Terrorismo de Estado: capítulo Venezuela

El terrorismo es por esencia un tema complejo, y por lo tanto, también lo es su definición conceptual. Existe la tipificación del delito de terrorismo según la legislación de cada país, pero no existe una definición universalmente aceptada; al final, siempre dependerá de la interpretación asociada a los aspectos culturales e inclusive ideológicos dentro de una misma cultura.

Sin adentrarnos por los momentos en los aspectos jurídicos, digamos que el terrorismo es una forma de “intimidación” para generar miedo y modificar las relaciones de poder.1 Precisamente la intimidación es el medio para lograr conseguir sus objetivos, y como bien lo expresa Zygmunt Bauman “el terror es su primordial arma”.2

La intimidación pretende lograr hacer que alguien sienta miedo o temor. Es un concepto que se encuentra en muchas definiciones académicas e, inclusive, dentro de las normativas asociadas al terrorismo. Sin embargo, es importante resaltar que no necesariamente la intimidación conlleva una acción violenta desde el punto de vista físico, también puede ser usada por medios no físicos tales como, por ejemplo, la manipulación emocional y el abuso verbal.

Ahora bien, el terrorismo no debe ser interpretado solamente desde aquellas acciones de lucha contra el Estado, contra un sistema o en contra de otro grupo ideológico, sino que además debe entenderse que también puede venir inclusive desde el mismo Estado con la finalidad de dominar y mantenerse en el ejercicio del poder. Por ejemplo, Adolf Hitler desde el Estado consideraba que “el terror es el medio político más eficaz”.3 En ese sentido, estamos ante la presencia de un terrorismo de Estado cuando éste ejecuta acciones de violencia (física y no física), acciones legales e ilegales, para alcanzar ciertos objetivos de interés particular de un “grupo”, haciendo uso de su poder para hostigar, perseguir y dominar por medio de la intimidación, efectuando además acciones de tipo “autoritarias que son dirigidas contra los conciudadanos, considerados enemigos del Estado”;4 es decir, ciudadanos comunes que se manifiestan en contra del mismo.

En Venezuela, de acuerdo al texto constitucional de 1999, el Presidente de la República es Jefe del Estado y del Poder Ejecutivo. Existen, en total, cinco poderes públicos que conforman al Estado. Cada Poder tiene sus propias atribuciones. Cuando uno de los Poderes quiere dominar a otro; o, cuando un “grupo” en particular quiere dominar el sistema o todos los poderes del Estado, tratará de abarcar los máximos posibles. Ese grupo, en tal supuesto, tendría la suficiente fuerza para intimidar en una sociedad donde no exista una separación real de poderes. En el caso de Venezuela, de los cinco poderes del Estado, es públicamente notorio que un “grupo” social e ideológico domina y tiene control sobre cuatro de ellos, y bajo la ausencia de la separación de poderes, hacen  todo lo posible para mantener su dominio, incluyendo la intención de doblegar el poder que recientemente perdieron bajo la fuerza popular en las últimas elecciones parlamentarias de diciembre de 2015: el Poder Legislativo.

Bien lo mencionaba Bolívar “Nada es tan contrario a la armonía entre los poderes, como su mezcla” y en Venezuela los líderes bolivarianos parecen destinados a eludir su principio moral. Mientras que un grupo particular tenga dominio de la mayoría de las instituciones del Estado, lejos de la institucionalidad y armonía que debe reinar, se convierte en un verdadero Estado déspota y suelo fértil para un terrorismo de Estado; ya que de ese modo pueden actuar o dominar impunemente sobre la sociedad. Montesquieu ejemplificó en su momento que la unión del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial bajo el mismo “grupo” de individuos, podría resultar en una “tiranía. De ese modo, la separación de poderes en una sociedad es vital para garantizar las libertades políticas de sus ciudadanos, entendida como aquella que se logra cuando un ciudadano no sienta “temor” de otro.5

Para ese “temor” que busca el Estado sembrar, una de las acciones de violencia física e ilegal que se ha evidenciado, corresponde al uso de fuerzas “paralelas” al Estado. Son grupos creados al margen de las fuerzas de orden público para intimidar a los “enemigos del Estado”. Lamentablemente, algunos grupos de colectivos bolivarianos se han convertido en “bandas armadas” a la orden del Estado, es decir, grupos terroristas del Estado. Lo más grave de estos grupos, son las evidencias y denuncias de su actuación en cooperación con los diversos organismos oficiales de seguridad del Estado, donde cuestiona la institucionalidad de las mismas. A esto, tendríamos que sumarle la reciente intención de generar una fuerza de combate creada desde el seno del partido de gobierno.

Pero además son las acciones de violencia física e ilegal, inclusive inmorales, ejecutadas por los propios organismos de seguridad del Estado contra la integridad física de los individuos. Entre ellas, la represión a las manifestaciones de la oposición con el uso ilegal e indiscriminado de las bombas de gas lacrimógeno y armas de fuego, así como las violaciones a la propiedad privada, la persecución política, la detención arbitraria de ciudadanos y la tortura.

Desde la violencia no física ese “temor” que desean sembrar, es observado de forma sistemática a diario en los diversos medios de comunicación. Principalmente por medio del uso de un lenguaje particular dirigido hacia el “enemigo del Estado” y hacia los “simpatizantes del Estado”. Es decir, es fundamental para los terroristas el uso del lenguaje binario, donde se modifique la realidad y la percepción que se tenga de ella, con palabras como: lucha armada, paz, dialogo, revolución y otras clasificas dentro del lenguaje terrorista (Ejemplo).

