No a la bancarrota de Puerto Rico

La deuda del gobierno y las agencias de Puerto Rico excede los US$70.000 millones y el gobierno de Barack Obama dice que el estado libre asociado necesita acogerse a las leyes de protección por bancarrota. A finales de la semana pasada, el comité de recursos naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. presentó las directrices de su propia solución. El grupo solicita una autoridad de supervisión financiera independiente y declaraciones financieras auditadas antes de una “reestructuración voluntaria de deuda”.

Ambas opciones hacen probable que los costos de endeudamiento de Puerto Rico aumenten, debido a que ambas introducen el espectro de una rebaja sin precedentes de al menos parte de la deuda. Sin embargo, el comité de la Cámara de Representantes parece más interesado en dejar a Puerto Rico con el poder para demostrar que es un deudor fiable. Los puertorriqueños merecen esa posibilidad, como mínimo.

Muchos en la isla creen que esta puede y debe pagar sus deudas. En una visita a las oficinas en Nueva York de The Wall Street Journal en enero, Ricardo Rosselló, quien participa en las primarias del Partido Nuevo Progresista para las elecciones a gobernador en noviembre, argumentó que Puerto Rico debe dejar en claro que cumplirá sus obligaciones para que pueda regresar a los mercados de capital. Luego debería hacer una dieta fiscal para promover un rápido crecimiento económico.

¿Puede Puerto Rico pagar sus deudas? La triste realidad es que pese al acalorado debate sobre una crisis de solvencia, nadie lo sabe a ciencia cierta debido a que no hay declaraciones financieras auditadas para los años fiscales 2014 y posteriores. En una carta del 1 de marzo a Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado, Rosselló, un demócrata, señaló que el estado libre asociado acumula un retraso de más de 300 días respecto de la fecha límite para presentar los documentos de 2014. “Y es precisamente en un momento de crisis que se necesita una mayor transparencia, disciplina y análisis independiente para diagnosticar apropiadamente los problemas y producir soluciones sostenibles”, escribió Rosselló.

La no presentación de estados financieros auditados demuestra mala fe y no es la primera vez.

En julio de 2014, el representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes, Pedro Pierluisi, presentó un proyecto de ley para darle a la isla acceso al capítulo 9 del código de quiebras de EE.UU. Pierluisi sostuvo que no había razón para excluir a las corporaciones públicas o municipalidades de la isla de las protecciones que disfrutan las mismas entidades en los 50 estados de la unión.

Eso puede ser cierto, pero darle acceso retroactivo al capítulo 9 cambiaría los contratos existentes, los cuales especifican que la sindicatura, y no la quiebra, es el camino a seguir en caso de insolvencia.

La insistencia de Pierluisi en que Puerto Rico necesita acogerse al capítulo 9 también es socavada por la reestructuración voluntaria que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, la empresa pública más grande de la isla, pactó con sus acreedores, a los cuales les debe cerca de US$8.000 millones. En febrero, la legislatura de Puerto Rico aprobó el acuerdo, en el que el valor nominal de la mayoría de bonos se recorta en 15% y los cupones en aproximadamente un punto porcentual a cambio de una línea de ingresos dedicada proveniente de los pagos de los usuarios para reducir la deuda.

Este arreglo muestra que la AEE no necesita declararse en quiebra. El gobierno de Obama desea una ley que se ha llamado “súper capítulo 9”, para permitir una amplia reestructuración de toda la deuda del estado libre asociado. Esta idea, recientemente rebautizada por el Departamento del Tesoro como “súper reestructuración de territorios”, es buena para la clase política, pero mala para casi todo el resto.

Los estados no tienen permitido declararse en bancarrota, como lo entienden perfectamente bien Nueva York, California e Illinois, que están en aprietos financieros. Si se le permite a Puerto Rico zafarse de su deuda territorial, algunos estados querrán el mismo privilegio.

Otros estados pagarán el precio como lo dijeron la semana pasada los gobernadores de Alabama, Arizona, Maine, Nebraska, Nuevo México y Dakota del Sur en un anuncio de página completa en la edición impresa de The Wall Street Journal, pagado por la “Main Street Bondholders Coalition”. Los gobernadores advirtieron que “conceder a Puerto Rico tal autoridad de quiebra sin precedentes” podría elevar sus costos de financiamiento, “erosionando la confianza de los inversionistas en la noción de fe entera y deuda de crédito”.

Puerto Rico también se vería afectado. Más de la mitad de su deuda en circulación está constitucionalmente protegida o respaldada por los impuestos a la venta o es de la AEE, que ya tiene un acuerdo con sus acreedores. Como indicó Rosselló en su carta, si Puerto Rico pretende “recuperar credibilidad con los inversionistas”, primero debe “cumplir con las obligaciones” de pagar su deuda principal.

Bajo la propuesta del comité de la Cámara de Representantes, Puerto Rico podría tratar de lograr que algunos de sus acreedores acepten una rebaja de la misma forma que lo han hecho los acreedores de la AEE. Sin embargo, algunos quizás no acepten “voluntariamente”. No se sabe por el momento si la Cámara de Representantes planea resolver el problema de los que no acepten el canje a través de, por ejemplo, cláusulas de demanda colectiva.

Pero lo que se necesita sin lugar a dudas es una autoridad de supervisión independiente, una auditoría y la oportunidad para que los tenedores de bonos negocien en lugar de verse obligados a aceptar lo que les embuta el Tesoro. Eso presionará a la clase política de la isla para que no gaste más de lo que recauda. Si a Washington le preocupa la gente de Puerto Rico, no se conformará con menos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 13 de marzo de 2016.