Luces, cámara, ¡subsidio!
Iván Alonso dice que no hay ninguna evidencia de que la ley de cine atienda a un problema real: el cine peruano atraviesa un auge y los costos de producción han caído, por lo que no se entiende por qué la actividad debería ser subsidiada.
Por Iván Alonso
No hay, como de costumbre, ninguna evidencia de que el proyecto de ley del cine que el Congreso ha aprobado la semana pasada en primera votación atienda un problema real. Al contrario: vemos en su exposición de motivos que hay un “auge de las películas nacionales, cuyas producciones están creciendo”. Seguimos mirando, sin embargo, y nos encontramos con que “resulta necesario promocionar, fomentar y consolidar al cine peruano”. ¿Quién entiende este guion?
El misterio continúa con la escena de los costos. “En los últimos años, los cambios tecnológicos y la digitalización de los medios de comunicación han dado como resultado la transformación de los procesos de producción y de circulación de los productos audiovisuales, así como la reducción de costos”. Ah, la reducción de costos. El espectador suspira aliviado. Pero no por mucho tiempo porque, dos tomas después, descubre que “la promoción de esta actividad requiere tener en cuenta sus altos costos de producción”.
El desenlace harto previsible de esta trama enrevesada se precipita por un detalle tan impactante como inverosímil: un estudio que demuestra que por cada millón de soles invertido en el fomento de la industria del cine se generan bienes y servicios por un valor de cuatro millones de soles en el resto de la economía nacional. El viejo truco del efecto multiplicador de la inversión. Siempre oportuno y a la medida para demostrar lo que usted quiera.
En la escena final, se le ordena al Ministerio de Cultura destinar cada año no menos de 6.000 UIT, esto es, S/25 millones de su presupuesto al cine, en parte para apoyar proyectos cinematográficos y en parte para que vayan por el mundo las figuras señeras de nuestro séptimo arte a difundir la excelencia de la filmografía peruana. Y, además, se le concede a cualquier persona natural o jurídica el derecho a donar a la productora de su elección hasta el 10% de su renta bruta, una donación que lleva envuelto un subsidio porque, de otro modo, el 30% de la misma iría a parar a manos de la Sunat.
La crítica especializada se pregunta para qué se aprueba una norma antielusiva si inmediatamente se crean nuevas oportunidades para pagar menos impuestos. Un contrato con una subsidiaria especializada en producir videos promocionales para un grupo empresarial podría considerarse una operación inusual y despertar la sospecha de ser nada más que un ardid para engañar al fisco, mientras que una donación dirigida expresamente a financiar los experimentos de un hijo con inclinaciones artísticas sería perfectamente legal e inclusive gozaría de un beneficio tributario. La crítica se pregunta también si, en lugar de gastar o invertir –como quiera llamársele– S/25 millones para tentar un premio en el Festival de Cannes, no sería más sensato usarlos para recoger la basura en los barrios donde el servicio es deficiente y evitar que se celebre otro festival de canes a su alrededor.
La película, sin duda, dará mucho que hablar. Pero la secuela promete ser aun más interesante. Nos mostrará a un primer ministro agobiado por un conflicto de intereses, cuando la ley aprobada por el Congreso llega al Ejecutivo para que la promulgue. ¿Qué le aconsejará al presidente? ¿Observar la ley o no observarla? ¿La verá con ojos de estadista o de aficionado? De esos dilemas morales está hecho el buen cine.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 17 de mayo de 2019.