Crisis fiscal en la isla encantada

El gobierno del Estado Libre Asociado por legislación ha admitido lo que ya se conocía, el colapso fiscal y financiero de Puerto Rico. La isla del encanto está pagando las consecuencias del “me vale”, palabras hechas famosas por nuestro gobernador de turno, Alejandro García Padilla. Este no es un “me vale” reciente, sino uno de muchos durante los cuales los problemas fiscales, económicos y sociales que nos han llevado a la crisis que vivimos ahora fueron ignorados.

El “me vale” fiscal: definitivamente el gran causante de los problemas de Puerto Rico son las deterioradas finanzas públicas del país. Un déficit fiscal que asciende a un 3,2% del PIB y una proporción de deuda al PIB de un 70%, que si se añaden las obligaciones sin financiamiento sube a 150% del PIB. Estos preocupantes datos son causa de una política fiscal que ha sido errada, mediante la cual el gasto público ha incrementado en un 100% desde el 1980 hasta el 20131, superando considerablemente el crecimiento del sector productivo de la economía.

Esto en si viola la regla dorada de política fiscal promovida por Daniel J. Mitchell del Instituto Cato: “La buena política fiscal existe cuando el sector privado crece más rápido que el sector público, mientras que la ruina fiscal es inevitable si el gasto público crece más rápido que el sector público de la economía". El problema de Puerto Rico no es uno de recaudación, como el profesor Carlos Colon de Armas argumenta señalando, por ejemplo, que el servicio de la deuda constituye un 16,8% del presupuesto consolidado. Esta obesidad está representada por las 51 empresas estatales, un listado de activos que se pueden vender para poder pagar el servicio de la deuda y proveer un espacio para poder implementar las reformas necesarias.

El “me vale” económico: el problema fiscal del gobierno es acentuado por la recesión criolla desde 2007, con el PIB en disminución con la excepción del año fiscal 2012. La caída en el número de empleados es considerable y la participación laboral es de un 40%, comparada con la de EE.UU. que es de un 63%. Este decepcionante desempeño del mercado laboral se debe a que Puerto Rico tiene una economía que no es lo suficientemente competitiva para poder crear suficientes empleos. Por ejemplo, en el índice Haciendo Negocios del Banco Mundial se ubica en la posición No. 57, que no es mala pero en este mundo globalizado Puerto Rico debe aspirar a más. Sin embargo en vez de adoptar políticas de libre mercado que faciliten la creación de empleos, los legisladores han presentado proyectos que lo impiden. Además, los impuestos corporativos siguen siendo un impedimento para muchos empresarios, por su complejidad, y por la tasa alta de 39%. Si Puerto Rico quiere prosperar tenemos que impulsar un cambio de política pública y cultura en donde se valore la creación de riqueza y el papel que juega el empresario. Mientras que el gobierno les aumenta los gastos de hacer negocios con cosas como altos precios de energía y burocracia estatal, hay empresarios que mantienen sus empresas e invierten en la isla y deberíamos apoyarlos porque son parte de la solución.

El “me vale” social: se agrega a los problemas fiscales y económicos de la isla, la existencia de un problema social muy latente. La población ha caído  un 6,7%, y lo que más preocupa es que la gran mayoría de personas que se han ido se encuentran en edad productiva. La población de la isla se está envejeciendo, llegando los habitantes mayores de edad a constituir casi un 21% de la población total y una participación laboral de un 10%. Esto es insostenible. Un 45% de la población vive en la pobreza, cifra que asciende a 57% si solo consideramos la tasa de pobreza para niños y jóvenes.

Esto es un resumen de cómo esta mentalidad de “me vale” frente a las advertencias ha tenido un efecto perjudicial en la vida de los puertorriqueños. Es tiempo de implementar reformas de libre mercado para que el país pueda competir y salvar sus finanzas. Las reformas sugeridas son las siguientes:      

1. No recurrir al “Capítulo 9”. Esto es vital. El Capítulo 9 contemplado en la legislación estadounidense permite a entidades estatales adquirir protección frente a los tenedores de bonos, creando una reestructuración de deuda entre la entidad y los tenedores. Esta ruta aumentaría el tiempo que Puerto Rico esté fuera de los mercados y sería perjudicial a corto plazo para el crecimiento económico.
2. Implementar reglas que limiten el gasto, de tal forma el gasto público no suba más rápido que el promedio de los ingresos estatales por un periodo de varios años. El gasto público incrementaría en base a la tasa de inflación y crecimiento de la población.
3. Vender activos gubernamentales para el pagar la deuda. Por ejemplo, se podrían vender las propiedades que no utiliza Fomento Industrial, entidad estatal que buscar promocionar la inversión de capital privado en la isla en el sector manufacturero.
4. Recortar subsidios y gasto en burocracia.
5. Reformar las leyes laborales. Por ejemplo, sustituir el bono de navidad con uno de productividad y eximir del salario mínimo a toda persona menor de 25 años.
6. Conseguir una excepción para Puerto Rico de la Ley Marítima Jones, que requiere que todo producto que sea transportado entre puertos de EE.UU., sean transportados por barcos de EE.UU.
7. Reformar el sistema tributario para migrar de uno de contribuciones directas hacia uno de contribuciones indirectas. Por ejemplo, eliminar el impuesto sobre el ingreso y aumentar el impuesto sobre las ventas. De esta manera se mejoraría la administración tributaria.
8. Implementar un sistema que centralice las aplicaciones de permisos en una sola agencia. Por ejemplo, que una sola agencia se encargue de revisar los permisos ambientales.
9. Instalar un sistema nuevo de contabilidad y finanzas. Convendría centralizar las funciones del sistema financiero del estado, para que se tenga una mejor rendición de cuentas sobre la posición fiscal y financiera del país.
10. Crear una nueva oficina similar a la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU. (CBO, por sus siglas en inglés) o a la Oficina de Responsabilidad en el Presupuesto del Reino Unido. Esta oficina revisaría de manera independiente los presupuestos, cálculos financieros y políticas públicas por su impacto económico y fiscal.

Referencia:

1. Base de datos del Banco Mundial. Puerto Rico. Indicadores: General Government Final Consumption Expenditure (Constant 2005 US$), periodo de tiempo: 1980-2013.