Enmienda constitucional debe limitar impuestos

Milton Friedman propuso en este artículo una enmienda constitucional que combine "un presupuesto balanceado con una limitación de impuestos y, por lo tanto, de los gastos gubernamentales".

Por Milton Friedman

Una enmienda constitucional sobre la obligación de eliminar los déficit presupuestarios —algo que los republicanos han incluido en su Contrato con América— es un medio para alcanzar un fin. El fin es no dejar que el gobierno crezca o, mejor aún, lograr reducir drásticamente sus gastos. Una buena enmienda puede ayudar a alcanzar ese fin; una mala enmienda puede hacerlo más difícil.

La diferencia clave es si la enmienda enlaza un presupuesto balanceado con una limitación de impuestos y, por lo tanto, de los gastos gubernamentales. La enmienda aprobada por el Senado en 1982 era del tipo correcto. Impedía que aumentara lo recaudado en impuestos de un año al siguiente por encima del porcentaje de aumento en el ingreso nacional. Con esa limitación, los gastos gubernamentales se mantendrían constantes como fracción del ingreso nacional. Si los impuestos y, por consiguiente, los gastos se mantuviesen por debajo de tal límite, se frenarían los incrementos futuros, permitiendo una reducción gradual del gasto gubernamental como fracción del ingreso. Y no habría que reducir el gasto público, aunque ello sería preferible.

Una limitación de los impuestos conduciría a un presupuesto balanceado a través de la reducción del gasto público en lugar de por vía de mayores impuestos. La enmienda propuesta hace poco por el senador Paul Simon (demócrata de Illinois) con el fin de eliminar el déficit es del tipo equivocado. No fija límites a impuestos ni gastos; simplemente impone un presupuesto balanceado. Nada evitaría alcanzarlo a través de incrementos masivos en los impuestos y nada impediría nuevos gastos del gobierno si van acompañados de más impuestos. Además, no dice nada sobre los mandatos gubernamentales, algo que tocaré más adelante.

No se puede recalcar demasiado que la verdadera carga sobre la economía es lo que el gobierno gasta u obliga a otros a gastar a través de mandatos y no lo que recauda en impuestos. Si el ingreso nacional total es de, digamos, $6 billones y los gastos del gobierno federal son $1,5 billones, quedan $4,5 billones para los individuos y para los gastos estatales y locales. Si los gastos federales son $2 billones, eso deja sólo $4 billones a todos los demás. Y esto sigue siendo así de cualquier manera en que el gobierno financie sus gastos, lo haga a través de impuestos, pidiendo prestado o imprimiendo billetes. El método empleado es importante porque afecta la inflación, las tasas de interés y a otros fenómenos importantes, pero no altera la carga básica sobre la economía.

En mi opinión, nuestro país estaría mucho mejor con un presupuesto de $1 billón y un déficit de $300.000 millones que con un presupuesto perfectamente balanceado de $2 billones. El déficit es un problema porque la posibilidad de operar con déficit tiende a aumentar los gastos cada vez más.

Otro asunto que se debe estudiar para que la enmienda constitucional haga más bien que mal es el manejo de los mandatos federales. A medida que han aumentado las presiones sobre el Congreso y la Casa Blanca para que disminuyan gastos, ambos han recurrido más y más a mandatos que trasladan las erogaciones a los estados, a los gobiernos locales y al sector privado. La Ley de Aire Puro y la Ley sobre Inválidos son buenos ejemplos de esto. Las erogaciones requeridas para cumplir con esas leyes equivalen a impuestos, pero ni el impuesto implícito ni el gasto explícito está incluido en el presupuesto del gobierno. Una enmienda constitucional sobre presupuestos balanceados tendría que obligar al gobierno a financiar los mandatos que impone.

Como miembro fundador, en 1975, del Comité Nacional para Limitar Impuestos ingenuamente creía que esta sería una enmienda fácil de redactar. Una larga experiencia me ha convencido de todo lo contrario. Los republicanos tienen una estupenda oportunidad de reducir el tamaño del gobierno. Una buena enmienda constitucional ayudaría, pero sería trágico que se dejaran convencer sobre la promulgación de una mala enmienda.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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