Gobierno petrolero

La semana pasada, Pemex anunció que había alcanzado un acuerdo con la compañía petrolera Shell para comprarle su participación, de poco más de la mitad, en la refinería Deer Park, de Houston, Texas. Como ya posee la otra mitad, de llevarse a cabo esta transacción, Pemex se convertiría en la propietaria única de la empresa.

Según el comunicado de Shell, la oferta de compra por parte de Pemex fue “no solicitada”, lo que, en términos prácticos, significa que no había manifestado planes de desinvertir. Sin embargo, esta corporación explicó que la venta apoyaría sus planes globales de adelgazar su cartera de refinerías, para favorecer la petroquímica y la generación de energías limpias.

Pemex justificó la operación como parte de su nueva “política de negocios”, planteada por el presidente de la República, de buscar producir todos los combustibles que demanda el país.

La presente adquisición se añadiría a los proyectos internos para este fin: la rehabilitación de las seis refinerías existentes, la reconfiguración de la de Tula y la construcción de la planta en Dos Bocas. En su conjunto, el gobierno planea alcanzar la autosuficiencia en gasolinas, diésel, turbosina y otros petrolíferos en 2023.

La compra de la participación en Deer Park ofrece inconvenientes para México. Sin duda, el más importante consiste en que, junto con el resto de las inversiones en refinación, la operación confirma el interés del gobierno de fungir como empresario petrolero, en descuido de sus responsabilidades fundamentales.

En particular, este enfoque en los negocios absorbe recursos públicos que necesariamente tienen un costo de oportunidad. La transacción de la refinería de Houston representa un peso adicional sobre las finanzas públicas.

El precio de compra asciende a 596 millones de dólares, compuestos por 106 millones en efectivo y 490 millones por la asunción de los pasivos de la empresa que corresponden a Shell.

Pemex tendría que pagar un monto adicional por los inventarios de petróleo al cierre de la operación, lo que se estima podría ocurrir durante el cuarto trimestre del presente año, cuyo valor podría fluctuar entre 250 y 350 millones de dólares en efectivo.

La implicación más clara del desembolso y la absorción de pasivos es que el control y la operación de Deer Park pasarían de Shell a Pemex. Es probable que el gobierno vea en ello la forma de concentrar la producción en el procesamiento de crudo mexicano, lo cual, en todo caso, tendría que adecuarse a los contratos existentes de suministro de petróleo y entrega de productos con otros países.

La ventaja de Deer Park es que puede transformar petróleo pesado sin producir combustóleo, limitación que caracteriza a las instalaciones mexicanas. Sin embargo, es muy probable que la eficiencia de la empresa disminuya, considerando el pésimo desempeño de Pemex en las refinerías nacionales, así como la calidad declinante del crudo extraído en el país y, por tanto, su costo ascendente de transformación.

Una restricción adicional proviene de las regulaciones crecientes en materia de medio ambiente en EE.UU., que comprenden, entre otras, posibles disposiciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las consideraciones anteriores sugieren que no es clara la rentabilidad del proyecto, especialmente en un mundo en que las principales petroleras están reduciendo su exposición en refinerías ante la perspectiva de un uso creciente de energías limpias.

Además, la inversión con el fin de alcanzar la autosuficiencia en productos refinados del petróleo es un sinsentido para el país. En cualquier bien o servicio, el comercio internacional ofrece las oportunidades para la especialización, lo que implica su adquisición al menor costo posible, incluyendo obviamente la posibilidad de importar.

Pero aun si se supusiera una justificación a la autarquía, Deer Park no contribuye a ella. La refinación en el exterior seguirá requiriendo de una importación, con un efecto ‘negativo’ sobre la balanza comercial petrolera.

Finalmente, la autosuficiencia tampoco justificaría las restricciones a la incipiente participación privada en el sector energético, impuestas en las recientes modificaciones legales. Al parecer, más que la autarquía, la verdadera intención es el control gubernamental del proceso productivo.

La afición del gobierno por ser empresario petrolero implica un desperdicio de recursos, en detrimento de sus funciones irrenunciables, como la seguridad pública, la impartición de justicia, y la provisión básica de los servicios de salud y educación. La inclinación oficial hacia los negocios inhibe el progreso económico y social de México.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 2 de junio de 2021.