El Salvador: El colmo moral y económico del oligopolio

Hay mucha gente que cree que el problema de los altos precios de las medicinas se va a resolver devolviéndoles el IVA a los que las produzcan y vendan. Esto no es cierto. Por supuesto, en esta manera sólo se cambia el bolsillo del que el ciudadano común saca el dinero para pagar los altísimos precios de las medicinas. Supuestamente, los ciudadanos pagarían 13 por ciento menos por ellas —algo que habría que ver si es cierto—, pero dejarían de percibir una cantidad igual en servicios del gobierno, ya que éste no recibiría estos impuestos. Pero, además, el problema es mucho más que un 13 por ciento. La mayor parte de las medicinas vale más del 50 por ciento y con mucha frecuencia más del doble que en cualquier país vecino o no vecino, incluyendo países en los que las medicinas tienen IVA. Esto indica claramente que el problema no es el IVA.

Una diferencia tan grande con los precios que las mismas medicinas tienen en otros países, sólo puede provenir de una falta de competencia en el mercado, proveniente de una barrera artificial construida para que las medicinas no se puedan importar libremente. Esto no es economía de mercado. Si la importación libre de medicinas se permitiera, los precios de todos los productos bajarían inmediatamente, igualándose a los precios en el mercado más barato.

El problema radica en el Consejo de Salud Pública, una institución del Estado salvadoreño que se creó para asegurar la calidad de las medicinas que se venden en el país, pero que en la práctica se ha convertido en un instrumento que protege un oligopolio de empresas farmacéuticas que ha capturado el mercado salvadoreño. Protegidas por esta institución, las empresas que controlan el mercado salvadoreño pueden cobrar lo que se les antoja por sus medicinas, ya que saben que el Consejo no permitirá que las medicinas de la competencia entren al país. El celo excesivo de esta institución en la protección de los intereses de las empresas y no del consumidor se manifiesta claramente en los obstáculos insalvables que impone para la importación libre de medicinas aprobadas por el mismo Consejo. Si usted compra medicinas en Guatemala, en donde son mucho más baratas, y las trata de introducir al país se dará cuenta de que el Consejo no se lo permite, aunque la misma medicina y de la misma marca se venda en el país. El argumento que se da es que permitir la importación de estas medicinas violaría los contratos de representación otorgados por las mismas casas productoras, que no quieren que el distribuidor de Guatemala le quite negocio a El Salvador.

Pero el Consejo no fue creado para proteger estos arreglos sino para asegurar la calidad de los medicamentos, una función que no requiere proteger a ninguna empresa. Además, dar protección a estos arreglos entre distribuidores es ilegal, porque vender el mismo producto a diferentes precios en diferentes localidades viola la Ley de Competencia. Lo que el Consejo tiene que hacer es determinar si la marca X es de calidad, algo que puede hacer usando material generado en otros países con mejores laboratorios que los nuestros. Lo que no tiene que hacer porque no es su mandato y porque es ilegal es asegurarse de que sólo una empresa puede vender las medicinas X. Este tipo de abusos es lo que, cuando se permite, da mal nombre al capitalismo y a la empresa privada.

Este abuso ha sido siempre un obstáculo para el desarrollo de la salud en el país. Es el colmo de este abuso que ahora el Consejo de Salud Pública se niegue a aprobar la solicitud de una empresa para importar medicinas genéricas que curan la gripe H1N1. Como siempre, los pretextos que se dan para no otorgar el permiso son leguleyadas: que la papelería no se ha llenado bien, que falta un detallito, que la solicitud es muy vieja (por supuesto, ya que el Consejo no las aprueba), etc. Pero el Consejo aclaró que ya escogió a la empresa que puede importar y vender la medicina. ¿Por qué sólo a una empresa? ¿Por qué no a cuatro, o cinco, o diez, dado que el problema es tan grande? Por supuesto, si sólo una empresa importa, podrá poner los precios que quiera. Esto lo está condonando el Consejo aunque cada dólar de aumento o cada tratamiento no existente en el mercado represente vidas humanas perdidas. Es realmente el colmo, no sólo económica sino también moralmente que el Consejo siga protegiendo a importadores existentes, cuando es indispensable que haya una oferta masiva de las medicinas en el país para poder enfrentar la pandemia.

El gobierno ya no puede ignorar este cáncer que obstaculiza el desarrollo de la salud en el país. Es hora de tornar las luces sobre este negocio tan oscuro y, en plena luz, eliminar los privilegios que obtienen algunas empresas bajo la protección de una institución del Estado.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 7 de mayo de 2009.