Es así, que las acciones de intimidación en violencia no física que ha aplicado el gobierno desde la llegada de Hugo Chávez, buscan descalificar, insultar, amenazar y menospreciar al contrario, al llamado “enemigo del Estado”. Por ello, existe una necesidad típica de los grupos terroristas en incidir en los medios y en la información que circula. En lo tocante, es usual encontrar que en las transmisiones de los canales de televisión del Estado, difundan a diario una matriz de opinión asociada a la generación de miedo, odio y división, los cuales son los alimentos básicos del terrorismo. En el fondo, esa misma matriz es difundida en múltiples discursos y mensajes por parte de altos dirigentes del partido de gobierno (PSUV), encontrando declaraciones sistemáticas para intimidar gravemente a una población, donde se promueve un lenguaje conflictivo y binario.

Es importante mencionar que también existe una artillería sistemática dirigida hacia los “simpatizantes del Estado” promoviendo mensajes que buscan generarles miedo y radicalizarlos; por ejemplo “si gana la oposición les quitarán sus casas” y “la revolución no será entregada tan fácil”. Para Nussbaum, los grupos sociales agresivos son intensamente emocionales con la intención de perdurar en el tiempo y, como tales, precisan su materialización y supervivencia al apoyo emocional que les garantice estabilidad.6 A este respecto, lo que se busca con los “simpatizantes del Estado” es elevar los niveles de emocionalidad, por medio de un lenguaje que permitan su radicalización a la ideología del grupo de poder. Se trata, a fin de cuentas, conseguir la ansiada “lealtad”, al estilo de la llamada banalidad del mal por Hannah Arendt7 para nublar su juicio moral.

Ahora, también resulta evidente el uso de las instituciones del Estado para aplicar acciones legales que se pueden asociar al terrorismo. Existen innumerables situaciones. De todas ellas, vamos a considerar para este artículo especialmente las actuaciones de los últimos meses ejecutadas desde el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia).

Esta institución ha sido cómplice de actos legales a favor del grupo en el poder. Esto obedece a que una Sala del Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, tiene  facultades para la “interpretación” de la norma. En fechas recientes, sus decisiones judiciales se basan en la “interpretación” que más convenga al grupo en el poder. No estamos muy lejanos a una paralela Corte Suprema del Reich que, en su perversión de la justicia, “interpretaba” el presunto interés del Estado (o grupo en el poder), por encima del derecho, como resultado de un país enfermo en su moral, desfigurando la justicia y colocándola al servicio de intereses políticos particulares.8

Para tratar de buscar la relación entre la citada institución venezolana y algunas acciones que pueden estar asociadas al terrorismo, vamos a considerar la norma nacional vigente: Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y las dos sentencias más polémicas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, la 155 y 156, contra la Asamblea Nacional de Venezuela. Las sentencias deben ser entendidas como acciones legales que arremeten contra la institucionalidad de otro poder. Al ser sentencias inconstitucionales, deben ser percibidas como una acción de “intimidación” en contra del sistema, con la intensión de doblegar y amenazar la democracia.

Si se toma en consideración lo referido al terrorismo dentro de la mencionada Ley Orgánica “acto intencionado […] cometido con el fin […] (de) destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales […]” y que si bien, las acciones del Tribunal Supremo de Justifica no están tipificadas como delitos, es evidente que haciendo un uso de propia “interpretación” a la norma. Podemos así afirmar que  dichas acciones no son muy distantes a la concepción de terrorismo, ya que ambas sentencias 155 y 156, atentan contra la estabilidad de la nación y buscan destruir una estructura política fundamental como la Asamblea Nacional de Venezuela, y las funciones que por norma constitucional le corresponde exclusivamente.

En consecuencia, el grupo ideológico que actualmente domina a la mayoría de los poderes del Estado en Venezuela, está en la cometida de destruir el Poder Legislativo. Este grupo ha optado por usar estrategias paralelas, dada su ausencia del poder popular. Ya lo intentaron por las vías de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales fueron parcialmente modificadas, y ahora están en la búsqueda de una alternativa con el mismo fin: el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Donde el poder de “interpretación” de la norma no queda en este caso en manos del Poder Judicial sino ahora del Poder Electoral, al fin y al cabo, del mismo “grupo”. Por esta razón, Venezuela está a la intemperie del peor terrorismo que puede tener cualquier nación: el propio Estado.

Referencias

1. Pedro Rivas Nieto (2012). Terrorismo y Antiterrorismo en el mundo contemporáneo. Editorial Debate.

2. Zygmunt Bauman (2007). Miedo Líquido, la Sociedad Contemporánea y sus Temores. Paidós, Estado y Sociedad.

3. William Sheridan (2009). La Toma del Poder por los Nazis. S.A. Ediciones B.

4. Henry Torres (2010). El concepto de terrorismo de estado: una propuesta de Lege Ferenda. Revista Diálogos de Saberes, p. 129-147.

5. Montesquieu (1748). El Espíritu de las Leyes. Ediciones Brontes S.L., 2012.

6. Nussbaum Martha (2014). Emociones Políticas. Paidós, Estado y Sociedad.

7. Hannah Arendt (1963). Eichmann en Jerusalen: un Estudio sobre la Banalidad del Mal. Editorial Lumen.

8. Müller Ingo (1987). Los Juristas del Horror. Editorial ABC Ltda.