Álvaro Uribe y la derecha colectivista

Durante la campaña presidencial en EE.UU., los dos candidatos más izquierdistas del Partido Demócrata –Bernie Sanders y Elizabeth Warren– propusieron crear un impuesto al patrimonio. Dicha medida es tan radical, defectuosa y estatista que, hasta el New York Times, caja de resonancia de la izquierda estadounidense, cuestionó su constitucionalidad.

En Colombia, el impuesto al patrimonio existe hace dos décadas aproximadamente, pero no lo introdujo un gobernante percibido como un extremista de izquierda. Lo introdujo Álvaro Uribe.

Sus defensores argumentan que, en el año 2003, no había otra opción para financiar la Seguridad Democrática. Por mi parte, no dudo que fue indispensable la exitosa ofensiva de ese entonces contra las FARC, pero sostengo que el impuesto al patrimonio era –y aún es– innecesario, dañino y contraproducente.

No se necesita porque, aparte de que siempre hay maneras de recortar el gasto estatal, especialmente en Colombia, también hay fuentes alternativas de financiación. Solo para empezar, en el 2003 se hubiera podido vender por completo Ecopetrol, medida que aún es deseable ya que al Estado no le compete el manejo de una empresa petrolera (pero sí le sirve crear un fondo soberano con los ingresos de una venta).

El impuesto al patrimonio es dañino no solo porque castiga el éxito, sino también porque asume la disponibilidad de una liquidez que puede ser inexistente, por ejemplo, en el caso de la posesión de bienes inmuebles. 

Y es contraproducente porque motiva el flujo del capital hacia jurisdicciones con mayor respeto por los derechos de propiedad, lo cual reduce el recaudo. De hecho, de 12 países europeos que habían implementado el impuesto al patrimonio en 1990, ocho ya lo eliminaron por falta de resultados.        

Tal como el gravamen a los movimientos financieros o 1x1.000 de 1998, el cual mutó como un roedor que se transforma en Tortuga Ninja hasta el actual nivel de 4x1.000, el impuesto al patrimonio se introdujo de manera temporal antes de ser permanente, y su tarifa creció de un 0,3 % original al 1 % de hoy. Aunque la última reforma tributaria lo eliminó después del 2021, el coronavirus sirvió de excusa para que los políticos –desde la alcaldesa de Bogotá Claudia López hasta, mirabile dictu, Álvaro Uribe– aseguraran que el impuesto al patrimonio es imprescindible.    

Esto demuestra que la polarización que tanto obsesiona a los periodistas colombianos es meramente superficial. En materia económica, las medidas que menoscaban el ahorro, la libre empresa, la competencia y el bien del consumidor suelen surgir de la derecha y de la izquierda con la misma frecuencia.

Prueba de ello son las rutinarias coincidencias del uribismo con el senador maoísta Jorge Enrique Robledo para proteger de la competencia a gremios rentistas como el cafetero, el taxista y los monopolios de licores de los departamentos colombianos; también la expansión de programas asistencialistas como Familias en Acción, la idea de subir salarios por fiat y la oposición a nuevos tratados de libre comercio.

Tales son las expresiones del “Estado comunitario” que promovió Uribe en el 2002, cuando dejó claro su rechazo al “neoliberalismo”. La izquierda socialista es peligrosa, pero la derecha colectivista es un reflejo de ella.    

Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Siglo (Colombia) el 22 de junio del 2020.