El Salvador: La privatización del sistema judicial

El presidente Maurcio Funes parece estar trabajando en la privatización de la fiscalía. Él mismo quizás se sorprendería de ver su plan de crear una fiscalía paralela anexa a Casa Presidencial caracterizado como privatización.

Pero eso es lo que es. La presencia de las Naciones Unidas en el arreglo no volvería parte del sector público a la institución que el presidente quiere formar porque las Naciones Unidas no tomarían responsabilidad por la justicia de las persecuciones iniciadas por el presidente Funes sino que actuaría sólo como una agencia de empleo para conseguir consultores que quieran prestarse para manejar una fiscalía particular del presidente en El Salvador.

Es decir, los fiscales que actuarían bajo las órdenes del presidente serían personas particulares que no representarían a ninguna agencia del sector público que podría volverse responsable por sus acciones en El Salvador.

Para ver con claridad que lo que propone el presidente es una privatización, es útil pensar en una tercerización que no fuera privatización —como sería, por ejemplo, el contratar a la fiscalía sueca para que haga las investigaciones que el presidente quisiera hacer. La diferencia está, por supuesto, en la garantía que la comisión de consultores privados, contratados por las Naciones Unidas, o la fiscalía de Suecia darían de hacer un trabajo serio y responsable.

No hay la menor duda de que la fiscalía de Suecia tiene la ventaja en esto, por varias razones: el prestigio que ha acumulado por siglos doméstica e internacionalmente; la selección de los fiscales, que se hace independientemente de consideraciones políticas; el entrenamiento común que han tenido sus fiscales, que les permite operar como un equipo; su existencia permanente, que hace que los fiscales y sus autoridades estén conscientes de que si cometen errores o injusticias éstos los perseguirán por siempre; y, más que nada, la garantía que da el hecho de que por siglos esta institución ha trabajado con estándares altos de probidad, profesionalismo y justicia. Es por estas razones, no porque sean extranjeros (el presidente tiene que recordar que en su país no lo son), lo que los hace una fiscalía confiable.

En realidad, la idea de delegar en instituciones extranjeras de gran prestigio el manejo de partes del sistema judicial no es tan extraña como parece. Se ha aplicado en países muy respetables aunque en circunstancias muy diferentes a las que prevalecen en El Salvador y no con la fiscalía, que es en sí misma prácticamente una rama del estado que supuestamente opera en el mismo nivel de independencia institucional que las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Al fin y al cabo, es la única rama que puede acusar al presidente.

Quizás por eso es que el presidente Funes la quiere tener bajo su ala. Los precedentes en los que puedo pensar en este momento de delegación de parte de las funciones judiciales son los de excolonias en el Imperio Británico. Uno de los casos es el de Canadá, que se convirtió en un país independiente con la Ley de la Norteamérica Británica emitida por el Parlamento Británico en 1840.

De allí en adelante, el país se manejó independientemente, con sus propias leyes y gobierno, pero los canadienses retuvieron la capacidad de apelar a la Comisión Judicial del Consejo Privado del Reino, un órgano de la Cámara de los Lores que fungió como Corte Suprema del Reino Unido hasta el primero de octubre de 2005 —cuando se formó una Corte Suprema independiente de la Cámara de los Lores.

Este derecho de apelar a la justicia británica duró en Canadá hasta 1949. Otro ejemplo, quizás más aplicable a la realidad salvadoreña, es el de Mauricio, la pequeña isla en el Océano índico que ha atraído enormes cantidades de inversión y crecimiento por ser un oasis de respeto a la ley y las instituciones en toda el área de África y el Pacífico.

El secreto de su respeto a la ley es que en Mauricio los habitantes han podido apelar al mismo Consejo Privado del Reino en el Reino Unido. Todos los jueces y los fiscales en Mauricio saben que sus decisiones y procedimientos podrán ser revisados por una corte de gran prestigio mundial en el Reino Unido.

Eso las hace respetar los procedimientos y las leyes. No hay duda de que instituciones de este calibre podrían dar un enorme prestigio al sistema judicial salvadoreño en un instante —especialmente ahora que la corte nuestra ha decidido denunciar a la Cámara de lo Constitucional por lo que parecen ser puros problemas políticos que no tienen nada que ver con la justicia.

De hecho, el presidente Lobo de Honduras está proponiendo crear un oasis jurídico en alguna parte en Honduras, en el que la ventaja sería que su sistema judicial sería manejado por alguna institución de gran calibre mundial. Pero esto, por supuesto, necesitaría de cambios constitucionales de gran magnitud en el país, que no podrían ser obviados por una decisión de un presidente.

La formación de una fiscalía personal del presidente, paralela a la Fiscalía General de la República y privatizada en sus miembros, también plantea enormes problemas constitucionales —mucho peores que los de delegar en la Fiscalía de, por ejemplo, España (que, diferente de Inglaterra, tiene el mismo tipo de derecho que nosotros), las funciones de nuestra propia fiscalía.

Son peores porque no transferirían poderes soberanos a una institución seria extranjera sino a un grupo de personas privadas que serían subordinadas al presidente de la república —conformando un enorme conflicto de intereses que desde hace mucho se ha entendido en el derecho constitucional que no puede permitirse que exista.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 15 de abril de 2011.