Venezuela: Secuelas del robo revolucionario

Norka Parra es analista de VenEconomía.

Una de las recientes decisiones nefastas del gobierno de Chávez fue la promulgación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos y la consecuente apropiación indebida de empresas de servicios petroleros.

Es una abrupta confiscación de las compañías encargadas de los procesos de inyección de agua, gas y vapor en los campos petroleros del país, a sabiendas de que son procesos muy complejos que requieren mano de obra especializada, calificada y tecnificada, por lo que esa tarea siempre era encomendaba a empresas muy especializadas. Al asumir la estatal PDVSA esa función, su falta de experiencia puede significar una caída de la producción petrolera venezolana de 1.050.000 barriles diarios, la mitad de la producción, según las cifras del gobierno.

El daño se extiende a decenas de pequeñas y medianas empresas especializadas en procesos específicos y con experiencia de 20 hasta 80 años, que también han sido objeto del despojo revolucionario y que ha generado desempleo y desespero en la zona petrolera. Lo que no se entiende es por qué el gobierno quiere matar a la gallina de los huevos de oro, que le ha permitido comprar conciencias y atornillarse en el poder.

Unos dicen que es porque PDVSA está quebrada y no puede pagar las altas sumas que debe. Otros aseguran que es porque el gobierno de Chávez es enemigo acérrimo de todo lo que sea propiedad privada. Algunos consideran que la visión gubernamental es cortoplacista, sesgada y omnipotente, lo cual lo ciega respecto al negro futuro que está gestando para el país. Los más mal pensados creen que es un pase de factura a una población que le ha negado el voto en cada elección que se ha realizado en el estado Zulia y que lo que busca es quebrar a ese estado, para luego tomarlo por asalto. Muchos más sostienen que es el conjunto de todo lo anterior.

En lo que todos concuerdan es que este nuevo atropello es una soberana metida de pata que acarreará más demandas contra PDVSA y contra Venezuela en tribunales internacionales; encarecimiento del endeudamiento o la exclusión de PDVSA de mercados de crédito; congelamiento de los planes de invertir en los proyectos de producción de gas costa fuera de empresas petroleras, mejoradores y productores en la Faja del Orinoco; incremento de los costos operativos; mayor destrucción de la capacidad de producción y, por ende, un colapso más rápido de la empresa petrolera estatal.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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