Montesquieu, Hayek y federalismo extremo

A esta altura resulta evidente que los ideales de la democracia en cuanto al respeto por los derechos de las minorías se han desvanecido. No porque esas metas no sean nobles sino porque los incentivos operan en otra dirección hasta convertir ese sistema de gobierno en pura cleptocracia.

Mientras continúa el fértil debate para dilucidar los entuertos propios del “síndrome de Hobbes” en relación a los bienes públicos, los free-riders, las externalidades, el dilema del prisionero, las confusiones en torno a la “tragedia de los anticomunes” y, en el contexto de la asimetría de la información, la selección adversa y el riesgo moral, mientras esto tiene lugar decimos, es menester buscar salidas al atolladero en el que estamos si no queremos correr el riesgo de que todo termine abruptamente en el Gulag.

No podemos vivir simplemente con recuerdos de pasados gloriosos sino que debemos agudizar el ingenio y proponer medidas concretas para abandonar la mediocridad. Giovanni Papini en su “Discurso de Florencia” decía que los florentinos vivían de los recuerdos de los Dante, Miguel Ángel, Leonardo, Giotto y Boticelli, que se habían convertido en “porteros de salas mortuorias” concentrados en “difuntos célebres”. Siempre es de interés recordar las instancias históricas de respeto recíproco y marcos institucionales civilizados, pero no basta con la contemplación de ese norte sino que se torna imperioso llegar a el con todas las contribuciones que desde entonces afloraron en los espíritus independientes.

Resulta tragicómico cuando, por una parte, las quejas son constantes por los sucesos del momento y, por otra, hay quienes se niegan a considerar ideas y propuestas que se salen de lo habitual, como si se pudiera revertir la situación con más de lo mismo. Si no hay voluntad de apartarse de las medidas que provocan el caos, no hay derecho a quejarse. Solo las mentes despejadas de telarañas y prejuicios están en condiciones de renunciar a la bruma del momento y abrir horizontes y correr fronteras en busca de soluciones refrescantes.

En esta línea de pensamiento, en primer término, resulta conveniente considerar la propuesta de Montesquieu que en capítulo segundo del libro segundo escribe que “El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia; el sufragio por elección es el de la aristocracia”. El sorteo de personas mayores de edad, que sepan leer y escribir y que estén dispuestas a ocupar cargos públicos es el sistema que debiera considerarse para la presidencia y vicepresidencia del ejecutivo. De este modo las discusiones dejarían de ocuparse de características personales de candidatos y anécdotas varias respecto de partidos políticos para, en cambio, centrar las atenciones en los límites al poder del gobernante puesto que cualquiera podría acceder a los cargos de referencia tal como ocurría para algunos puestos de relevancia política en las repúblicas de Florencia y Venecia en el Renacimiento.

En segundo lugar, habría que revisar aquél postulado lleno de buenas intenciones en cuanto a que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Esta noción deriva del supuesto peligro de los atropellos de las muchedumbres, sin percatarse de los atropellos y abusos de los supuestos representantes en verdad no representan sino a los intereses de los aparatos políticos y, entre elección y elección, con tono solemne, hacen prácticamente lo que les viene en gana y terminan defraudando a todos en medio de corruptelas de diverso calibre (poco falta para que volvamos a las andadas de Calígula que eligió a su caballo en el senado romano). Gallup Internacional acaba de realizar una encuesta en Europa sobre un universo de 50.000 personas en 60 países. El resultado fue que el 63% considera a sus representantes deshonestos, el 60% estima que se arrogan demasiado poder y el 52% que son incompetentes para las labores que se les encomendó (y esto nada dice de las opiniones en países latinoamericanos o africanos).

Sería de interés debatir la posibilidad de establecer un sistema de democracia directa tal como la proponen autores como Bruno Frey (más bien semi-directa ya que el ejecutivo, los parlamentos y el poder judicial continuarían con labores específicas) en el contexto de una Constitución que, al limitar el poder, apunta a la preservación de los derechos de todos y un riguroso federalismo que corre el eje de las discusiones estrictamente a los intereses de las personas que integran comunidades reducidas en tamaño.

Se ha dicho que este sistema era solo apropiado a lugares como la clásica Atenas con no más de 30.000 ciudadanos, pero hoy con los procedimientos electrónicos es posible la votación de modo expeditivo en la forma parecida a la que se estableció en los 26 cantones suizos, donde existe el referéndum para consultas específicas sobre legislación a aplicar (a diferencia del plebiscito que se refiere a la aprobación o rechazo de legislación ya sancionada) y las iniciativas ciudadanas con el uno por ciento de las firmas de votantes registrados. De 1990 a 2000 hubieron cuatrocientos referendos, la mitad en Europa, ochenta en EE.UU. y la diferencia en el resto del mundo.

