Reformas de pensiones en Suecia y Australia
Gabriela Calderón de Burgos dice que las reformas de pensiones de Suecia y Australia de la década de los noventa tienen en común que se logró transferir, aunque sea parcialmente, la libertad y resposanbilidad sobre el manejo de los ahorros de la clase política a los trabajadores.
Por Gabriela Calderón de Burgos
En otros artículos traté el modelo chileno de pensiones, que consiste de cuentas individuales de capitalización para la jubilación. Varios han afirmado que aquel sistema está quebrado aún cuando los fondos de pensiones acumulaban en 2019 el equivalente a más del 70% del PIB (en Ecuador esta cifra es de 6%). El Índice Global de Pensiones Mercer lo ubica en el top 10 de los 37 sistemas de pensiones evaluados. Dada la abundante propaganda en contra del modelo chileno, consideremos el ejemplo del llamado paraíso de los trabajadores: Suecia.
El mal desempeño de la economía durante la década de 1980, el envejecimiento de la población conforme aumentaba la expectativa de vida y caía la fertilidad eran todos factores que habían derivado en la crisis del sistema de reparto de Suecia. Las pensiones tenían un tope, por encima del cual los aportes de los afiliados eran en efecto un impuesto sobre el ingreso utilizado para subsidiar las pensiones de otros trabajadores. Se erosionaba cada vez más la relación entre los aportes y las pensiones.
Una amplia y diversa coalición aprobó reformas al sistema entre 1994-1998 que introdujeron un pilar de cuentas individuales de ahorro que es invertido en los fondos que elija cada trabajador, introduciendo así la competencia en el sistema. Los trabajadores suecos están obligados a ahorrar un 18,5% de su sueldo para su jubilación, pero ahora al menos 2,5% de ese ahorro va a una cuenta de capitalización individual.
Se logró desactivar la bomba fiscal y hoy Suecia es uno de los países dentro de la Unión Europea que menos gasto público destina a financiar las pensiones y cuyo gasto se estima caerá. Todo esto, mientras que los suecos reciben unas de las pensiones más adecuadas y tienen uno de los sistemas más sostenibles.
Otro ejemplo a considerar es aquel de Australia, que se ubica en la tercera posición del mismo reporte. En 1992 el gobierno de Paul Keating implementó la reforma de pensiones que estableció la obligación de los empleadores de contribuir una parte del sueldo de sus empleados (un mínimo de 9,5%, se espera que suba a 12% para 2025) a una “super”. El sistema había acumulado 1,8 billones (“trillions” en inglés) para 2017 y ha logrado que el gasto público en pensiones se controle —era de 4% en 2018 (comparado con 7% en EE.UU. y 14% en Francia) y se espera que continúe cayendo.
El común denominador entre las reformas de Chile, Australia y Suecia es que se logró transferir, en mayor o menor grado, la libertad y la responsabilidad sobre el manejo de los ahorros para la jubilación desde la clase política hacia los trabajadores. En todos los casos esto derivó en un aumento de la sostenibilidad del sistema, sin empeorar la cobertura de las pensiones. Al considerar estas diversas opciones hay que tener en cuenta la variable institucional: mientras menor calidad institucional, más habría que limitar la discrecionalidad y el poder de decisión de la clase política.
Urge una reforma que rompa el monopolio estatal sobre el manejo del ahorro de los trabajadores. Siendo muy difícil lograr un consenso a nivel nacional, es necesario que se inicie al menos a nivel local.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 6 de marzo de 2020.