La reforma financiera propuesta no evitará la próxima crisis

El Congreso y el Senado pronto decidirán el futuro de una ley de regulación financiera que fue redactada en su mayor parte en negociaciones a puerta cerrada entre ambas cámaras. Los legisladores enfrentan una decisión llana y simple: respaldar una ley que nos da más de las mismas regulaciones bancarias que han fallado en el pasado o rechazarla con la esperanza de que un nuevo Congreso el próximo año lidie con las verdaderas causas de la crisis financiera.

Tal vez no debería sorprendernos que el senador Christopher Dodd y el congresista Barney Frank, los principales autores de la ley, no logren acabar con las numerosas distorsiones gubernamentales en los mercados financiero e hipotecario que condujeron a la crisis. Ambos han sido arquitectos o partidarios de dichas distorsiones. De tal forma, es como pedirle al zorro que construya el gallinero.

En ninguna parte del borrador final de la ley se ve siquiera la pretensión de reducir los numerosos incentivos y mandatos federales de extender créditos, particularmente a través de hipotecas, a aquellos que no pueden pagarlos de vuelta. Después de todo, la narrativa popular insiste en que los “peces gordos” de Wall Street son los culpables de la crisis crediticia. A pesar del reconocimiento de que se ofrecieron hipotecas a individuos y familias que no calificaban para obtener tales créditos, a los bancos todavía se les requerirá bajo la ley Dodd-Frank cumplir con la cuota de préstamos impuesta por el gobierno.

Aunque quienes favorecen los préstamos ordenados por el Estado están en lo correcto al señalar que gran parte de los peores préstamos se originaron en instituciones inscritas a nivel estatal, tales como Countrywide, y no bancos inscritos a nivel federal, ignoran o no mencionan a propósito la verdad de que estos prestamistas no bancarios vendieron casi todos sus préstamos a Fannie Mae, Freddie Mac o la corporación gubernamental Ginnie Mae. Alrededor del 90 por ciento de todos los préstamos originados por Countrywide, el principal emisor de hipotecas subprime (altamente riesgosas), o fueron vendidos a Fannie Mae o respaldados por Ginnie Mae. Las instituciones prestamistas estaban tan enlazadas con Fannie y Freddie que solamente Countrywide constituyó más del 25 por ciento de las compras de Fannie Mae.

Si bien uno puede debatir sobre de los motivos detrás del respaldo de Fannie y Freddie al mercado de hipotecas subprime, una cosa debería quedar clara: Si Fannie y Freddie no hubiesen estado ahí para comprar esos préstamos, gran parte de ellos nunca se habrían materializado. Y si el contribuyente no hubiese estado respaldando a Fannie y Freddie, estos no hubiesen podido financiar compras tan grandes de hipotecas subprime. Sin embargo, en lugar de solucionar el rescate sin fin en que Fannie y Freddie se han convertido, el Congreso cree que es más importante expandir las regulaciones y los litigios federales a prestamistas que nada tuvieron que ver con la crisis.

El peor defecto del proyecto de ley es ignorar completamente el papel que jugó la política monetaria en generar la burbuja de bienes raíces. Una burbuja de tal magnitud histórica como la que atravesamos solamente puede ocurrir en un ambiente de crédito extremadamente barato y abundante. El proveedor y fijador de precio final de ese crédito fue la Reserva Federal. ¿Podría alguien verdaderamente creer que más de tres años de una tasa de interés real negativa—aquella en la que uno esencialmente está recibiendo un pago al hacer un préstamo— no acabaría en llanto?

Ya que la política monetaria de la Reserva Federal va dirigida en gran medida a préstamos a corto plazo, esta también ensanchó la brecha entre los préstamos a corto y a largo plazo hasta niveles históricos. Esto creó incentivos irresistibles para que los hogares y las empresas tomaran préstamos a corto plazo —a veces hasta de un día para otro— y concedieran préstamos a largo plazo. Muchos hogares eligieron hipotecas con tasa variable que luego se volverían a fijar una vez que las tasas de interés subían, aumentando los pagos mensuales. Para los bancos, esta brecha dio la oportunidad para obtener generosas ganancias simplemente especulando sobre la curva de retornos.

Evitar el tema de la política monetaria laxa puede ser el resultado de que el Congreso prácticamente no entiende el mismo. El primer paso obvio para construir dicho entendimiento sería pedir que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por su sigla en inglés) audite la política monetaria de la Reserva Federal. Aún así el Congreso continúa prohibiendo que la GAO examine el asunto. Es como si el Congreso ni siquiera quisiera entender las causas de la crisis.

Tampoco ha habido discusión alguna en el Congreso acerca de remover las preferencias tributarias de la deuda. Washington subsidia la deuda, tributa el patrimonio y luego actúa sorprendido cuando todos se encuentran en una posición extremadamente comprometida.

Hasta que Washington evalúe seriamente el papel que jugó en causar la crisis financiera, tendremos pocas probabilidades de evitar otra. Y la ley Dodd-Frank, que seguramente será alabada como una fuerte medicina para banqueros deshonestos, en realidad no es ni siquiera un paso modesto en la dirección correcta.  

Este artículo fue publicado originalmente en The National Review (EE.UU.) el 25 de junio de 2010.