Para asegurar la limitación del poder, este procedimiento debe ser acompañado no solo por los principios constitucionales mencionados sino por el federalismo en el sentido de que el fraccionamiento del poder se base en las votaciones de todas las legislaciones en sede municipal, tal como proponían los llamados “antifederalistas” en EE.UU. (como es sabido, más federalistas que los propios federalistas) y como actualmente lo sugiere y refuerza argumentalmente el periodista y abogado José Benegas. En este contexto, los municipios coparticiparían la recaudación fiscal a las provincias y estas a su vez al gobierno nacional. A su vez, la cámara de senadores en los tres niveles mencionados se despolitizaría en cuanto a que sus integrantes serían electos por una única vez por sus pares en edad sin posibilidad de reelección ni de postulación para ningún cargo político tal como lo propone Hayek (en el tercer tomo de su Derecho, legislación y libertad). Asimismo, los diputados y senadores ocuparán sus bancas ad honorem y sesionarán durante tres meses a última hora del día (en no pocos lugares de ello derivaba lo de “la Honorable Cámara” que muchos tomaron en el sentido de “honorabilidad” que, en la mayor parte de los casos, resultó en una chanza de mal gusto).

Sin duda que nada sirve como dique de contención si no se trabaja en el terreno educativo en dirección a apuntalar y difundir los principios de la sociedad abierta, pero las medidas señaladas se dirigen a fortalecer incentivos ya que en cada municipio sus integrantes estarán interesados en preservar sus propiedades, en atraer inversiones al efecto de valorizar sus inmuebles y aumentar ingresos de sus pobladores, al tiempo que los intendentes velarán para que la gente no se mude a otro municipio para lo cual es menester configurar un sistema fiscal razonable y, por ende, un nivel de gasto público cómodamente financiable.

Además de las especificaciones constitucionales, a diferencia de las mayorías compactas, las votaciones para resolver asuntos que directamente conciernen a los interesados hacen que éstos tiendan a autoimponerse límites, del mismo modo que en un consorcio se sobreentiende que los copropietarios se expedirán sobre asuntos comunes tales como el color de la alfombra del hall de entrada o las marcas de ascensores que se contratarán pero a nadie se le ocurriría proponer un voto para que la mayoría expropie a la minoría de sus viviendas y otras pertenencias (aunque en los estatutos no se consigne que está prohibido asaltar al vecino).

A lo dicho, como parte de la descentralización que impone el federalismo, debe adicionarse que en los arreglos contractuales las partes deben estipular quienes se desempeñarán como jueces en caso de disputa con todas las instancias que se estimen pertinentes y solamente se recurrirá a los jueces políticos allí donde hubiera conflicto sin que medie contrato previo. La condición para designar a un juez en las referidas relaciones contractuales serán exclusivamente la idoneidad que las partes consideren que la persona en cuestión acredita (no necesariamente tiene que ser abogado). De este modo la ley tenderá a ser lo que era en las primeras instancias del common law y durante la República Romana basada en fallos judiciales en competencia en un ámbito de descubrimiento del derecho y no de diseño o de ingeniería social en cuya situación el poder legislativo se limitaba al contralor de las finanzas públicas del rey o el emperador como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni.

Todas estas medidas precautorias son en la esperanza de mitigar abusos y arbitrariedades. Como he destacado en otras oportunidades, el referido F. A. Hayek, en las primeras doce líneas del tercer tomo de la edición original de su también citado Ley, legislación y libertad, mantiene que, hasta el momento, la democracia concebida para mantener en brete al poder ha constituido un fracaso estrepitoso, por lo que propone lo que bautiza como “demarquía” cuyo eje central estriba en lo que hemos aludido sumariamente en esta nota en cuanto a la composición de la cámara de senadores y su correspondiente despolitización.

Por supuesto que no es especialmente estimulante anoticiarse que, en plena democracia directa, Sócrates fue condenado a muerte por sus opiniones relativas a la justicia y la verdad, pero en el caso que nos ocupa estamos rodeando el sistema de una democracia semi-indirecta con preceptos constitucionales limitantes del poder, buena parte de los jueces despolitizados, una de las cámara legislativas también despolitizada y la elección de la fórmula presidencial por sorteo. Nada es perfecto que esté al alcance de los mortales, de lo que se trata es de minimizar riesgos.

Abrigo la ilusión que estas sugerencias se debatan porque como ha dicho Einstein “pretender la obtención de resultados distintos con las mismas causas es una muestra de insensatez”. El sistema no puede basarse en el simple deseo de que los que ocupen cargos políticos sean buenas personas, sino en incentivos fuertes y limitaciones claras para contar con gobernantes condicionados a no salirse de lo convenido en el contexto de una sociedad de hombres libres. Dados los acontecimientos que son del dominio público, se hace necesario desplegar la imaginación para ponerle coto al Leviatán, debe insistirse en el punto hasta dar en la tecla porque como ha escrito Miguel de Unamuno: “El modo de dar una vez en el calvo, es dar cien veces en la herradura”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de América (EE.UU.) el 6 de enero de 2010.