Leyes en contra de discusiones acerca de la pandemia: la privacidad

Escribí la semana pasada acerca de la tendencia antigua del estado durante peligrosas epidemias de enfermedades contagiosas de ejercer control sobre la discusión pública de las cuestiones médicas con el razonamiento de que se debe prevenir la difusión de la desinformación. (Algunos miembros del congreso actualmente están tratando de presionar a las plataformas para que retiren publicaciones en redes sociales que promueven nociones erróneas acerca de las vacunas). Citando la pandemia de la influenza de 1918-19, señalé que “en lugar de silenciar los rumores y la difusión popular de ideas falsas acerca del virus, el control firme de la información [muchas veces logra] lo contrario”.

Hay una manera menos visible y más políticamente sagrada con la cual el gobierno moderno también trata de controlar la discusión de las epidemias de enfermedades, principalmente el derecho de privacidad. Si un compañero de trabajo que usted ve regularmente en su lugar de trabajo cae con la enfermedad, por ejemplo, hay una buena probabilidad de que reciba un mensaje compuesto de manera críptica de la administración que de manera incómoda casi deja en el anonimato, en lugar de nombrar, a su colega (“alguien en el cuarto piso”) en virtud de la guía derivada de la federal Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo o sus contrapartes a nivel de los estados. “Oh, debe ser HIPPA”, se ríe la gente, lo cual no es estrictamente preciso, debido que la ley de privacidad en la salud (la Ley de Portabilidad de y Rendición de Cuentas de los Seguros de Salud de 1996, HIPPA) cubre solo a aquellos que se encuentran en el negocio de la salud. Sin embargo, la diferencia en la práctica no importa tanto dado que las normas amplias de privacidad contenidas en otras leyes federales tales como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) si aplican en los lugares de trabajo. 

Nótese que estas leyes no necesariamente detendrán de hecho los rumores entre sus compañeros de trabajo, así sea solo porque la gente quiere saber a dónde enviar las tarjetas de “recupérate pronto”; algunos también estarán ansiosos por conocer si la persona que acaba de caer con la enfermedad es alguien con quien habían pasado mucho tiempo últimamente. No obstante, podrían funcionar para prevenir que los administradores hablen para corregir rumores que se han salido de control. 

Las cosas pueden ser peores en los lugares de trabajo que están sujetos a capas adicionales de regulaciones de privacidad. Las universidades, por ejemplo, están gobernadas por la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias de 1974 (FERPA), una ley federal que limita severamente la liberación de información acerca de los estudiantes, incluso a personas con algún interés probable de conocerla, como sus miembros familiares. En una carta del rector del año pasado, la Universidad de Boston generó controversia cuando anunció que “La facultad no será notificada si un estudiante en su clase ha dado positivo a menos que se considere que estará en contacto cercano a través del esfuerzo de rastreo”. Este es uno de los muchos asuntos que discuto en mi nuevo estudio para la serie “Pandemia y políticas públicas” del Instituto Cato acerca de cómo la regulación puede dificultar seguir una política de seguridad prudente en contra de la propagación del COVID-19 en el lugar del trabajo. Puede leer el estudio completo aquí.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 8 de febrero de 2021.