo que pretendía promover. Convirtió información de salud potencialmente valiosa en datos infravalorados, colocando nuevas barreras entre los datos del consumidor y el uso de terceros.

HIPAA es la razón por la que a menudo debe usar sistemas de mensajería patentados y anticuados para comunicarse con su médico; el correo electrónico general no cumple con los requisitos. HIPAA (así como la sobrerregulación obtusa de dispositivos médicos de la FDA) es la razón por la cual su Apple Watch recopila los datos de salud de alta calidad, pero no puede compartirlos sin problemas con su médico.

Cuando HIPAA formalizó los derechos de privacidad de datos de salud en 1996, la Internet moderna para el consumidor estaba en su infancia. Desde entonces, todas las demás categorías de datos de usuario han experimentado una innovación y un desarrollo notables que devuelven un valor real a todos los involucrados. Pero nuestros datos de salud siguen estancados en los años 90, un recordatorio constante de que formalizar la propiedad de los datos puede destruir su valor y obstaculizar la innovación.

Finalmente, aunque el presidente Biden quiere “asegurarse de que la tecnología estadounidense siga liderando el mundo en innovación de vanguardia”, sus propuestas amenazan con desmejorar la ventaja de EE.UU. Una de las razones del dominio digital de EE.UU. es que formalizamos las protecciones de responsabilidad de la plataforma a través de la Sección 230, mientras que los competidores extranjeros han tenido que sortear un marasmo regulatorio y legal. La obsesión europea con los derechos de privacidad de datos, la burocracia sobre el capital de riesgo y la actitud agresiva antimonopolio han perjudicado la economía de Internet del continente, convirtiéndolo en un importador neto de servicios digitales con un déficit comercial de más de $112 mil millones con EE.UU.

Tenga en cuenta que el sector de Internet de EE.UU. constituye el 11% del PIB de EE.UU., respalda 17 millones de empleos y ha sido responsable de la preponderancia del crecimiento económico desde 2016. Protegido de juicios por responsabilidad basura y regulaciones de privacidad que destruyen datos, la economía de Internet de EE.UU. creció. Y dado que Internet “nació libre” en un país con fuertes protecciones constitucionales para la libertad de expresión, le dio a Internet global una especie de valencia a favor de la libertad de expresión durante el último tercio de siglo (Varias excepciones nacionales confirman la regla).

Las propuestas de Biden, si se toman en serio o literalmente, podrían debilitar la posición futura de EE.UU. en la economía de Internet. Eso sí que sería un montón de tonterías.

Este artículo fue publicado originalmente en The Dispatch (EE.UU.) el 1 de febrero de 2023.