Venezuela, el derecho de propiedad y las lecciones de los Balcanes

Recientemente fue publicada la edición 2017 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI en sus siglas en inglés), informe medular de la Alianza por los Derechos de Propiedad (APRA) como organización dedicada desde el año 2007 al estudio y evaluación del estado de este insustituible derecho humano a lo largo de 72 países, esencial para la preservación y ejercicio de la libertad individual y el desarrollo humano. Como ha sido tradición en los últimos años, el Índice se encarga de examinar la situación de la propiedad privada en relación con otras instituciones que posibilitan su práctica o garantizan su vigencia, a través de 3 componentes: Entorno Político y Legal,  (Independencia judicial, Estado de Derecho, control de corrupción), Derechos de Propiedad Físicos (protección y registro de la propiedad, acceso a préstamos) y Derechos de Propiedad Intelectual (protección de patentes, control de la piratería), sumando ahora nuevos elementos de análisis que estiman, por ejemplo, la libertad para investigación e innovación, resultados económicos, capital social o igualdad de género y cómo estos indicadores convergen con los derechos de propiedad para causar un impacto en las sociedades.

Desgraciadamente, la calificación de Venezuela en el ranking del IPRI vuelve a ser en extremo negativa, ubicándose en el puesto 126 de 127 países evaluados, sólo por encima de la República de Yemen —localizada en el Medio Oriente y en situación de guerra—, y por detrás de naciones como Chad, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Pakistán. Lo más preocupante y dramático es que el nuestro ocupa el último lugar en la valoración del Entorno Político y Legal (127 de 127), lo cual en efecto se corresponde con la realidad actual y puede ser fácilmente comprobado en los testimonios de millones de ciudadanos que hoy son víctima de la orfandad jurídica e institucional en la que deben desenvolverse, sin tribunales imparciales, seguridad ciudadana, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, acceso a la información y estabilidad gubernamental, escenario que también, además de la tragedia individual —las violaciones sistemáticas a viviendas, comercios y empresas— genera las condiciones idóneas para la rapiña y la depredación en espacios como los del llamado Arco Minero al sur del país, territorio hoy dominado por mafias nacionales e internacionales ante la inoperancia del Estado de Derecho.

Ahora bien, el Índice de Derechos de Propiedad 2017 nos comparte algunas interesantes experiencias de países que atravesaron, o aún lo hacen al presente, por procesos de crisis política y social resultado del paroxismo colectivista que promete paraísos en la tierra irrealizables que desembocan en muerte y miseria, al tiempo que ofrecen algunas encomiables perspectivas que orientan hacia la adopción de las reformas estructurales necesarias para la recuperación nacional: tal es el caso de los países balcánicos del oeste, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Kosovo. Según relata la investigación, el camino de transición para los países la antigua URSS ha derivado en dos grandes grupos: los que lograron mejorar a través de la implementación de instituciones democráticas y que favorecieron el comercio y los negocios, frente a aquellos que se atrincheraron sobre la base de regímenes autoritarios, débiles entornos sin promoción del mercado y los negocios y un virtualmente inexistente Estado de Derecho. De esta forma, los países balcánicos del oeste antes mencionados enfrentaron desafíos y circunstancias políticas y culturales únicas que obstruyen y retrasan sus progresos hacia una sociedad con gobernabilidad democrática, instituciones independientes y libertad económica, lo que demandó una revisión muy íntima y crítica de dichas circunstancias, empezando por reconocerlas como parte del problema y razón del estancamiento, frente a sus vecinos de la Unión Europea que reflejan estándares de vida mucho más elevados.

El desconocimiento, indiferencia y menosprecio hacia la vigencia del Estado de Derecho y los derechos de propiedad como vehículos para motorizar el libre desenvolviendo humano estaban enraizados en erradas categorías históricas y socioculturales producto de la herencia soviética —desde ideas comunistas hasta conflictos étnicos, lo cual impidió la penetración o el surgimiento interno de nociones como la libertad individual, el libre mercado y la importancia de los gobiernos limitados—. Hoy, a pesar de seguir demorando el avance definitivo de estos países, ha quedado demostrado cómo la influencia de las naciones de la Unión Europea —con sus más y sus menos— y el ejemplo de países propios de la península báltica como Estonia —quien ocupa el puesto 25 en el presente IPRI y está bien posicionado en otros índices— han viabilizado algunas modificaciones graduales de esas instituciones e ideas discriminatorias y empobrecedoras, encaminándolos quizá hacia una reformulación que con el tiempo podría ser definitiva, ajustadas al deseo de progreso individual y social, lejos de justificaciones deterministas que inviten a plantear que unos grupos humanos son más capaces que otros, o mejor o peor condicionados por el entorno, lo que se desmiente al analizar el caso de las dos Coreas en la actualidad.

¿Podemos entonces los venezolanos identificar de igual modo las causas de nuestra decadencia y la manera de enmendarlo? Sin duda alguna, pues basta con mirar experiencias en el mundo, identificar los mitos y manipulaciones que nos aprisionan y promover las condiciones políticas y culturales que sostenidamente hagan surgir desde la tradición y la práctica de las mismas personas nuevas formas de organizarnos y hacer las cosas, muchas de las cuales, por cierto, ya sabemos y hacemos —por ejemplo, todos somos propietarios en mayor o menor grado— pero en cierta medida no somos conscientes de, al menos, todas sus virtudes y beneficios por ahora.